10 minutos de lectura'Habla con naturalidad. Cuenta que viene de una familia disfuncional, que es hija única de un matrimonio compuesto por un padre geólogo, ausente por trabajo la mayor parte de su infancia, y una madre alcohólica. Dice que se crio sola, que su casa era un tormento y que empezó a consumir en la calle, cuando tenía 14 años. Primero alcohol y después marihuana, hasta que a los 18 descubrió la cocaína, que además le permitía tomar más alcohol y “tolerarlo” por más tiempo sin descompensarse. Cuenta que tuvo tres intentos de suicidio, que se casó con un hombre que vendía drogas y con el que consumía cada vez más.
Nada de lo que cuenta le empaña la mirada a Sandra Álvarez (55) durante la videollamada con LA NACION, salvo cuando recuerda que Emiliano, el mayor de sus cuatro hijos, cayó de un octavo piso, en 2015. “Tenía 27 años y estaba totalmente drogado”, dice la fundadora, en 2012, de la ONG marplatense Vida Digna, un centro terapéutico donde se rehabilitan personas que sufren de adicción. Sandra es una de las referentes que encabeza la lucha contra la droga en Mar del Plata.
“Empecé a salir a la calle porque no quería estar con mi mamá alcoholizada, y me juntaba con otros chicos, todos con distintos problemas en sus casas”, explica Sandra, que creció en una familia de clase media económicamente acomodada y durante su infancia vivió en Europa por cuestiones laborales de su padre. Por eso, es categórica al afirmar que el consumo atraviesa por igual a las familias, sin importar su nivel socioeconómico: “La droga no es un problema exclusivo de las familias pobres, de los que no tienen educación o viven en contextos vulnerables. A mí nunca me faltó nada. Lo resalto porque es lo que mucha gente cree, y acá nosotros trabajamos con familias de barrios muy humildes y otras de alto poder adquisitivo”.
En esa línea, la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado 2022, difundida el mes pasado, da cuenta que el porcentaje de personas de entre 16 y 75 años que en el último mes consumieron alcohol, marihuana o cocaína es mayor entre las personas que viven en hogares con mejor clima educativo y social que en aquellas que viven en hogares con niveles de vida más vulnerables.
Cuando dice “acá”, Sandra se refiere al Castillo. Así se conoce al predio marplatense donde desde hace poco más de una década funciona la ONG Vida Digna, un centro de día e internación que tiene ocupación plena, donde hoy se recuperan 36 personas. Pero los primeros pasos del proyecto los dio algunos años antes, primero en el Batancito, el centro cerrado de Menores de Batán que está junto al complejo penitenciario, y después con los internos de la Unidad 15.
“Muchos amigos míos estaban en la cárcel, y varios de ellos murieron ahí adentro. El adicto es alguien que está enfermo, que vende droga y sale a robar para seguir consumiendo. Yo también lo hice -reconoce la mujer-. Incluso seguí vendiendo sustancias durante algún tiempo cuando ya había dejado de consumir, era algo que tenía que seguir haciendo para mantener a mis hijos. Me costó mucho insertarme porque no conseguía trabajo. Uno está mal, con miedos, paranoias, depresiones. No podés ni tomar un colectivo solo”.
Sandra sabe que el camino de la rehabilitación es difícil. Muy difícil. Ella misma tuvo recuperaciones intermitentes a lo largo del camino, altas y recaídas. “A los 32 años tuve mi primera recuperación que duró siete años, tenía tres hijos y un negocio que atendía. En 2001 perdí todo, me quedé con la casa hipotecada. Venía haciendo todo bien y volví a consumir como un sedativo. La recaída fue devastadora y aprendí a consumir pipa, cocinando la cocaína con bicarbonato. En ese ínterin quedé embarazada de Abril (su cuarta hija) y no me podía ni levantar de la cama para hacerle la mamadera a mi hija si antes no me fumaba un pipazo”, recuerda con crudeza.
Hoy, Sandra dice con orgullo que lleva 14 años “limpia”, y recuerda cuando los dueños del Castillo, Gustavo Estevez y Alicia Magariño, le cedieron la propiedad sin cobrarle alquiler por un año para que se hiciera cargo de la refacción y comenzara con el proyecto. Al principio, Sandra no se imaginaba la idea de tener un lugar de internación, porque la propuesta original era la de alternar el trabajo terapéutico con una serie de talleres. Vida Digna hoy está conformado por un equipo interdisciplinario y un staff de más de 20 profesionales, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, enfermeras y asesores legales.
Desde su creación, en Vida Digna se trabaja en coordinación con el programa Justicia Terapéutica, para el tratamiento integral de infractores de la ley penal con consumo problemático de sustancias psicoactivas, una iniciativa articulada por el Ministerio de Justicia que implementa, como lo hace Sandra en su organización no gubernamental, un tratamiento integral para reducir el consumo y lograr la rehabilitación, que sí es posible.
“Durante el arresto domiciliario que muchos tienen acá pueden estudiar, terminar la primaria o los estudios secundarios -apunta Sandra-. También los chicos pueden hacer otros cursos y talleres, como el de carpintería de aluminio que hoy coordina Germán Salas García y que tiene muy buena aceptación. Hace poco, además, terminamos de armar el gimnasio, un espacio para hacer actividad física que construimos gracias a las donaciones”, cuenta entusiasmada Sandra.
Además de estar a cargo de Vida Digna, Sandra estudia abogacía y milita en Madres Territoriales, una ONG que integran unas cien mujeres, buena parte de ellas en el gran Rosario y con referentes en cada una de las provincias. Se llaman así, dicen, porque no están detrás de un escritorio, y salen al campo para batallar contra todo lo que el Estado, aseguran, aún no brinda.
“Conocí a Norma Galeano, que es una de las madres fundadoras, y me di cuenta de que trabajábamos y luchábamos por las mismas cosas. Muchas personas que ocupan puestos en distintos lugares de poder no saben cómo actuar, no entienden de articulación ni de diagnósticos. La drogadicción es una enfermedad que desintegra a las familias, que hace que los padres se queden sin trabajo, que se sientan humillados, que se avergüencen de lo que les sucede, que les quiebra la vida también a los hermanos de ese adicto. Por eso pedimos que haya una ley específica de adicciones, porque la actual ley de Salud Mental no es suficiente -explica Sandra-. La ley dice, por ejemplo, que un adicto solo puede internarse en un centro de recuperación para hacer un tratamiento por voluntad propia. Y nosotras sabemos muy bien que lo primero que te quita la droga es la voluntad”.
El próximo 7 de octubre, cuenta Sandra, se realizará un nuevo congreso de Madres Territoriales, que tendrá como sede al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (Smata) en Independencia 1642, esta vez bajo el lema Drogas: familias al borde del abismo.
“Hace poco llegó un chico que hasta se había robado las ventanas y los marcos de la casa que alquilaba, ya no sabía más que sacar para vender y tener plata para comprar droga. Llegan a un estado, como vulgarmente se dice, donde están quemados. Son como zombies. Las familias no encuentran respuesta en el Estado, y necesitan ayuda”, exige Sandra
Como ejemplo, expone una vivencia personal: “Mi hijo, el que ahora tiene 31 años, también tiene graves problemas de adicciones. Estuvo tomando alcohol en gel con naranja. Estuvo detenido por haber robado una garrafa, algo común que muchos adictos hacen solo para conseguir plata, pero luego el fiscal lo dejó libre. Su defensora me dijo que si el psiquiatra le daba una orden de internación, en la Sedronar me iban a dar un cupo para un tratamiento. Tuve que realizar trámites, enviar documentación y encargarme de hacer yo misma la articulación entre distintos sectores del Estado para conseguir la orden de internación. Y lo pude hacer porque trabajo en esto y conozco en profundidad el tema. Cosa que para la mayoría de las familias es casi imposible -resume Sandra-. Mi hijo está en tratamiento en una comunidad terapéutica. Pero hay miles de familias que no llegan a esa instancia. Por eso, las madres territoriales reclamamos justicia social y una ley específica de adicciones”.
Jorge Rubén Álvarez fue un padre ausente durante muchos años. No supo, no pudo, dice su hija, lidiar con el alcoholismo de su mamá, primero, y su adicción después. Pero estuvo a su lado en cada intento de suicidio, y no renunció nunca a la posibilidad de que su hija se recuperara. Con 83 años y su título de geólogo bajo el brazo, el padre de Sandra se unió al reclamo, milita junto con su hija y exige por una nueva ley.
“Contratamos una combi para participar del congreso y él viene con nosotras. Está feliz de haber recuperado a su hija, siente orgullo de ser parte del proyecto Vida Digna. Ojalá pueda recibirme de abogada y compartir el título con él. Mi viejo se bancó mi adicción, el alcoholismo de mi mamá, que hace 35 años está en recuperación. Me rescató en cada uno de mis intentos de suicidio y estuvo ahí cuando falleció Emiliano. Para él también fue todo muy difícil y en ese momento no supo cómo pedir ayuda”, asegura.
La ONG Vida Digna no recibe ningún tipo de sustento ni colaboración por parte del Estado. Por eso, dice Sandra, cualquier donación es bienvenida. “Todo, desde ropa, muebles, útiles o dinero. Hay chicos que llegan con lo puesto, en ojotas y musculosa y en pleno invierno. Con las donaciones de la gente logramos equipar el gimnasio, y con el último aporte de dinero pintamos varios de los espacios. Aunque la gente no lo pida, mandamos los recibos de todo lo que compramos y las fotos de cómo quedaron terminadas las obras. Es una muestra de agradecimiento y una forma de compartir el esfuerzo y el trabajo que hacemos día a día”, concluye Sandra.
