Advierten por el uso de “deepfakes” en las campañas electorales: “El autoritarismo no llega con tanques, amenaza con desinformación y desprestigio al oponente”
Un panel de expertos convocados por ADEPA debatió el problema que existe para definir qué es la información falsa; el riesgo para la democracia y la libertad de expresión
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LA NACIONJesús Allende
Hace un mes, un falso Mauricio Macri anunciaba en las redes sociales que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato, su alfil que encabezaba la lista del Pro en las elecciones porteñas. El video replicaba con extraordinaria similitud la imagen y voz del expresidente en un contexto en el que faltaban unas horas para que el electorado de la Ciudad de Buenos Aires votase a los candidatos a legislador. El Macri fabricado con inteligencia artificial circuló a través de cuentas asociadas al oficialismo nacional, se viralizó y más tarde fue reivindicado por el propio presidente Javier Milei “como un acto de libertad de expresión”. Para muchos el contenido en las redes sociales -que proponía apoyar a Manuel Adorni, el candidato libertario- era absurdamente falso, para otros dudoso y otros lo creyeron con naturalidad. Entonces, con efectos tan disímiles en la audiencia ¿cuál fue el objetivo? Confundir al electorado.
El video falso generó cuestionamientos sobre el impacto que tiene la desinformación, las fakenews y los deepfake en la democracia y la libertad de expresión. Hoy, un panel de expertos convocados por ADEPA debatió el problema que existe para definir qué es la información falsa. Al escenario desafiante se suma la falta de datos duros en cuanto al daño que estas campañas tienen en la sociedad. El caso resultó un globo de ensayo de la política para medir: efectos y consecuencias de introducir lo falso en la discusión pública, así como la velocidad de respuesta de la justicia y de los adversarios electorales. Para los especialistas la potencialidad de la inteligencia artificial hará que sean cada vez más recurrentes estas maniobras.
“Fakenews es un término reciente, pero no hay mucho acuerdo sobre su significado. Sirve tanto para referirse a contenido falso como también a la información verídica presentada de forma engañosa, o verdadera pero impertinente en el contexto en que aparece. También se usa para referirse al negacionismo, al problema de las narrativas y la introducción de sesgos y su incidencia en el debate público”, expuso primero Carlos Laplacette, asesor legal de Adepa.
Para el abogado, al momento de definir políticas públicas en relación al problema, utilizar de manera genérica términos tan disímiles es muy peligroso. Una mentira no es lo mismo que un sesgo y existe una tendencia, que considera equivocada, de creer que la mentira y la desinformación son algo nuevo en la sociedad. “Lo novedoso es la velocidad en la que se propagan por la tecnología. Sucedió en el pasado con la aparición de la imprenta. Nos acostumbramos a que los libros o fotografías pueden contener mentiras. Ahora se suman los audios y videos como posibles falsedades. Cualquiera lo puede generar y transmitir. Muchos encienden la alarma por la nueva variante de las deepfake basados en inteligencia artificial y deeplearning donde se hace decir a personas cosas que nunca dijeron o hicieron, pero lo único nuevo es la sofisticación de la herramienta. Es una novedad técnica que en esencia no es distinta a una mentira tradicional”, dijo Laplacette.
El especialista señaló que el video falso de Macri catapultó en el público la discusión sobre el uso de este contenido y generó un gran debate en cuanto a la respuesta que debe dar el derecho argentino, donde no se sanciona la mentira de por sí, a menos que afecte bienes jurídicos específicos y se compruebe que hubo un daño concreto. “El Tribunal Electoral de la Ciudad entendió que la convivencia democrática y la pureza de las elecciones estaba en juego y ordenó su retiro y la eliminación en las redes sociales y mandó a investigar el caso por la posible comisión de un delito del Código Electoral que sanciona a quien induce a otra persona a votar en base a un engaño”, sostuvo. Laplacette consideró que esta postura aplica una figura penal peligrosa, porque podría extenderse a las actitudes y maniobras en campaña de prácticamente todos los candidatos en cada elección. A la vez sostuvo que hoy la ciudadanía cuenta con innumerables herramientas tecnológicas para verificar si algo es verdadero o no.
“A partir de la respuesta del Tribunal aparecieron proyectos de ley para sancionar estas conductas y darle mayor poder a las autoridades estatales para definir qué se puede decir o hacer en las elecciones. Es un caballo de troya a la libertad de expresión. No hay peor remedio que permitir a las autoridades estatales definir qué información es verdadera o falsa, o que se puede decir o no y en qué momento. Es ingenuo creer que van a actuar de forma ecuánime con aquél poder y autoridad. No digo que el Estado no tiene que hacer nada con la desinformación sino que los proyectos de ley que hay por ahora son en el único sentido de darle más poder para decidir qué es la verdad”, agregó.
Distinta fue la posición de Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, quien consideró que el contenido del video no fue ni una broma ni evidente que fuera falso. Sostuvo que significó un grave peligro para la democracia y la libertad de expresión.
“Aun los que estamos acostumbrados a interactuar en las redes sociales empezamos a caer en contenidos falsos muy bien hechos. El video se difundió de cuentas vinculadas al oficialismo nacional para confundir al electorado y direccionar votos a la Libertad Avanza. Se eligió un momento específico donde desmentirlo era imposible, faltaban horas para la elección. La justicia no tenía margen de maniobra para que se baje el video y el partido político perjudicado tuvo poco tiempo para reaccionar. Fue un engaño. Si logró su objetivo es difícil de saber, pero quien lo diseñó sabía que no iba a ser sancionado”, dijo Secchi.
Según el especialista, la maniobra no buscó convencer al votante sino confundirlo. Es una estrategia, advirtió, que sucede en la Argentina, Estados Unidos, Brasil, Hungría, y países gobernados por populismos de derecha y de izquierda que trabajan con campañas de desinformación.
“No son políticos tradicionales sino operadores que buscan que no exista el debate. El video de Macri no fue un caso aislado, fue un laboratorio para medir los efectos y ver si había sanciones. La próxima vez va a salir mejor para los operadores. No solo para obtener ventajas electorales sino para sembrar la duda permanente en la información, que no sepamos que es cierto. Esto erosiona el pilar de la democracia que es el disenso, el poder discutir sobre una base de condiciones establecidas en las que estamos todos de acuerdo. La amenaza autoritaria no viene con tanques, viene con ruido de desinformación y desprestigio del oponente”, aseguró.
Después agregó: “Con la excusa de que la información se democratizó, se busca reemplazar a los periodistas por trolls, o acosadores. Cualquiera puede opinar, pero eso no los convierte en periodistas. El periodismo tiene métodos, reglas y responsabilidades. Está bien que existan críticas al periodismo, pero si nadie le cree a la prensa no se distingue a la verdad de la mentira y la democracia queda indefensa. Lo impactante es que naturalicemos la mentira como parte del juego democrático”.
Según Secchi, hay un camino a largo plazo en el cual invertir para se avance en la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la ciudadanía activa. También señaló que la democracia debe imponer límites al uso electoral de las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial. “Nada puede servir de excusa para que los que nos gobiernan no respeten las reglas del juego. Si la mentira se vuelve una estructura del poder no es fakenews sino una práctica que pone en juego a la democracia”, cerró su exposición.
El final del debate estuvo a cargo de Catalina Botero, abogada especializada en libertad de expresión. Basó su postura en el peligro de la desinformación a escala y cómo el uso de las plataformas digitales afecta a la democracia.
“Hoy no es fácil identificar el contenido producido por IA del que está hecho por personas. No hay datos duros sobre los efectos de la desinformación, aunque si sabemos que lo tienen, sino las empresas no invertirán millones en la publicidad. El efecto es lograr que la gente actúe en contra de su propio interés y minar la confianza pública en las instituciones, academias y fuentes tradicionales de información como el periodismo”, remarcó.
Para la abogada, que se desempeñó como relatora de libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está demostrado que las campañas de desinformación dañan los procesos electorales al fomentar la polarización, fragmentar a la sociedad y bloquear el debate. Lo define como un fenómeno a escala cuando la desinformación tiene la intención de engañar a las personas en contenidos de discusión pública, como las elecciones o salud publica por ejemplo, utilizando una maquinaria que distribuye contenido a través de trolls, acosadores o bots que nutren a los algoritmos de los usuarios y fomentan sus sesgos de confirmación.
“No estoy de acuerdo con Milei, que amplificó el deepfake, de que se trató de un caso de libre expresión. Estos actores políticos solo dicen que es libertad cuando se ven beneficiados por ella. La afectación a la democracia es grave. Lo que hay que discutir entonces es la transparencia. La gente tiene derecho a saber qué está hecho con IA”, dijo.
A modo de solución sostuvo que las plataformas digitales tienen que verificar permanentemente que cuentas son de humanos y cuáles de bots, tener sistemas confiables de chequeo de datos e informar cómo funcionan. A su vez, que se regule la publicidad oficial y política y la venta de datos personales por parte de las empresas. “Los Estados tienen que mejorar la estructura digital y fortalecer a los medios de información porque hacer buen periodismo cuesta caro y no actualmente no se está apostando a invertir en el buen periodismo”, concluyó Botero.
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