Aprobaron el secundario obligatorio

La Cámara de Diputados votó el proyecto del Gobierno, que empezará a regir en marzo; la oposición se pronunció en contra
Laura Serra
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15 de diciembre de 2006  

Una nueva etapa comienza en la educación argentina: la Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva ley nacional de educación, que sepultará la ley federal, polémica norma que se sancionó en los albores del gobierno menemista. Un estentóreo aplauso coronó una sesión tan larga como intensa y, si bien el oficialismo logró una mayoría holgada, no pudo acallar las críticas de un sector importante de la oposición.

La votación final, tras casi once horas de discusión en el recinto, fue contundente: 133 en favor y 34 en contra. El ministro de Educación, Daniel Filmus, presente en toda la sesión, festejó con aplausos, pero no podrá exhibir el anhelado consenso con el que pretendía coronar la sanción de la ley: a diferencia de lo que sucedió en el Senado la semana pasada, las principales bancadas de la oposición -la UCR, ARI y Pro, entre otros- votaron en contra, con la convicción que la nueva norma es sólo un decálogo de "buenas intenciones".

En cambio, junto al kirchnerismo votaron en favor el Peronismo Federal, Concertación Entrerriana, el Partido Nuevo -del cordobés Luis Juez-, la CTA (encarnada en el diputado Claudio Lozano) y el Justicialismo Nacional, que, no obstante, planteó objeciones en varios artículos.

La flamante ley pretende unificar el sistema educativo en todo el país, al tiempo que busca garantizar el derecho personal y esencial a recibir 13 años de instrucción obligatoria, desde la sala de 5 años hasta el secundario. Además, restablece la tradicional división entre escuela primaria y secundaria, que había sido alterada con la ley federal de educación (de lo que se informa por separado).

Como un rayo

La norma se concibió después de seis meses de discusión de propuestas en todo el país, en los que participaron miles de docentes, padres, organismos de la sociedad civil, académicos y sindicatos de docentes y no docentes. Sin embargo, en el Congreso -ámbito de debate político por excelencia- la ley pasó casi como un rayo: el oficialismo, apurado por aprobarla antes de fin de año, limitó al mínimo la discusión del proyecto en comisión y en tan sólo una semana lo sancionó en ambas cámaras.

La diputada Blanca Osuna (FV-Entre Ríos), titular de la Comisión de Educación, inició al filo del mediodía la catarata de discursos. La legisladora aseguró que con esta nueva norma "el Gobierno reasume funciones y responsabilidades que había resignado, ya que nunca antes en la Argentina el Estado se comprometió como ahora con los resultados del aprendizaje y la retención de los chicos en el sistema educativo".

La acompañaron Oscar Di Landro, del Peronismo Federal ("estamos ante un día histórico", festejó) y Claudio Lozano (CTA), que destacó "el hecho histórico de sepultar la ley federal de educación".

Todos estos argumentos no convencieron a la oposición. La radical Olinda Montenegro (Chaco) arrancó con duras críticas a la actitud oficialista de eludir el debate parlamentario, al tiempo que advirtió que la nueva ley "es confusa, no tiene en cuenta la autonomía de las provincias y tampoco deja clara la duración de las escuelas primaria y secundaria".

Desde ARI, la ex titular de Ctera y diputada Marta Maffei (Buenos Aires) apuntó al financiamiento de la ley. "En un contexto de abundancia, la Nación aporta sólo el 11 por ciento a la educación básica, mientras que las provincias el 89 por ciento. Por eso seguimos teniendo paros y pérdidas de días de clases", fustigó, mientras su compañera Elisa Carrió (Capital) advertía que esta nueva ley marca "un proceso idéntico al que se gestó en 1992, con la ley federal".

Desde la centroderecha, la diputada Eusebia Jerez (Fuerza Republicana-Tucumán) cuestionó la falta de una "perspectiva religiosa" en la nueva ley de educación, en tanto su par Jorge Vanossi (Pro-Capital), al igual que varios legisladores, insistió en que esta norma "reproduce los defectos" de la ley federal. "Es extremadamente reglamentarista y no contiene un régimen sancionatorio para casos de incumplimiento", dijo.

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