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Insisten en que se dicte religión en las aulas
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- En un clima en el que aún prevalecen la tensión y las críticas cruzadas, la iglesia de Catamarca dejó ayer en claro que no piensa ceder en su reclamo para que la enseñanza de la religión vuelva a ser-como sucedía hasta abril- una materia obligatoria en las escuelas públicas.
En una señal de queja, el obispo Elmer Osmar Miani no asistió ayer al Tedéum de la mañana en la catedral. "No tiene sentido que yo esté celebrando un Tedéum donde se le da las gracias a Dios, si se lo está echando de las escuelas", afirmó.
En cambio, decidió oficiar una misa, a las 20, para "pedir por la Patria". Durante la homilía, que dedicó íntegramente a hablar del "conflicto" y de la "dificultad" que vive esta provincia, advirtió en tono enérgico: "Se exige a un chico que sepa cuánto es dos más dos, pero no que sepa que hay un Dios". Y criticó: "Estamos viviendo en el ateísmo práctico y concreto".
La presión de la diócesis local, que quiere volver a impartir catequesis en las aulas de los colegios estatales, generó en los últimos días una fuerte controversia con la comunidad judía -tanto en esta provincia como en el nivel nacional-, que exige la enseñanza libre y laica. Se trata de una polémica que ayer bajó algunos decibeles, pero que amenaza con continuar no sólo en los púlpitos, las escuelas y los despachos gubernamentales, sino también en la Justicia. Un tema que prendió fuerte en una sociedad como la catamarqueña, donde la religiosidad está tan afianzada como la tranquilidad de las siestas.
Se produjo, en las últimas horas, una situación delicada: la Asociación Israelita de Catamarca pidió al gobierno protección y vigilancia policial para toda la comunidad judía tras haber recibido "llamadas telefónicas intimidatorias".
Ayer, a la salida del Tedéum, el gobernador Oscar Aníbal Castillo se comprometió a brindar todo lo que la comunidad judía le solicite. También hizo un intento por reducir el nivel de la discusión: "No creo que haya un conflicto", dijo. Y explicó que su gobierno pidió a los distintos cultos que analicen la situación y eleven una propuesta.
En la Argentina, según informó el Ministerio de Educación de la Nación, sólo Catamarca, Tucumán, Salta y Santiago del Estero contemplan en sus constituciones la enseñanza religiosa. A eso se suma que aquí una resolución ministerial de diciembre de 1999 la convirtió en materia obligatoria a partir del ciclo lectivo del año último.
Justamente, esa resolución fue la que alertó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que denunció en abril último al gobierno de Castillo de discriminación por dictar religión en las escuelas públicas.
Cuando la crítica cruzó los bordes provinciales, el Ministerio de Educación revocó la controvertida resolución que incluía en la Educación General Básica (EGB) las materias "religión y educación religiosa" en los colegios estatales y privados, y que había sido emitida en los últimos días de la gestión de Arnoldo Castillo, padre del actual gobernador.
"Apoyamos fervientemente la escuela confesional, pero la escuela pública tiene que ser, por lógica, por ley, y por principios elementales gratuita, libre y laica -expresó a La Nación el titular de la delegación local de la DAIA, Rubén Lejtman-. La religión tiene que estar fuera de la escuela pública", agregó.
En los últimos días, la diócesis local repartió unos 10.000 folletos en los que hace un llamado a la feligresía a que "actúe responsablemente", en defensa de "los derechos de todos los catamarqueños, sea cual fuere su religión". Con frases como "Hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres" o "Se quiere expulsar a Dios de las escuelas", preguntó: "¿No habrá detrás de este falso planteamiento religioso otros intereses que ponen en riesgo la dignidad y la vida de los hombres?"
El documento hace más preguntas: "¿Cuáles son los peligros para todos los creyentes si no tomamos parte en esto?"; o "¿Quiénes quieren presionar a nuestra provincia?". También afirma: "Rogamos clarificar esto a la comunidad, con mucha prudencia, porque no faltan ciudadanos que tienen la tentación de ser fundamentalistas en temas como éste, algunos que son abiertamente antisemitas".
En particular, la distribución de este folleto fue uno de los motivos principales que impulsó a la comunidad judía a pedir protección policial. "Nos parece terrible arengar a la sociedad para crear separaciones -opinó Lejtman-. Nos dan miedo las frases que, dichas desde una posición categórica, nos pone en el papel de los enemigos. Estamos en contra de que se cree un enfrentamiento religioso", insistió.
El malestar
Las discusiones llevan ya varias semanas. Según los testimonios recogidos, varios sacerdotes hicieron desde el púlpito declaraciones que en miembros de la comunidad judía cayeron como "palabras dogmáticas", propias de "hace varias décadas".
"Se obedece a Dios o se está fuera de Dios. Entonces, si se obedece a Dios no se puede decir que en la provincia de Catamarca no habrá más enseñanza religiosa", dijo el obispo Miani, en una misa, hace un mes.
"En otras provincias, los israelitas tienen escuelas y en esas escuelas ellos no dejan entrar a nadie que no sea judío; también tienen cementerios e iglesias propias en donde no entra nadie que no sea judío", afirmó esta semana el guardián de la Orden Franciscana provincial, Juan Carlos Larcher.
Sus comentarios encendieron los ánimos de tal manera que -desde Buenos Aires- los rabinos Daniel Goldman y Abraham Skorka, de la comunidad Bet El, enviaron una carta al presidente del Episcopado, Estanislao Karlic, para solicitarle su intercesión frente a lo que consideraron declaraciones "preocupantes".
Ayer, las expresiones de los representantes de la Iglesia local intentaron bajar el tono. Durante el Tedéum, el vicario Salvador Armengol Acevedo -que reemplazó al obispo Miani y fue uno de los impulsores del polémico folleto- hizo un llamado a la unidad. "Sin cultura en común y unidad no hay patria", dijo.
Pero aclaró que también hay que "decirle sí a la ley". Así, hizo alusión al artículo 270 de la Constitución provincial -modificada en 1988, durante el gobierno de Ramón Saadi-, que garantiza "la enseñanza religiosa en sus centros educativos de todos los niveles según el culto de los educandos".
Para Lejtman, en su momento, este artículo fue parte de una "negociación política" con la Iglesia que se contrapone con las normas nacionales y el derecho de la privacidad de la fe. Para Armengol Acevedo, se trata de una ley que no se cumple.
