La libertad de expresión, en juego

Internet es la estructura más compleja jamás creada por la civilización. Dentro de esta estructura, la Web es el servicio más conspicuo; sus páginas se cuentan por decenas de billones. Es decir, números de doce ceros. No caben en la mente. La cantidad de años que pasaron desde que el Big Bang dio origen al universo es un número mucho menor que el de las páginas web.

En ese contexto, los buscadores (Google, Bing, Duck Duck Go) no son un lujo. Son indispensables. De otro modo, la Web se vuelve inviable. Sus resultados no siempre nos van a gustar. En muchos casos, afectarán intereses sectoriales e individuales. Pero si cada individuo y cada sector pudiera ordenar -sin la intervención de un juez- la eliminación de un resultado de búsqueda, equivaldría a condenar al mensajero. La idea es también lesiva para el concepto, aceptado hace rato en las democracias occidentales, de una Internet sin censura previa.

De hecho, eliminar un resultado de la búsqueda no equivale a eliminar el sitio al que apunta. El sitio seguirá ahí, posiblemente en una jurisdicción inalcanzable para el demandante. Y queda todavía la Web profunda, aquella a la que los buscadores convencionales no son capaces de acceder.

Estos conceptos extraños de sistemas autónomos y una escala nunca antes vista en la historia, donde los buscadores operan como bibliotecarios y la conexión puede costar tan poco como un café, es lo que comprendió la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2014, al fallar que los intermediarios no tienen responsabilidad objetiva sobre lo que encuentran y conectan y que sólo en el caso de ciertos delitos muy graves puede intervenirse sin la participación de un juez.

La así llamada ley Pinedo busca legislar precisamente esto, y el revuelo es comprensible: afecta muchos intereses. Pero está en línea con los Principios de Manila sobre la responsabilidad de los intermediarios y, por otro lado, alcanza con imaginar cómo podría explotar un gobierno autoritario una ley que estableciera exactamente lo contrario; esto ya ocurre en varias naciones. Más aún, aunque todavía no sea claro, una Internet neutral y sin censura previa es, a largo plazo, una garantía para todos. Incluso para quienes se sienten alarmados por este proyecto de ley.