La RAE rechaza el lenguaje inclusivo en la Constitución
MADRID.– Casi de modo unánime los miembros de la Real Academia Española (RAE) consideraron en la sesión de ayer que la Constitución, aprobada por las Cortes y mediante un referéndum el 6 de diciembre de 1978, se encuentra escrita de modo correcto, por lo tanto, no se modificará para adaptarla a un lenguaje inclusivo.
El pleno de la RAE aprobó ayer el denominado "Informe sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra carta magna" y convocó a una reunión de prensa para el próximo lunes donde se explayará en esta cuestión.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a través de un pedido realizado en el Congreso de Diputados, había solicitado en 2018 a la RAE un informe sobre la materia. Con este fin, la centenaria institución convocó a destacados académicos para realizar un estudio.
Dos mujeres y dos hombres, los prestigiosos Paz Battaner, Inés Fernández Ordóñez, Ignacio Bosque y Pedro Álvarez de Miranda, efectuaron un estudio minucioso. En marzo pasado, Álvarez de Miranda opinaba en LA NACION, luego de confirmar que el informe de 25 páginas ya había sido concluido y entregado a Calvo: "Cuando dice [la Constitución]: ‘Los españoles tienen derecho...’, todo el mundo entiende que se refiere a los españoles y a las españolas. Sería una pesadez tener que desdoblar todos los géneros". Es decir, el argumento se basa en que el masculino contiene tanto a los sustantivos y adjetivos femeninos como masculinos y responde más a una economía verbal que a una cuestión ideológica.
No existe sorpresa en la decisión de los académicos, quienes han sido siempre claros con respecto a su postura que adopten en la materia. La noticia tras la sesión ocurre en el marco de una filtración de algunos puntos del informe, supuestamente confidencial entre el gobierno y la RAE, hasta que el primero, a cargo del Partido Socialista, procediese a su comunicación a la sociedad.
El criterio que los académicos han destacado en el informe que aún no es público (y sobre el que se tendrán más detalles el lunes) es la claridad indispensable que debe poseer la ley para evitar ambigüedades a la hora de la interpretación del texto de la Carta Magna.
Los juristas también repudiaron de inmediato esta posibilidad cuando la posibilidad de adaptar la Constitución al lenguaje inclusivo emergía en la opinión pública.
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