Nuevas reglas para la radio y la TV

A nueve meses de la asunción, el Gobierno concluyó la redacción de un proyecto de ley de radiodifusión que procura fijar nuevas reglas en el mapa de la radio y la TV.

La iniciativa -con la que se procura reemplazar la ley 22.282, promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante el gobierno militar- introduce un nuevo régimen de competencia para los propietarios de los medios de comunicación y fija límites para la adjudicación de licencias.

"Esto es un borrador. Un borrador de anteproyecto", aclaró ayer a La Nación el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gustavo López, al explicar que el texto fue remitido a distintas instituciones para recoger opiniones.

"Nuestra idea es revisar el documento, discutirlo y dar tiempo a todas las entidades para que hagan observaciones. Pensamos presentar el proyecto de ley formalmente a mediados de octubre, para que sea debatido en el Congreso", agregó.

La discusión promete generar un alto voltaje. Es que, en la Argentina, la radiodifusión mueve -sólo en publicidad- cerca de $ 1700 millones al año, según estimaciones del sector. De esa suma, el Comfer recauda un promedio de $ 125 millones anuales. Al negocio del sector se suma el abono que cobran las empresas de cable -con unos 5,5 millones de abonados en todo el país- que, de acuerdo con fuentes consultadas, facturan otros 1600 millones de pesos al año.

Tal como lo adelantó La Nación en agosto último, el Gobierno impulsa la licitación de servicios básicos de radiodifusión y, así, abrir el mercado de la televisión abierta. El objetivo es mejorar la oferta, sobre todo en el interior. Ahora, esta ley servirá de marco regulatorio.

Las propuestas

Pero, ¿qué implicaría para el televidente o los oyentes la nueva norma? Los principales cambios apuntan a considerar la comunicación como un bien social, un derecho humano básico que el Estado debe garantizar (hoy, desde el punto de vista del derecho de la información, está más relacionada con la seguridad nacional).

Además, se procura aumentar la producción de contenido local, como una forma de poner freno a los enlatados que provienen del exterior.

Se establecen nuevas franjas horarias de protección al menor -de hasta 13, 16 y 18 años- que comienzan a las 21, en lugar de las 22, como sucede hoy.

Así, los contenidos deberán ser aptos para todo público entre las 6 y las 21 (para que "exista un horario limpio para todo el mundo", según López); entre las 21 y las 23, la programación deberá ser apta para menores de 13 años. Entre las 23 y la 1 del día siguiente se podrán emitir contenidos considerados prohibidos para menores de 16 años y, entre la 1 y las 6, se podrán emitir programas prohibidos para menores de 18 años.

Y una novedad: se incorpora la figura del defensor del usuario de radio y televisión -según el anteproyecto- a cargo de una "persona de trayectoria en el plano cultural, social y académico" que "canalizará las inquietudes del público".

Para las empresas, el proyecto -al que tuvo acceso La Nación - trae modificaciones importantes. Por ejemplo, las sociedades comerciales dueñas de medios deberán estar integradas por capital nacional en un 60 por ciento. Se intenta evitar, así, que las empresas extranjeras accedan al control de las entidades que conducen los medios.

Introduce una posibilidad, ahora inexistente: las compañías podrán cotizar en Bolsa hasta el 15% de sus acciones.

En cuanto a las cláusulas de competencia, establece que, en una misma área, un licenciatario podrá:

• Ser titular de no más de un servicio de televisión abierta.
• Tener hasta tres licencias de radiodifusión sonora, "siempre que la suma de éstas no sobrepase el 25% de las frecuencias adjudicadas en el área".

En el nivel nacional, un mismo licenciatario podrá:

• Ser titular de hasta 12 licencias de televisión abierta (ahora la ley permite 24).
• Poseer hasta 24 licencias de radiodifusión en total.

Por otro lado, no podrán ser titulares de licencias quienes "exploten otros servicios públicos y ejerzan, de hecho o de derecho, una posición monopólica o dominante en el mercado", según el proyecto.

También cambiarán las exigencias para la producción nacional y propia de las empresas, con porcentajes estipulados para cada tipo de medio.

• La TV abierta deberá brindar un 51% de su programación con producción nacional y un 18% de producción propia (que asciende a 25% a los cuatro años de aprobada la ley).
• La TV por cable o satelital deberá emitir un 35% de las señales de origen nacional y tendrá la obligación de distribuir los servicios abiertos regionales.
• En tanto, la radiodifusión deberá tener un 70% de producción nacional y un 25% de las "obras compuestas, ejecutadas o interpretadas por músicos argentinos". Por último, en todos los casos, el 10% de la programación deberá reservarse para producciones independientes.

Evitar las estafas

"Queremos tener una ley con parámetros que se cumplan -explicó ayer el interventor López-. Incorporamos un capítulo de sanciones penales con penas similares a la estafa o el hurto para las emisiones clandestinas", agregó. Las penas -según la iniciativa- varían entre seis meses y seis años de prisión, de acuerdo con la gravedad del daño.

"Queremos encauzar la radiodifusión como debe ser. No se trata de empresas comunes porque el producido es un bien social -continuó el funcionario-. Por eso, nos preocupa quiénes son los titulares de la radiodifusión en la Argentina."

De aquí en más, el Comfer se tomará 45 días para perfeccionar el documento que ayer comenzó a distribuir en las principales entidades que agrupan a los medios de comunicación. El borrador llegó también a la Cámara de Diputados y al Senado, los últimos en dar el visto bueno a las intenciones del Gobierno.

Por Amalia Eizayaga

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