Presos, pueden esperar seis meses el juicio de extradición

Luego de 22 días en la clandestinidad, Hugo y Mariano Jinkis, los empresarios argentinos dueños de la empresa Full Play, requeridos por la justicia de Estados Unidos, se presentaron ante el juez Claudio Bonadio y quedaron detenidos en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en Madariaga y General Paz, a pocas cuadras del Autódromo Municipal.

Jorge Anzorreguy y Juan José Sforza, abogados de Hugo Jinkis, presentaron un petitorio para que su cliente espere bajo arresto domiciliario su juicio de extradición a Estados Unidos, que puede durar entre cuatro y seis meses. Los letrados se basaron en su edad (70 años) y su estado de salud. El juez resolverá la solicitud entre hoy y mañana.

Los Jinkis se presentaron poco antes de las 7.30 en los tribunales de Comodoro Py. Para evitar ser vistos, ingresaron en el edificio por una puerta lateral y se dirigieron al 4° piso, donde funciona el juzgado de Bonadio, el magistrado que debe resolver si los extradita a EE.UU.

Una vez que los tuvo allí, el juez dio aviso a Interpol Argentina, que realizó los correspondientes trámites identificatorios, como la toma de huellas dactilares y el registro de antecedentes. Además, se les leyó una cédula con las razones por las que Estados Unidos requiere su presencia ante los tribunales del Distrito Este de Nueva York. A su vez, los abogados de los Jinkis informaron a Bonadio que en los próximos días sus clientes mantendrán charlas informales con los letrados que tambien contrataron para defenderlos en el país del Norte.

Poco después de las 11 de la mañana, los Jinkis, padre e hijo, abandonaron los tribunales de Comodoro Py esposados y custodiados. Se dirigieron a la sede policial de la calle Cavia, en el barrio de Palermo. Esa fue la última escala antes de llegar a la que desde anoche es su morada: la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.

"Ellos han manifestado siempre su estado de inocencia. Y están sorprendidos por este pedido. Ellos no han tenido negociaciones ni con AFA ni con FIFA. Ellos sienten que son ajenos a toda la investigación. Tratarán de demostrar su ajenidad en el proceso", señaló Anzorreguy por Radio 10. Y añadió sobre los cargos que pesan sobre su defendido: "En principio, Estados Unidos habla de tres maniobras. Todavía no están evidenciadas con la documentación, porque justamente es el término que tiene Estados Unidos para enviar las piezas para acreditar este proceso".

Por su parte, el juez Bonadio notificará hoy a la Cancillería que los empresarios se entregaron, para que el ministerio que conduce Héctor Timerman le avise al Departamento de Estado que ya se inició de manera formal los trámites que podrían terminar con su extradición. A partir de entonces, Estados Unidos tendrá 45 días para mandar todos los papeles que fundamenten el pedido para que los argentinos sean juzgados en su territorio.

El trámite de extradición se rige bajo las reglas procesales de un "juicio correccional" en el que, primero, los empresarios argentinos deben informar si aceptan o rechazan su extradición; si se niegan a ese requerimiento, se abrirá un período para que ambas partes -los letrados de Estados Unidos y los Jinkis- presenten las pruebas que consideren necesarias, para que luego sea Bonadio quien defina si los extradita. Si admite el pedido de Estados Unidos, los Jinkis podrán entonces apelar su decisión ante la Corte Suprema.

El martes, los detenidos habían sufrido un duro revés judicial. Mientras estaban ocultos de la justicia, solicitaron transcurrir el juicio de extradición en libertad. El primer juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, les negó esa solicitud. Sin embargo, fue otro juez federal, Claudio Bonadio, quien a partir de ese momento se hizo cargo del proceso ya que Martínez de Giorgi sólo había intervenido por encontrarse de turno.

Bonadio aceptó entonces la apelación de los empresarios ante la Cámara Federal, que a comienzos de esta semana confirmó el rechazo de la eximición de prisión en un fallo dividido de dos votos contra uno. Esa decisión de los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah (Martín Irurzun, el tercer integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, votó a favor de los dueños de Full Play) motivó que los Jinkis se presentaran ante la Justicia. Si Interpol los encontraba y los detenía, su rebeldía podía tener un precio altísimo frente a los fiscales de los Estados Unidos.

El fiscal general de Suiza, Michael Lauber, indicó a la prensa que encontraron 53 transacciones bancarias "sospechosas" que involucran a la FIFA. El equipo de investigadores que comanda Lauber descubrió 104 lazos entre la entidad rectora del fútbol mundial y organizaciones finacieras de todo el mundo. Además, el fiscal reconoció que hay "nueve terabytes de información" relacionados con la adjudicación de los Mundiales de 2018 (a Rusia) y de 2022 (a Qatar) para analizar." El caso es enorme y complejo", admitió el funcionario ante la prensa. "No me interesa el calendario de la FIFA. Y tampoco me importa si hay daños colaterales", agregó, respecto de las derivaciones de la investigación. "Este es un proceso dinámico. Puede ir para cualquier lado. Y esa es la razón por la que no puedo decirles en qué dirección hago foco", se excusó Lauber. Sus palabras pueden tomarse como una puerta abierta para que los dos máximos ejecutivos de la FIFA, el presidente Joseph Blatter y el secretario general, Jerome Valcke, sean citados a declarar en el marco de las averiguaciones.

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Por Hugo Alconada Mon y Alejandro Casar González

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