Acuerdo con holdouts argentinos

Los holdouts argentinos que le habían ganado la causa del "pari passu" por la deuda en default al gobierno kirchnerista, finalmente llegaron a un acuerdo y cobrarán sus bonos. Se trata del denominado "Grupo Varela", que llegó a un acuerdo que aún no fue comunicado oficialmente por el mediador Dan Pollack, designado por el juez Thomas Griesa.

Así lo confirmaron a la nacion calificadas fuentes oficiales que participaron de las negociaciones con este grupo, que apenas tiene US$ 1.125.000 en bonos sin cobrar, pero que logró la sentencia que obligó al Estado a negociar hasta llegar a un acuerdo. Los abogados de los bonistas ratificaron desde Nueva York la información.

Se los conoció de esta manera porque Pablo Alberto Varela era el primer apellido que surgía de la presentación colectiva que hicieron en la causa, junto con los fondos buitre NML y Aurelius, que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme en contra de la Argentina en 2014. Gozaban así de la medida cautelar emitida por Griesa, que fue levantada en abril pasado, cuando la Argentina llegó a un acuerdo con la mayoría de los holdouts, a cambio de la emisión de deuda por US$ 16.500 millones.

La defensa confirmó que se les reconoció el mismo porcentaje (70% de lo que reclamaban) que a los otros bonistas que tenían sentencia a su favor. Sus integrantes eran todos jubilados argentinos que compraron los bonos antes del default de fines de 2001.

Además de Varela, los litigantes fueron Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, Cesar Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés y Marta Azucena, aunque no todos sobrevivieron hasta hoy.

Luego del acuerdo entre el Gobierno y los grandes fondos, el abogado de estos bonistas, Marc Spencer, se quejó porque Pollack no atendía sus demandas y trató de que la Corte de Apelaciones de Nueva York le impidiera a Griesa levantar la medida cautelar. Ahora el Gobierno sólo debe arreglar casos por un total de US$ 1000 millones, menos del 1% del total, concentrados básicamente en tres fondos de inversión (Bybrook, Redwood y Attestor) y algunos minoristas, entre ellos los integrantes de la Asociación Argentina de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd).