Advierten que sin ajuste del gasto no se llega a tapar el déficit fiscal

Relevantes desde el punto de vista fiscal, pero no suficientes para alcanzar la meta del equilibrio primario. Así definen los economistas la serie de medidas que, en un fin de semana de hiperactividad, el Gobierno aplicó al esquema de retenciones al sector agropecuario y busca cambiar en el impuesto a los bienes personales y en compras en el exterior (gastos de turismo y compras en divisas).

Según sus cálculos, la recaudación tributaria generada a partir de las modificaciones puede representar más de medio punto del producto bruto interno (PBI), lo que le dará "aire fiscal" a la nueva gestión, pero no tanto para evitar revisar temas claves, como el gasto previsional y social.

"Lo más significativo son las retenciones, que encima no son coparticipables y van 100% para la Nación", dijo Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma. En diálogo con la nacion, calculó que las tres medidas podría arrojar conjuntamente una recaudación en torno al 0,5% del PBI. "Esto alcanzaría, si se hicieran modificaciones del gasto social para que esté en línea con la inflación y no por encima, para ir hacia un escenario de equilibrio primario en las condiciones de la herencia recibida", estimó.

Según Federico Furiase, director de la consultora EcoGo, las modificaciones relacionadas con las retenciones –que eliminaron el tope de monto fijo por alícuota– "tienen todo el sentido" porque hacen que el régimen sea más sostenible en términos del ahorro fiscal, al evitar que una depreciación del tipo de cambio termine licuando lo recaudado.

Calculó que el nuevo esquema –si se suponen exportaciones por US$70.000 millones y un tipo de cambio promedio de $78– "podría dar un aire fiscal en torno a un punto del PBI", pero señaló el problema del adelantamiento de las declaraciones juradas de ventas al exterior que se dio antes de que asuma el nuevo gobierno como resguardo frente a posibles medidas de este tipo, lo que reduce mucho el ahorro potencial generado por la medida.

Al mismo "problema" se refirió Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. "Como se preveía un aumento de retenciones y el dólar se fue a $60, se anticiparon las liquidaciones y en noviembre pasado los ingresos por retenciones crecieron 250% respecto del mismo mes de 2018, lo que generó que la recaudación creciera de vuelta en términos reales después de muchos meses". Si bien todavía "queda algo de trigo y maíz por liquidar", el economista estimó que "la nueva medida se va a sentir fuerte recién en abril próximo, cuando salga la soja".

Si bien el peso pesado son las retenciones, Rajnerman destacó también la relevancia fiscal del impuesto sobre los consumos en dólares. Según sus cálculos, en los años de alto nivel de consumo, como 2017, los gastos con tarjeta en el exterior llegaron a representar US$10.000 millones, alrededor de 2% del PBI. Aunque actualmente el consumo se redujo, consideró que el Estado podría recaudar alrededor de 0,3% del PBI con un impuesto del 30% sobre esos gastos.

Para Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, lo recaudado por retenciones podría sumar 0,3% del PBI y lo recaudado por "turismo", alrededor del 0,2% del PBI. "Es significativo desde el punto de vista fiscal, no es un simple gesto", dijo, y advirtió sobre el posible impacto del impuesto sobre los consumos en dólares en el mercado informal de la moneda. "Tal vez antes que pagar un 30% adicional sobre el oficial, es preferible comprar al dólar blue y gastar en efectivo", apuntó.

Insuficientes

Si bien los cálculos de los economistas arrojan que son medidas relevantes desde el punto de vista fiscal, aparecen como insuficientes a la hora de equilibrar las cuentas. El hecho de que alrededor del 60% del gasto público esté destinado a jubilaciones y pensiones sociales, ajustadas por inflación, hace que ese sea un eje fundamental a la hora de sacar cuentas.

"Estas medidas ayudan, pero me parece que la clave va a pasar por cómo se haga el ajuste en jubilaciones. Aumentos de suma fija para determinados tramos podría darle un buen ahorro fiscal –del 1%, aproximadamente–, pero definitivamente va a traer conflictividad", señaló Lorenzo.

Para Caamaño, no hay que "descartar" una modificación en la fórmula jubilatoria porque el nuevo gobierno "la tiene entre ceja y ceja hace rato". "Así como el Gobierno dice que no aumentó las retenciones y en la realidad sí lo hizo, hay que ver si con el proyecto de ‘solidaridad y reactivación productiva’ va a modificar la ley para imponer aumentos más allá de las fórmulas de ajuste, como explican, y modificar después la fórmula. Es decir, disponer de entrada un aumento mayor del que correspondería, que después va a terminar siendo menor", explicó.

En el mismo sentido, para Furiase la medida fiscal que falta es "dar alguna señal en término de [eliminar la] indexación de jubilaciones y pensiones sociales". "Eso daría una señal de consistencia y sustento a una reestructuración amigable y rápida de la deuda pública y haría que se empiece a despejar el perfil de vencimientos, baje el riesgo país y permita una recuperación de la demanda de dinero y evitar que la emisión monetaria genere una aceleración de la inflación", apuntó.

Rajnerman coincidió y consideró que al momento de sentarse a la mesa a negociar, el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá buscar un equilibrio entre las tensiones del frente interno y las del frente externo. "En la negociación de la deuda se va a hacer el máximo ajuste socialmente posible y se va a intentar reestructurar lo máximo que toleren los acreedores financieros –señaló–. Buscando eso, los acreedores van a pedir el máximo ajuste fiscal tolerable".