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Aguas del Aconquija abandona Tucumán
Final: la Legislatura provincial aprobó el convenio que Bussi firmó con la Nación para cederle la concesión; la firma reclama más de US$ 100 millones.
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A 378 días de comenzado el conflicto entre la empresa Aguas del Aconquija y el gobierno tucumano, la firma finalmente logró cumplir su mayor anhelo: dejar la provincia.
La Legislatura de Tucumán ratificó, por unanimidad y en pocos minutos, el convenio de traspaso transitorio del servicio de agua potable y cloacas a la Nación.
El gerenciamiento estará a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) hasta abril próximo, y el costo será de alrededor de $ 7 millones, a cargo de la Nación.
José García González, vicepresidente de la firma (del grupo Vivendi, ex Compagnie Générale des Eaux), aseguró que cree que "antes del 30 del actual transferiremos a la provincia todos los activos, y luego la provincia se los dará al Enohsa."
Pero existe otra cara del conflicto, y es la que podría traerle serios problemas a la economía de la provincia: sigue su curso el proceso de arbitraje internacional que la empresa comenzó ante la Corte Internacional de Arreglos por Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), en Washington.
Antes del 31 del mes próximo la empresa tiene tiempo para presentar el monto de indemnización que reclama "por no poder haber llevado adelante la concesión". Fuentes de la firma confirmaron a La Nación que "la demanda será muy superior a 100 millones de dólares".
Otra de las consecuencias de la retirada de la firma de Tucumán es que el Banco Mundial deberá ahora liberar la primera parte de un crédito de 100 millones de dólares, destinado a reestructurar la administración de salud y educación provincial.
El BM condicionó la entrega a que se solucione el conflicto con Aguas del Aconquija, por entender que era un caso de inseguridad jurídica que la provincia debía solucionar antes de otorgar el préstamo.
El gobierno de Antonio Bussi anunció que estos fondos permitirán el pago de sueldos atrasados, lo que motivó la queja de la oposición, porque ese no era el destino original del crédito. El mandatario anunció que, de no obtener fondos frescos, los sueldos de agosto se abonarán con cheques diferidos.
Pasos del conflicto
La empresa tomó los servicios el 21 de julio de 1995, durante la gestión de Ramón Ortega. Con la privatización, los valores de las tarifas se duplicaron, por lo que la presión popular llevó al Estado a renegociar el contrato.
Ya durante la gestión de Bussi, dos intentos de modificación del contrato fueron fallidos. En el tercer intento, según fuentes de la empresa, "la Legislatura aprobó con 70 cambios unilaterales lo que habíamos acordado con la provincia".
La firma decidió rescindir el contrato el 27 de agosto de 1997, y según su interpretación de los pliegos debía quedarse hasta el 27 de noviembre próximo. Pero Bussi firmó un decreto que la obliga a permanecer hasta marzo de 1999. El gran interrogante que surge ahora es si luego de todo lo que ocurrió habrá alguna empresa dispuesta a prestar el servicio.
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