El regreso de la peligrosa pregunta que más miedo le genera a Cristina Kirchner

¿Los argentinos están ante el riesgo de una hiperinflación? ¿O sólo se enfrentan a un fogonazo puntual luego de la devaluación oficial en un régimen que venía ya con precios recalentados? No existe una respuesta definitiva. Puede decirse, sí, que hay señales confusas. La sola posibilidad de que puedan formularse esas preguntas indica que una espiralización no puede ser hoy descartada por la profunda crisis de confianza que atraviesa al Gobierno y al tiempo electoral.

El riesgo de hiperinflación existe. ¿Qué alimenta ese peligroso cóctel con nafta? Los ingredientes son una caja en rojo, la impresión de pesos que nadie quiere y el vacío de poder político. Un menú acompañado por una devaluación desordenada, falta de dólares, una “maquinita” de emisión que funciona con inercia propia, y un ministro de Economía, Sergio Massa, que participa de una campaña en la que aún tiene posibilidades –por lo que tensiona la caja- mientras ocupa de hecho la presidencia debido al exilio informal de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Hay que decirlo. La posibilidad, ratificada por el gran ganador de las PASO, Javier Milei, de implementar una dolarización agrega una pizca de incertidumbre. Carlos Rodríguez, colaborador cercano del libertario, dijo públicamente que para hacerla inmediatamente se requiere una hiperinflación y un plan Bonex. En definitiva, un homenaje a las recetas de los 80 y 90.

En cambio, en el Palacio de Hacienda afirman que los saltos de agosto y septiembre no son un nuevo escalón para la inflación, sino la reacción aislada a la devaluación de 27% pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Creen que el traslado a precios se calmará por el tipo de cambio fijado a $350 hasta fines de octubre. El calendario del Indec no ayuda; aparte del dato de hoy, se espera -el 27 de este mes- la pobreza del primer semestre. Sólo diez días antes de los comicios de octubre, se difundirá el IPC de septiembre. También se esperan dos dígitos.

¿Qué pasará con el dólar tras las elecciones? Se verá con el resultado. Economía dice que no hay fecha aún para la vuelta del crawling peg (microdevaluaciones diarias) pese al pedido del FMI de no atrasar el tipo de cambio si se busca acumular reservas en el Banco Central (BCRA). “Veremos cómo se compensa fiscalmente la baja del impuesto a las ganancias”, contaron cerca de Massa. El primer paquete de medidas post salto del dólar costó $730.000 millones. La suba del piso mínimo para eximir a los trabajadores de Ganancias pasará una factura de $1 billón a las arcas públicas. Equilibra calculó que el total del gasto proselitista de Massa llega a $2,5 billones.

Los veteranos profesores de economía, algunos de los que se opusieron públicamente a la dolarización que plantea Milei, están azorados con el despilfarro que hace la política argentina de las posibilidades a futuro. Hay litio, hay cobre, hay Vaca Muera, hidrógeno verde, economía del conocimiento, agronegocios e industria con valor agregado. Un ejemplo: una empresa argentina acaba de exportar 10 tapones de blindaje para centrales nucleares chinas, un hito. Y no sólo fallan los consensos básicos para aprovechar un 2024 que, por caso, ya no tendría la peor sequía en 20 años. Además, fallan las etiquetas ideológicas: hay populistas con tipo de cambio bajo que sólo beneficia a grandes empresas –las que acceden al dólar oficial- o que bajan impuestos a los ricos, y libertarios que para impulsar su plan económico parecen hasta estar dispuestos a licuar la propiedad privada depositada en los bancos. Ellos niegan, sin embargo, esa posibilidad.

Hacen falta señales

Los fundamentals de la economía argentina no serían hoy el problema más acuciante, piensan algunos expertos. Sí, en cambio, la falta de credibilidad. ¿Cómo se resuelve? Para los que no leen papers económicos, vale el cine. “Una mente brillante”, estrenada en el triste 2001 de la Argentina, retrata la vida de John Nash, el matemático que ganó el premio Nobel en 1994 por sus aportes a la teoría del juego. Una de las cosas que mostró aquella famosa escena del bar es que las señales sirven para coordinar determinadas acciones (o equilibrios) difíciles de sostener.

“Si un político vende que va a tener un Banco Central independiente, pero tiene déficit fiscal, a ese no se le puede creer nada. Va a necesitar imprimir plata. Pero si uno te dice que va a tener un superávit de 2%, pero que aún no tiene definido qué hace con el BCRA es otra cosa, porque la señal clave es que va a arreglar las cuentas. No va a emitir”, simplificó un curtido economista.

El plan de Massa no da hoy las señales correctas que espera el mercado. Devaluó sin un plan integral, armó un Plan Platita más amplio de lo esperado por el Fondo, la emisión sigue creciendo (el stock de pasivos remunerados está en 13,7 puntos del PBI; las Leliq llegaron a $20 billones; en agosto se cancelaron adelantos transitorios, pero se giraron utilidades, se volcaron $900 millones por la ejecución de puts bancarios tras las elecciones primarias, sumados a la compra de bonos para sostener precios; y hubo además una emisión “virtuosa” de $514 millones por compra de dólares, según LCG) y pese a que su figura política desancló la política económica de la interna oficialista, la pareja presidencial se esconde.

A contramano, en Economía creen que, luego del bimestre agosto-septiembre, la inflación “debería bajar bastante”. Esas expectativas estarían ancladas, pese a que Massa lo critique, en la letra de molde estampada en el último acuerdo con el FMI. De hecho, en el staff report de la quinta y sexta revisión, el organismo internacional prevé una baja a un 5% mensual de la inflación. Es probable, sin embargo, que el Fondo mire con asombro las medidas de Massa.

En el acuerdo, el ancla para normalizar la economía es la fiscal. El ministro se comprometió bajar 16% el gasto, retirar subsidios a la luz y el gas en segmentos medios y bajos, a reducir salarios públicos en el segundo semestre, mantener la fórmula actual para los jubilados (que les ha dado pérdidas reales), limitar el ingreso a la moratoria previsional y frenar transferencias a empresas públicas y provincias, muchas de ellas, destinadas al gasto de capital (obra pública). La duda es, claro, ¿cumplirá Massa si mantiene sus chances electorales? El mundo de los privados está mirando eso.

Con los ingresos, Massa suma pesos gracias a la generalización del “impuesto a los bienes internacionales”, como denominó a la extensión del Impuesto País a las importaciones, una devaluación fiscal que agregó más costo país a los productos en los supermercados. Ese impacto llegó en agosto. Ese gravamen se cobra por anticipado. A eso se suma la imposibilidad de los importadores de usar los saldos disponibles con la AFIP a través de certificados de exclusión de Ganancias e IVA. Pero el mayor aporte a la recaudación lo hacen los pobres con la inflación.

Hacia delante

Pese al riesgo de espiralización, y más allá de que el contexto internacional –y el clima- puede ayudar al país en 2024, el espíritu de época trae alguna buena noticia. Todas las narrativas políticas que componen la oferta electoral prometen eliminar el déficit fiscal. El orden de las cuentas dejó de ser mala palabra. El problema, claro, es la accountability sobre la política.

Massa tenía previsto proponer, con “separata” (un documento anexo que estimula al Congreso socializar el ajuste bajando más de 4 puntos del PBI) un de superávit de 1% del producto para 2024; si no habrá gradualismo a lo Mauricio Macri. Tanto Patricia Bullrich como Javier Milei prometen equilibrio fiscal inmediato. Ninguno dice cómo lograrán esa meta con 40% de pobreza.

No faltarán tentaciones populistas que traten -como hace el kirchnerismo- de echar culpas de la inflación a las empresas y a su rentabilidad. Las compañías criollas serían, para el perimido relato de los “técnicos” cristinistas, las más avariciosas del planeta. Y eso que algunas están en otros países sin inflación. Si se ampliaron márgenes es como cobertura ante la crisis de precios, brechas e incertidumbre a la hora de reponer mercadería que genera el propio Gobierno con sus políticas. Es una ventaja de adaptación que tienen las firmas y de la que carecen los pobres.

No hay que perder las esperanzas con la Argentina. Un buen diagnóstico es el principio de una solución. Si es consensuado por la política, como parece pasar actualmente, puede ser la base para una política pública duradera, a su vez, la clave para generar mayor credibilidad. Es posible sortear los riesgos palpables de repetir la historia de los 80 y dejar atrás el mal trago inflacionario que agobia a todos los argentinos hoy. Solo hay que dar señales claras y contundentes.