Alerta entre los bancos: apuntan contra una norma que obliga a aplicar al deudor con mora la peor calificación a todos sus préstamos

El crédito en pesos, sobre el que la economía apoyó su recuperación durante la segunda mitad de 2024 y la primera de 2025, lleva un año prácticamente planchado.

El stock total desembolsado por bancos, que estaba arriba de los $73 billones a mitad de junio 2025, ronda ahora los $97,5 billones, es decir, avanzó nominalmente poco más del 33% con una inflación acumulada en el período de nivel similar. El contraste es notorio: se expandía a tasas inteanuales mayores al 100% hace un año que se había reducido al 1,3 a fin de mayo. Es más, si se miran los últimos datos (al martes 9) ya cae otro 0,8% en junio o hasta 7,6%, si se considera la financiación de consumos realizados con tarjetas de crédito.

En medio de esta situación entre los analistas que siguen al sistema financiero y los principales ejecutivos del sector crece una percepción: del pantano actual -al que se ingresó por el efecto que distintas causas macroeconómicas tuvieron sobre la mora- no se saldrá en el corto plazo si el Banco Central (BCRA) no revisa los actuales criterios de clasificación de deudores que obliga a aplicar.

Una de las claves es lo que en el sistema se conoce como “efecto arrastre”: una regulación que establece que, si un deudor registra atrasos que representan el 40% o más de su pasivo total, el resto de las entidades debe degradar su calificación interna, explica el analista y consultor Pablo Curat.

A esto se suman los criterios aplicados para las “pérdidas incurridas” y las “pérdidas esperadas”, según se trate de entidades pequeñas o grandes. Estas normas impiden normalizar una calificación de manera inmediata: obligan a mejorarla escalón por escalón, lo que demanda un mínimo estricto de tres meses consecutivos de cumplimiento para volver a figurar en situación 1. En el caso de las entidades más grandes, además, deben previsionar la pérdida estimada de toda la vida residual del crédito si el modelo predictivo utilizado detecta un incremento del riesgo.

“Esto implica un ‘período de cura’ obligatorio de entre seis y doce meses antes de salir del estado de sospecha”, agrega el especialista.

En bancos y entidades financieras coinciden en que criterios de clasificación tan rígidos están “inflando” parcialmente los niveles de mora y, al mismo tiempo, dificultan avanzar en el desarme del nudo que hoy traba la colocación de nuevos préstamos, especialmente a individuos y familias. Se trata de carteras que presentan un nivel de irregularidad que cuadruplica, en promedio, el registrado entre las empresas.

“Hay bancos que son agentes financieros de provincias y tienen privilegio de cobro sobre créditos otorgados a empleados públicos. Aun así, si ese cliente cayó en mora con otra entidad o una billetera virtual, deben proceder a una recategorización obligatoria para replicar la mala nota asignada por esa otra entidad”, explicaron a LA NACION en una entidad líder afectada por esta situación.

“Es tal cual. En muchos casos hicimos una correcta evaluación crediticia, pero nuestro cliente, afectado por la caída del ingreso disponible, tomó en un momento de asfixia financiera un préstamo de emergencia más caro que luego no pudo pagar. Como ese prestador, siguiendo la norma, debió calificarlo en categoría 3 o 4, nosotros también tenemos que hacerlo”, corroboraron desde otro banco.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había descartado hace casi un mes, al presentarse en conferencia, cualquier posibilidad de impulsar planes generales de refinanciación de préstamos en mora o avanzar con flexibilizaciones normativas.

“No está previsto porque, normativamente, lo único que podríamos hacer es alivianar requerimientos de capital, y hoy a los bancos les sobra capital. Ellos tienen que esperar a que la mora haga un pico y empiece a bajar, porque una reducción del costo de capital no les va a cambiar esa realidad”, explicó.

Sin embargo, en los bancos interpretaron que esa definición tajante escondía, en realidad, otro mensaje: evitar que le lleguen pedidos para distribuir en cuotas las pérdidas que deban registrar por incobrabilidad y así impedir que impacten de golpe en sus balances. De allí que aún crean posible algunas adecuaciones.

LA NACION repitió la consulta al respecto a las autoridades monetarias quienes ratificaron su mirada: “Sin quitarle importancia al tema hay que entender que hay mora alta en porcentaje de los créditos pero no en valor absoluto. Y percibimos que los bancos prefieren que no toquemos nada porque le temen a la mano torpe del Estado y están trabajando para resolverlo solos”.

Pero en el sistema las opciones son variadas. Y entre los especialistas, el criterio que prima es que, si no se toca nada, no habrá recuperación de la oferta de crédito a las familias este año, con lo que la economía se perderá la posibilidad de contar con esa palanca. “El criterio vigente es que la peor nota se contagia al resto. Si se quiere auspiciar una reactivación del crédito, es algo que podrían revisar para facilitar refinanciaciones”, sostuvo por caso un experimentado banquero.

Algunos analistas lo comparten desde la idea de que, si esta situación se originó en complicaciones macroeconómicas -inflación y tasas en alza, caída de ingresos y pérdida de empleos-, para dar con una salida también deberían contemplar mecanismos sistémicos.

“La explosión de la mora se dio por causas sistémicas: tasas de interés que se dispararon en la previa electoral del año pasado, encajes llevados a niveles muy elevados, entre otros factores. Si se quiere salir de esta situación, habría que facilitar también de manera sistémica una normalización progresiva”, sostiene Guillermo Barbero, socio de First Corporate, para quien existe poco margen para ilusionarse con una recuperación del crédito bajo las condiciones actuales.

Los últimos datos muestran que 5,3 millones de personas ya presentan problemas para pagar sus préstamos, equivalentes al 27% de quienes tienen algún tipo de financiamiento, según un relevamiento de la consultora Analytica. En su mayoría, se trata de menores de 30 años.

Y una eventual normalización se complica porque las tasas activas muestran comportamientos muy diferentes según el segmento. Mientras que los adelantos en cuenta corriente para empresas redujeron su costo en 747 puntos básicos en lo que va del año -hasta promediar una tasa nominal anual de 25,1%-, los préstamos personales apenas descendieron 42 puntos básicos, del 70,5% al 68,6% anual.

“Las tasas de los créditos a individuos siguen afectadas por los elevados niveles de mora”, observaron desde Quantum Finanzas.

“La baja de la tasa pasiva a 30 días solo reactiva el financiamiento comercial transitorio -descuento de cheques y adelantos-, pero el crédito al consumo exige previsibilidad respecto del costo futuro del fondeo, algo poco probable bajo este esquema de control de agregados monetarios y elevados encajes. Ante ese riesgo de liquidez, sumado al riesgo político de 2027, los bancos mantienen tasas activas muy elevadas”, concluye Curat.

La normativa general sobre clasificación de deudores está plasmada en la Comunicación “A” 6558, emitida por el BCRA en 2018. Allí se estipula que “se deberá recategorizar al deudor cuando exista una discrepancia de más de un nivel entre la clasificación dada por la entidad financiera y las otorgadas por al menos otras dos entidades o fideicomisos financieros en categorías inferiores a la asignada por aquella, cuyas acreencias -en conjunto- representen el 40% o más del total informado por todos los acreedores, según la última información disponible en la Central de Deudores del Sistema Financiero”, tanto para individuos como para empresas.

“Es una complicación, sin duda, especialmente para la cartera de familias, que representa el 43% del total de préstamos otorgados por los bancos y concentra el grueso de la mora”, señala Barbero.

Por Javier Blanco

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