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Bienes Personales: los efectos de elevar la tasa
Tres preguntas y tres respuestas: la idea de volver a subir el peso de esta carga fiscal dejaría efectos negativos
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-¿Cuál es la idea para modificar el impuesto a los bienes personales?
-En momentos en que el país enfrenta -una vez más- serios problemas financieros en el sector público, aparecen ideas que pretenden ser soluciones mágicas. Una es la propuesta de subir al 1% el impuesto sobre los bienes personales. Hace unos dos años se aplicaba un tributo sobre el patrimonio, por los bienes ubicados en el país y en el exterior, con una tasa máxima de 1,25%. Entonces, el impuesto recaudaba una suma ínfima de los recursos fiscales. Era una carga pagada por pocos y con una tasa sumamente elevada, que no resolvía ningún problema financiero del Estado. Una de las claves del éxito de la ley de blanqueo de 2016 fue la reducción del peso de ese impuesto de manera progresiva, hasta alcanzar la tasa actual del 0,25%. A la vez, se dispuso elevar la base patrimonial para que alguien quede alcanzado. El impuesto al patrimonio genera severos efectos adversos. Por ejemplo, ataca directamente a quienes consiguieron acumular algún patrimonio para subsistir en su vejez.
-¿Se afectaría el derecho de propiedad?
-Uno de los problemas está vinculado al derecho de propiedad. Si consideramos una renta anual promedio del 3%, la aplicación combinada de impuesto al patrimonio y a las ganancias generaría una tasa efectiva de 66% de impuesto sobre la renta, en el caso de activos que generen intereses y dividendos, y del 50% en el caso de compraventas de activos. Eso explica por qué hay muy pocos países que aplican impuestos generalizados al patrimonio. ¿Podríamos observar estas cuestiones alguna vez antes de proponer reformas que no resuelven nada? La aplicación de esta propuesta resultaría devastadora para buena parte de la población que haya acumulado cierto patrimonio para su retiro.
-¿Qué consecuencias tendría para el Estado, finalmente, volver a darle más peso a este tributo?
-Si consideramos los patrimonios muy altos, podrían tomar la decisión de emigrar. Así, el Estado no solo no recaudaría el 1% que se propone: tampoco el 0,25% vigente. Y también se dejaría de recaudar el impuesto a las ganancias que generan esos patrimonios (en la última reforma fiscal se amplió la gravabilidad de este impuesto a la renta sobre los activos financieros). Y la emigración de individuos de alto patrimonio impactaría sobre el impuesto a sus consumos. Es llamativa la irresponsabilidad con la que se proponen medidas que solo producen efectos positivos en el papel, pero que llevadas a la realidad no solo no resuelven ningún problema, sino que harían volver problemas recientemente resueltos. Esperemos que las propuestas sean debidamente analizadas en todos sus efectos, para no repetir viejos errores.
El autor es contador público y director del estudio La Vista Casal
