Caja estatal: los subsidios a la energía y el transporte crecen a un ritmo que ronda el 80% anual y acrecientan el debate por tarifas

Con tasas de expansión en los subsidios económicos -energía y transporte- creciendo en torno al 80% interanual y luego de un enero con buenos resultados por primera vez en poco más de un año, el Gobierno volvió nuevamente a mostrar un rojo en sus cuentas fiscales en febrero pasado.

La información del Ministerio de Economía estimó que los subsidios económicos crecieron el mes pasado al 85% anual, por lo que casi duplicaron a la inflación. Los energéticos, a un ritmo de 79%. En tanto, aquellos vinculados al transporte aumentaron un 90% en los últimos doce meses.

El crecimiento en valores absolutos de los subsidios económicos en febrero –con relación a un año atrás– fue de $28.981 millones. En el Ministerio de Economía explican que el salto porcentual se dio por que hubo una base baja de comparación por el inicio de la gestión en 2020. Hoy, los subsidios económicos tienen un presupuesto asignado de 824.000 millones (2,2% del PBI). El monto de subsidios en febrero representa un 7,6% del total, participación por encima al promedio de años recientes. En el Gobierno afirman que las erogaciones bajarán cuando se dispongan las nuevas tarifarias hacia mediados de año.

La situación tarifaria es una de los temas que genera desajustes en la relación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, -en estos días en Washington negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El ministro busca mantener los subsidios estables en relación al PBI, lo que implica alzas de tarifas de entre entre 26% y 32% para el gas. La ex presidenta sólo acepta un 9%. En electricidad, ya se dispuso una fuerte quita de subsidios a grandes industrias y comercios.

Pese a esos números, analistas privados afirmaron el Gobierno podría cumplir igualmente su meta de déficit fiscal primario de 4,5% del PBI proyectada en el presupuesto 2021. Los economistas consideraron que la meta es poco exigente, pero que requerirá una significativa asistencia del Banco Central (BCRA). Además, estiman que los ingresos previstos están subestimados por la inflación de este año y nuevos gravámenes -como el impuesto a la riqueza-. Respecto de las tarifas alertan sobre el desacople con los precios reales. En febrero, según LCG, $2 de cada $10 gastados por el Gobierno fueron en subsidios.

El déficit primario fue de $18.757 millones, mientras que, con intereses de la deuda pública por $45.559 millones mediante, el rojo financiero alcanzó $64.317 millones. La Secretaría de Hacienda destacó que el déficit financiero del primer bimestre fue “el más bajo en los últimos seis años”.

Los ingresos totales del sector público nacional (SPN) ascendieron a $523.897 millones, un alza de 49,3% interanual, mientras que los ingresos tributarios reflejaron un avance los ingresos tributarios de 55,8%, impulsados principalmente por las retenciones (en Hacienda destacaron que sin ese gravamen la suba también superaría a la inflación). Los ingresos “después de figurativos” redondearon $705.236 millones.

Los gastos corrientes del SPN registraron una suba de 37% interanual, “explicada por menores pagos de intereses como resultado de la reestructuración de deuda llevada adelante en 2020″, estimaron en la Secretaría de Hacienda. El gasto primario fue de $724.000 millones (incluyendo figurativos); mientras que el gasto total, sumando los intereses de la deuda, fue de $769.600 millones.

Las retenciones tuvieron un aumento de 196% interanual ($40.923 millones) y fue el impuesto estrella del mes, como en enero pasado. Sin embargo, aun si se excluye lo recaudado por este tributo del cálculo, los ingresos tributarios hubieran tenido una expansión de 14,4% interanual en términos reales, indicaron las fuentes oficiales. El impuesto a las ganancias recaudó $29.002 millones, un 96,3% más en la medida interanual, mientras que Bienes Personales sumó $6105 millones, un 300% más. Ambos fueron modificados al alza por el Gobierno lo que incrementó aún más la presión sobre el sector privado.

“En lo relativo a los recursos de capital, la caída se explica por lo dispuesto en la Ley N° 27.574, que estipula la suspensión del financiamiento a la Anses por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para hacer frente a las erogaciones del programa de Reparación Histórica”, se explicó.

Con relación al gasto, el rubro que más crece es la inversión de capital (+149,8% interanual) vinculado a la obra pública. Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, en Economía aclararon que en esa suba impacta la comparación con una base baja. En febrero de 2020, el Gobierno de Alberto Fernández no contaba con un presupuesto y acababa de comenzar la gestión, situación que produce en todos los gobiernos una parálisis de la obra pública. Sin embargo, en Hacienda afirmaron que la tendencia que muestra el gasto de capital en el primer bimestre es 50% superior al promedio de todo 2020, lo que refleja la tendencia.

Con relación a los subsidios energéticos, en la cartera que conduce Raúl Rigo estimaron que se sumó una asignación presupuestaria de $7000 millones para el Plan Gas y otra de $5600 millones para el fondo que subsidia el transporte en el interior del país. Ante la consulta de este medio, se aclaró que, en un año, los subsidios económicos crecen al 85%; un 79% los energéticos; y un 90% los vinculados al transporte.

Las consultoras PxQ y Economía & Energía, que dirigen Emanuel Álvarez Agis y Nicolás Arceo, respectivamente, estimaron en un informe este mes que si las tarifas se mantienen congeladas, el subsidio en relación al PBI aumentaría al 2% del PBI, superior al 1,8% en que finalizaron 2020. Si hay un aumento del 9% en la tarifa final de energía eléctrica y de gas natural -un incremento para las variables de transporte y distribución-, las transferencias del Tesoro a ese sector energético aumentarían al 1,9% del producto. El pico máximo de subsidios en el país en los últimos 30 años se dio en 2014, cuando representaron el 2,8% del PBI. En 2019 llegaron a estar en el 1,1%, pero con los congelamientos de este año -temporada electoral- terminaron en 1,6% del PBI.

El “gasto Covid”, como se lo suele denominar, es el reflejo de la prudencia que busca reflejar el oficialismo, sobre todo en lo que se refiere a las necesidades de asistencia del Banco Central (BCRA). Por caso, en el primer bimestre se gastaron en Repro II unos $9000 millones; en el plan Potenciar, $11.000 millones; y en la tarjeta alimentaria; $18.000 millones. El año pasado, se desembolsaban por el IFE, que requería $45.000 millones. El ATP costaba unos $20.000 millones en el mes, según detallaron fuentes oficiales.

Un presupuesto poco exigente

“La meta fiscal de este año es viable haciendo esfuerzos por otro lado; el aporte extraordinario tampoco estuvo contemplado en la ley de presupuesto, por ejemplo”, afirmó Guido Lorenzo, director de la consultora LCG. “Los ingresos quedarán muy subestimados debido al efecto de la inflación, hay parte del gasto que no se actualiza inmediatamente con una nominalidad más alta, pero la mayoría de los ingresos sí lo hace. El problema no es tanto este año sino engendrar un desacople muy fuerte entre tarifas y costo que siempre esos desajustes son traumáticos de desandar a futuro”, dijo y alertó por la desactualización del presupuesto elaborado por Guzmán y que se convirtió en su plan económico.

“La meta fiscal es poco exigente, pero se traduce en necesidades financieras que exigen niveles de financiamiento, deuda y emisión, complicados”, estimó Gabriel Caamaño Gómez, director de la consultora Ledesma. “La meta es poco exigente mirando un cierre de 2020 y proyectando un 2021 sin ASPO. Ahora si bajan ganancias, hacen volar los subsidios y sale mal la cosecha, se te puede complicar”, dijo.

Según los datos de Hacienda, las transferencias corrientes se incrementaron $65.428 millones (un 58,8% interanual), de los que $52.128 millones correspondieron al sector privado. “Se destacan las erogaciones del Ministerio de Desarrollo Social en concepto de Políticas Alimentarias (+$6561 millones), impulsado por el incremento del 50% del valor de la asignación de Tarjeta Alimentar; adicionalmente, el programa Potenciar Trabajo registró un incremento de +$5192 millones”, señaló el comunicado de Economía.

“El programa Acciones de Empleo, cuyo principal componente es el programa de Recuperación Productiva (REPRO II), registró una suba de +$4.442 millones. Mediante este último, se pagó una asistencia de entre $9000 y $18.000 por trabajador a más de 320.000 asalariados registrados del sector privado”, agregaron.

Las transferencias corrientes al sector público presentan un crecimiento de $11.971 millones (un 42,2% interanual). Las remuneraciones correspondientes al Sector Público arrojan una variación positiva de +$11.927 millones (un avance de 22,4%). Por el alza en jubilaciones y pago de pensiones, las erogaciones por prestaciones de la seguridad social ascendieron a $228.288 millones (un alza 29,6% en el año).