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Cambios de planes al ritmo del déficit fiscal
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Pese a que se esperaba que fuera uno de los principales ejes de acción del Gobierno, la relación de Cambiemos con la obra pública se ha modificado sustancialmente desde el inicio de la gestión, a tono con las crecientes necesidades fiscales. En el primer año, cuando aún se esperaba la lluvia de inversiones y había medidas que impulsaban fuertemente el gasto, la inversión iba mucho más despacio. Al 31 de julio de 2016, mientras el gasto corriente mostraba un crecimiento del 34,4% interanual, los gastos de capital sufrían una caída nominal del 12,4%.
Esto fue efecto de la profunda revisión que se hizo de cada licitación en curso. Si bien este procedimiento suele ser habitual cuando cambia el gobierno, en este caso las sospechas que sobrevolaban las contrataciones que habían sido iniciadas por el equipo de Julio De Vido hicieron que el análisis fuera mucho más exhaustivo.
En 2017 la obra pública se transformó en el centro de la política de gastos, con un crecimiento de la inversión real directa del 36,9% en el acumulado anual, cifra que casi duplicó a la del incremento del gasto corriente (20,6%) y con meses que mostraron una expansión cercana al 160% interanual. Este crecimiento de la infraestructura fue fundamentales para explicar el triunfo oficialista en las elecciones de medio término.
El Gobierno justificó la suba en la necesidad de subsanar el déficit de infraestructura y en el efecto multiplicador de la obra pública sobre la economía. Se buscaba frenar el gasto corriente pero compensarlo –al menos parcialmente– con más inversión.
Pero el avance de la restricción fiscal llevó a que el Gobierno buscara mecanismos alternativos para financiarse, en un escenario de retracción del gasto. En el Presupuesto 2018 aparecieron los proyectos de participación público privada, que prevén que el Estado delegue en las empresas la responsabilidad de organizar la arquitectura financiera que permitiera cubrir los costos. Así, se pensaba mantener el ritmo de la inversión en infraestructura sin comprometer las cuentas públicas.
Pero la crisis cambiaria trastocó los planes. Y a eso se le sumó el impacto de las denuncias de corrupción, que complicaron el acceso al crédito para las empresas.
Los proyectos de PPP están frenados a la espera de una solución definitiva que aún no aparece, más allá de los intentos de involucrar a la banca pública y de crear fideicomisos. Para 2019, las proyecciones apuntan a que la caída de la inversión pública se profundice al ritmo del ajuste fiscal. Los montos asignados para gastos de capital en 2019 son un 8,6% menores en términos nominales a la proyección de cierre 2018 y los correspondientes a la inversión real directa caen aún más: un 16,2% interanual.
Donde sí se registró una lógica mantenida a lo largo de la gestión fue en la composición del gasto. Si se compara el presupuesto de 2018 con el último año del gobierno kirchnerista, se observa que la inversión en el sector de transporte era el 18,9% del total de gastos de capital en 2015 y pasó a ser el 30,1% de lo presupuestado este año. Eso va en línea con la idea de bajar costos de logística mejorando la infraestructura. También hubo un mayor porcentaje del gasto orientado a infraestructura social –pasó del 39,0% en 2015 al 46,8% en 2018–, con aumentos en la participación de las obras para educación y cultura –del 7,5% al 12,5%– y en agua potable –del 7,4% al 10,4%–, y una fuerte caída en energía –del 21,0% al 7,9%–, por las menores transferencias a las empresas del sector.
De ser una de las políticas más destacadas antes de asumir este Gobierno, la inversión pública se acomodó paulatinamente a las restricciones fiscales. Según el proyecto de presupuesto 2019, esta situación continuará, por lo menos, hasta el final del mandato.
Economista y expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto
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