Otro Gobierno que cae en la mala praxis de afectar al campo con el alza de las retenciones

Frente al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre su voluntad de elevar los derechos de exportación en forma indiscriminada, más allá de las formas, es importante conocer los contenidos, sobre todo en un tema tan importante para el futuro agroexportador de la Argentina.

Por la forma en que el Gobierno presentó el tema surgen algunas consideraciones que me parece interesante compartir. Se supone que el ministro de Economía, Luis Caputo, dispone de un equipo de profesionales de alto nivel y con conocimientos técnicos que deberían haber evaluado previamente el impacto, alcance y las consecuencias de las medidas que se anunciaron. De no tener especialistas en su equipo debería haber recurrido a la opinión y al análisis previo de la Secretaria de Agricultura (¿existe?), que depende de su Ministerio, pero que se enteró como el resto de los ciudadanos por el anuncio oficial.

Hasta acá lo que tenemos es improvisación, desconocimiento, falta de coordinación entre los distintos organismos de Gobierno y ausencia de evaluación del impacto sobre los mercados y de las consecuencias de los anuncios en la toma de decisiones de los principales actores de la cadena de valor del agronegocio.

Entendiendo que el tema de las retenciones será debatido por los legisladores en el Congreso de la Nación, a partir del envío de la ley ómnibus que lo contiene para su tratamiento en sesiones extraordinarias, esperamos que diputados y senadores estén a la altura de esta discusión tan importante para el futuro agroexportador de nuestro país, tanto de lo productos de la pampa húmeda, como de aquellos que sostienen las economías regionales. El Congreso está a tiempo de evitar un “producticidio” que tendrá consecuencias muy negativas sobre todas las familias de productores del país. Para ser educado, la voluntad del Gobierno de elevar las retenciones en forma indiscriminada es un mamarracho por donde se lo mire, similar a la mala praxis de Axel Kicillof en la estatización de YPF.

La mejora del tipo de cambio per se no implica que todos los productores puedan soportar un nivel de retenciones en el 15%. En el caso del maní, que subiría del 0 al 15%, implica una baja de los ingresos para la provincia de Córdoba y para sus productores de US$150 millones, que serán embolsados por el Gobierno.

En el caso del cártamo, del que se producen 10.000 toneladas, que tras su procesamiento dejan 3000 toneladas de aceite para su exportación que implican ingresos por US$3 millones, el aumento de las retenciones al 15% equivale a US$450.000, repito porque no se trata de un error, a US$450.000. Esto, mientras que las retenciones al garbanzo y al poroto, que comparten la misma zona de producción del cártamo, se mantienen en 0%. En el caso del maíz pisingallo, el aumento de las retenciones implica un ingreso para el Gobierno de US$18 millones.

La suba de retenciones para el aceite y la harina de soja del 31 al 33% implica una pérdida para los productores de US$400 millones. El Gobierno tiró munición gruesa para cazar un mosquito y en su acción no quedó nada exento de daños a su alrededor.

Al día de hoy, el Secretario de Agricultura, Fernando Vilella, hace silencio de radio, sin siquiera esbozar una defensa de los intereses de su cartera y –mucho menos– de los intereses de los productores. Estos últimos, los principales perjudicados. Coherencia señor presidente Milei, el sector solo le pide coherencia.

El autor es presidente de Pablo Adreani y Asociados