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Anuncio: el Gobierno confirmó una profunda reforma para el INTA
El organismo deja su autarquía para ser un ente desconcentrado; la norma se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial mediante el decreto 462/2025
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LA NACION Belkis Martínez
El gobierno nacional confirmó la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que de organismo descentralizado con autarquía pasa a ser un ente desconcentrado, con dependencia total de la Secretaría de Agricultura. Además, ratificó, entre otras medidas, la disolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Los anuncios fueron oficializados con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 462/2025, este martes a la madrugada.
Las novedades fueron dadas a conocer el lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni. En una conferencia en la que también luego participó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó una lista con distintas desregulaciones realizadas por el gobierno nacional en el marco de las facultades delegadas y, entre ellas, se refirió al INTA y el Inase.
“Se transformó en un organismo desconcentrado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, cuya planta había crecido un 100% en los últimos 20 años”, apuntó.
“Se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, del que hablé también en conferencia, donde el 85% del presupuesto se iba en sueldos y tenía 1000 empleados en total”, dijo Adorni. Además agregó que se disolvió el Inase, que significa “ahorros” de unos $1000 millones anuales. De acuerdo con el borrador del DNU al que accedió este medio, sus competencias pasarán directamente a la Secretaría de Agricultura, que asumirá el rol de fiscalización y control del sistema nacional de semillas.
La Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde participaban miembros del sector, también será disuelta como parte de la reestructuración. En reemplazo se crearía un Comité Asesor de Semillas, de carácter honorario, que asistirá técnicamente a la Secretaría. Estará integrado por diez miembros, cinco del sector público (INTA y Agricultura) y cinco del sector privado (fitomejoradores, productores y usuarios), todos con conocimientos especializados. Los informes de este comité no serán vinculantes, y sus miembros tendrán mandatos de dos años.
“Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al tiempo que se produce una fuerte desregulación en la industria para darle mayor libertad a los productores”, aseveró Adorni. Esta dependerá de la Secretaría de Agricultura. Si bien conservará su nombre para mantener su reconocimiento internacional, dejará de operar como organismo autárquico. La decisión se sustenta en un diagnóstico oficial que describe al INV como una estructura sobredimensionada y alejada de las prioridades actuales, en un contexto de contracción sostenida del sector vitivinícola.
Y Adorni siguió: “Se transformó en unidad organizativa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocido como INTI, acotando sus funciones”. Este pasará a depender de la Secretaría de Industria y Comercio y mantendrá su nombre. En el Gobierno alegan un supuesto crecimiento desmedido del plantel de personal, con una estructura excesivamente fragmentada y con áreas de soporte que absorben una proporción desproporcionada de recursos humanos.
En tanto, en conferencia Sturzenegger argumentó que los cambios se dieron a partir de las facultades delegadas en la Ley 27.742 conocida como Ley Bases. “Fueron planteadas por el presidente [Javier] Milei y por el equipo con una intención y una modalidad totalmente diferente. Lo primero es que fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quiere tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. Para nosotros el plazo no nos genera ninguna ansiedad: no vamos a buscar prorrogar como se hacía en el kirchnerismo, porque tuvimos un plan, había que hacer algo, lo hicimos, y entonces ahora la democracia sigue funcionando sin que el Gobierno necesite este instrumento“, precisó.
Indicó que fue una definición muy estricta sobre lo que estas facultades delegadas le iban a delegar al Poder Ejecutivo, que está contenido en cinco artículos de la ley de las facultades delegadas. Según señaló, el artículo 3A, por ejemplo, se usó para la refuncionalización de las fuerzas de seguridad, para discusiones que han tenido en el INV, el INTA, el INTI, etc.
Destacó que están “transformando” organismos que pueden cobrar, “inventar trámites, conseguir dinero a partir de eso”. Por ende, señaló que con “esta desregulación se pierde la capacidad de hacer caja con el Estado”. Esto lo realizaron a partir del artículo 3B de la Ley Bases, que fue el que usó el Gobierno para avanzar sobre la estructura organizativa del Estado, y ahí entra la cuestión de "control presupuestario y financiero" que tenían muchos organismos descentralizados.
Según el borrador del DNU conocido días atrás, la intervención sobre el INTA se justifica en un diagnóstico que lo califica como “sobredimensionado”, con 932 cargos jerárquicos —más que cualquier ministerio nacional— y graves deficiencias administrativas detectadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Entre ellas se destacan la falta de controles en compras, contrataciones y manejo de fondos.
También se cuestiona la estructura territorial descentralizada del organismo, que, según el texto, dificultó la supervisión estratégica y fomentó la dispersión operativa. El nuevo esquema propone que el INTA sea dirigido por un presidente con rango de secretario de Estado, asistido por un consejo técnico ad honorem.
En todos los casos se aplicarán medidas comunes como el relevamiento obligatorio de bienes, la transferencia de recursos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la adecuación de estructuras internas bajo control del Ministerio de Economía. El objetivo declarado es terminar con organismos que, según el Gobierno, se habían convertido en cajas políticas y administrativas sin control ni eficiencia.
“Ineficientes”
Pocos minutos después de la conferencia, el Gobierno confirmó la reestructuración y los calificó de “organismos ineficientes”. A través de un comunicado, enumeró que estos se tratan del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (Inafci), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi).
“El gobierno nacional continúa trabajando para optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado. En este sentido, a partir de un Decreto que se publicará en las próximas horas, se determina la reestructuración de siete organismos sobredimensionados e ineficientes para cuidar el dinero de los contribuyentes. La reestructuración de organismos ineficientes y programas superpuestos con otras agencias públicas permite avanzar en una organización administrativa más racional, que fortalezca el equilibrio fiscal, optimice el uso de los recursos disponibles y promueva una asignación del gasto eficiente y transparente", señalaron.
Agregaron que los organismos que se reestructuran tienen como característica una gestión de sus programas disociada de los objetivos macroeconómicos y en abierta competencia con el sector privado.
En el caso del INTI, dijeron que “el organismo tiene una dotación de 2356 agentes y cuenta con un presupuesto anual de más de $85.600 millones. El INTI tiene más de 250 reparticiones, estructuradas en 6 niveles jerárquicos, equivalentes a un Ministerio, con áreas que supervisan hasta siete unidades funcionales inferiores. En las gestiones anteriores, el organismo había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados. A su vez, el INTI, ha ido incorporando tareas que, por su naturaleza, podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado”.
Sobre el INTA, señalaron que es un organismo que debe “enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo sobredimensionado y orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”. La dotación del INTA supera los 6000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones.
Aseguran que “se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial. Los altos niveles de ineficiencia detectados y la mala administración de los recursos públicos, hacen necesario repensar sus funciones y su organización para adecuarlas a los nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales”.
Y agregaron: “El carácter descentralizado del INTA no se tradujo en una mayor eficacia institucional, sino que ha derivado en dificultades de supervisión estratégica, dispersión operativa y una débil alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional. El nuevo rol del INTA será el foco en la investigación, la creación de tecnologías y bienes públicos tecnológicos para profundizar la base científica dirigida a la producción agropecuaria y contribuir a la formación de nuevos productores agropecuarios altamente capacitados, interconectados a través de redes privadas“.
Sobre el Inase señalaron que sus competencias sustantivas pueden ser desarrolladas eficazmente por una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, en un esquema más integrado, técnicamente conducido y con mejor coordinación con el resto de las áreas involucradas en la producción y fiscalización de semillas. “Esta modificación no afectará el derecho de Propiedad Intelectual de las semillas”, aclararon.
Repercusiones
En opinión de Luis Pablo Panatti, presidente del Consejo Regional del Centro Regional Córdoba del INTA, se “rompe con un sistema de gobernanza con un Consejo Directivo Nacional que representa a productores y la comunidad científica”.
“Quiénes mejores que ellos para saber qué puede brindar el INTA a la producción del país en todo su territorio, sistema que, además, ha durado casi 70 años y ha sido totalmente virtuoso, llevando al INTA a ser la institución de prestigio que es hoy en día y hacerla totalmente independiente del color político de turno”, agregó.
Remarcó: “Creo que se pierde una excelente oportunidad de reformar al INTA pero para bien, con una propuesta de adecuación que fue presentada, pero trabajada y consensuada desde el territorio, para eficientizar procesos, eliminar burocracia, y mejorar el uso de los recursos”.
Añadió: “Siempre estaremos dispuestos a dialogar para construir un INTA mejor, pero necesitamos que la política nos escuche y entienda las consecuencias que esto puede traer en el sistema productivo, que no se pierda más de lo que se ahorra”.
Con la colaboración de Pilar Vazquez
