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Reforma del INTA: qué se sabe a horas de un decreto que cambiará todo
Se conoció una nueva versión que, si bien en el Gobierno dicen que no es definitiva, justifica parte de los cambios en la estructura y gobernanza del organismo en que cuenta con muchos cargos jerárquicos: 932
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LA NACION Belkis Martínez
En medio de la expectativa por el rumbo que el Gobierno quiere darle al INTA, se filtró una nueva versión del texto de decreto que preparan las autoridades. Transformará al ente de un organismo autárquico a “desconcentrado” y bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. Sería publicado el lunes próximo. Pese a la amplia circulación que hoy tuvo el proyecto para cambiar el INTA, fuentes oficiales aclararon que no es definitivo. La iniciativa fue impulsada, entre otras áreas, por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger.
Por lo pronto, en el texto se indica que la reforma responde a un diagnóstico de funcionamiento “sobredimensionado, con 932 cargos jerárquicos”, más que cualquier Ministerio nacional y supuestas graves deficiencias administrativas detectadas por la Sigen en auditorías recientes, como falta de controles en compras, contrataciones y manejo de fondos.
En los considerandos se señala que la descentralización histórica del INTA derivó en una estructura difícil de supervisar y con escasa coordinación entre sus unidades: “Aparejó dificultades en su supervisión estratégica y en la dispersión operativa”. Se señalan fallas en el seguimiento de convenios de vinculación tecnológica y un deficiente control sobre las asociaciones cooperadoras.
La nueva estructura prevé que la dirección quede en manos de un presidente con rango de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo, y asistido por un Consejo Técnico ad honorem compuesto por representantes del sector agropecuario.
Se aclara que el INTA mantendrá sus funciones clave en investigación, asistencia técnica y cooperación institucional, pero con flexibilidad para definir su red operativa (centros, estaciones, laboratorios) según sus necesidades.
Por otra parte, el Gobierno también dispone la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), creado en 2022 bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Según informes oficiales, el organismo contaba con 930 empleados distribuidos sin un criterio técnico claro y hacía un uso discrecional de fondos públicos, sin controles ni rendición de cuentas. Además, se deroga la Ley 27.118, que había creado el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. El Ejecutivo considera que dicha norma generó un esquema burocrático excesivo e ineficaz, con efectos negativos sobre la inversión privada y el asociativismo espontáneo.
El Inase, que funcionaba desde 1991 como autoridad de aplicación de la Ley de Semillas, también será eliminado. Sus competencias pasarán directamente a la Secretaría de Agricultura, que asumirá el rol de fiscalización y control del sistema nacional de semillas. La Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde participaban miembros del sector, también será disuelta como parte de la reestructuración.
En reemplazo, se crearía un Comité Asesor de Semillas, de carácter honorario, que asistirá técnicamente a la Secretaría. Estará integrado por diez miembros, cinco del sector público (INTA y Agricultura) y cinco del sector privado (fitomejoradores, productores y usuarios), todos con conocimientos especializados. Los informes de este comité no serán vinculantes, y sus miembros tendrán mandatos de dos años.
Así también se resuelve transformar el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una “unidad dependiente” de la Secretaría de Agricultura. Si bien conservará su nombre para mantener su reconocimiento internacional, dejará de operar como organismo autárquico. La decisión se sustenta en un diagnóstico oficial que describe al INV como una estructura sobredimensionada y alejada de las prioridades actuales, en un contexto de contracción sostenida del sector vitivinícola.
Del DNU se desprende que el INV será reorganizado para concentrar sus tareas en la etapa final de la cadena productiva, con un enfoque de control documental y fiscalización posterior, apuntando a reducir cargas regulatorias.
En línea con esta política de reforma del Estado, también se dispone la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Creado en 1957, el organismo será absorbido por la Secretaría de Industria y Comercio. Aunque mantendrá su nombre será una unidad organizativa. Se indica un supuesto crecimiento desmedido del plantel de personal, con una estructura excesivamente fragmentada y con áreas de soporte que absorben una proporción desproporcionada de recursos humanos.
Como parte de la reestructuración estatal, el Poder Ejecutivo establece un conjunto de medidas comunes para los organismos transformados, que incluyen un relevamiento obligatorio de todos sus bienes. Los titulares de estas entidades deberán informar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la nómina completa de vehículos, maquinaria y propiedades, incluyendo inmuebles alquilados y los montos de los cánones correspondientes.
Los bienes que resulten identificados como innecesarios o en desuso serán transferidos a la AABE para su reasignación, venta o disposición, previa autorización del Ejecutivo.
Además, se instruye al Ministerio de Economía a redefinir la estructura organizativa de las secretarías de Industria y Comercio y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que absorberán las funciones de los organismos ahora transformados. Mientras se completa esa adecuación, se mantendrán vigentes las unidades organizativas y los cargos actuales, al igual que los recursos presupuestarios, compromisos y obligaciones, que quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía. Por otra parte, todo movimiento de personal dentro o fuera de las jurisdicciones afectadas deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado.
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