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Caballos deportivos. Las consecuencias del fin de una exención
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La ley 17.117 del 16 de enero de 1967 declaraba de interés nacional la crianza del caballo destinado a fines deportivos, de trabajo y de defensa nacional, por lo tanto se eximía del pago de impuestos nacionales sobre los beneficios derivados de su explotación o comercialización en su primera etapa, siempre que se realizara en el mercado interno. No quedaban contemplados en esta eximición los caballos pura sangre de carrera.
A partir de la ley 27.430 de 2017, la eximición mencionada culminó. Esto trae aparejado algunos inconvenientes a la hora de la valuación y, consecuentemente, al determinar el resultado de la venta, ahora gravado en el impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado.
Entonces, en la actualidad cobra fundamental importancia la valuación que tuvieron estos animales al cierre del último ejercicio de la eximición, ya que ahora al venderlos, el resultado que surja del valor de venta menos el valor de costo (valuación hasta la fecha de eximición) tributará el impuesto a las Ganancias.
Si se vende un caballo de alto valor (de equitación, de polo, etc), ese resultado va a tributar impuesto a las Ganancias, pero a su vez habrá que tener en cuenta que ese valor de venta condicionará, depende la fecha en que se venda, a que todo el plantel quede valuado al 60% del valor obtenido por la venta.
Entonces, aquel productor que posea la actividad de crianza de equinos, deberá tener presente la derogación de la eximición a la hora de su planificación impositiva.
La ley de impuesto a las Ganancias, al considerar dentro de otras haciendas a los caballos y generalizar en su valuación, hace que si un establecimiento tiene caballos de bajo valor y otros de alto valor, al vender estos últimos en el último trimestre del ejercicio, es posible que todo el plantel quede valuado a un valor no equitativo. También podría darse el caso contrario. Esta forma de valuación de manera generalizada entre tanta diversidad de razas produce resultados impositivos impredecibles.
El autor es socio de Barrero & Larroudé
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