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Como en todos los órdenes de la vida, los extremos son malos
Opina Javier Buján
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Porque considero que todos los extremos son malos, hoy palabras como intervención o regulación pueden producir un molesto cosquilleo. Ese cosquilleo es producto de lo que nos ha tocado vivir a quienes conocimos a la extinguida Junta Nacional de Granos y su actuación en el mercado, la cual, en muchos casos, no ha sido producto de las premisas que podía tener el organismo en sí mismo, sino de algunos funcionarios de turno que la integraron.
Creo que no debemos olvidar algunas de las situaciones vividas en la época en que el organismo tenía un presencia activa en la comercialización, como ser, por ejemplo, la famosa resolución 1825.
Los que tengan algunos años, recordarán los millones de pesos que le costó al Estado esta operatoria.
Para quienes no sepan cómo funcionaba, la Junta Nacional de Granos les garantizaba a los compradores la entrega de la mercadería que previamente estos pagaban a distintos integrantes de la cadena comercial, por supuesto que el quebranto nacía a la hora que, quién estaba garantizado por la Junta Nacional de Granos , había desaparecido o no tenía el grano.
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Creo que tampoco cae en olvido el subsidio que se les otorgaba en forma implícita a algunos integrantes del sector industrial, donde el sistema de comercialización se basaba en que el industrial le compraba el grano al productor/acopiador y lo recibía en sus instalaciones, para luego vendérselo a la Junta Nacional de Granos a un precio igual o mayor al de compra, adicionándole una tarifa de almacenaje y con la garantía implícita del organismo, que éste se lo volvería a vender en meses posteriores a un valor prácticamente igual.
Recordemos que todo esto se desarrollaba en épocas inflacionarias, lo cual significa que la industria trabajaba con financiación que era menor a la tasa de inflación por parte del Estado, nuevo perjuicio para éste.
Indudablemente que hay más ejemplos para citar, pero sería quizá más de lo mismo, entonces cabe la pregunta del debate del mes ¿hay que restablecer la Junta nacional de Granos?, y la respuesta madura de por sí: no. Bajo ese parámetro indiscutiblemente que no.
Ya que el beneficio que citan algunos de los defensores del proyecto que tenía el sector productivo, era una mentira. Lo que el productor sentía que recibía por la presencia del organismo, el Estado se lo terminaba sacando por otro, impuestos, inflación y todo lo que necesitaba para neutralizar las pérdidas que daba este sistema.
No olvidemos que en la década el sector llegó a sufrir retenciones que oscilaban en el 60%, entre un tipo de cambio diferencial y retenciones aplicadas.
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Otra realidad muestra, además, que en la última década y sin la presencia del organismo, la producción nacional pasó de 40,9 millones de toneladas en la cosecha 93/94 a 71,1 millones de toneladas en la actual campaña.
Ahora bien, en un país agrícola como el nuestro, con el crecimiento productivo mencionado, ¿puede ser que el Estado se haya desentendido por completo de lo que significa una de las mayores fuentes de ingreso? ¿que sólo se acuerde del sector a la hora de imponer impuestos?, más allá de que hoy por la conjunción de una coyuntura interna como ha sido y es la política económica aplicada desde la devaluación, y una coyuntura externa como es el verano de precios internacionales por nadie esperado hace un año, permita transferir ingresos a los sectores más castigados por la crisis que nos toca vivir. Aquí considero que la respuesta también debería ser: no.
El no, no significa la reinserción del Estado en la comercialización.
En la última década se han creado un sin fin de herramientas a favor de la producción, que evitan que el Estado deba proceder por ejemplo a la defensa del precio como sostienen algunos defensores del proyecto.
Además sería muy pobre decir que lo que necesita el productor es solo precio, el productor argentino creo que ha demostrado con creces que es el más eficiente del mundo, y éstas no son sólo palabras, sólo remitámonos al crecimiento de la producción nacional de los años 70 a la fecha, este crecimiento se dio pese a la falta de crédito, sucesivas devaluaciones, retenciones, impuestos distorsivos, etcétera, etcétera.
Concluyendo, estimo que el Estado debe y tiene la obligación de estar presente dentro del sector agrícola, pero si restablecer la otrora Junta Nacional de Granos es volver al sistema de los años 70 o de los 80, mi opinión es que cometeremos el mismo error.
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Ahora, si restablecerla significa cumplir con un rol de control, de fiscalizador, aportando la apertura de nuevos mercados, incentivando la producción y generando las condiciones internas necesarias que aseguren la continuidad del desarrollo y la equidad en la cadena de comercialización, no tengo dudas de que le daría la derecha.
La única pregunta que me hago es la siguiente: ¿debemos recrear ese organismo con todo lo que ello implica? ¿No deberíamos pensar en devolverle a la Secretaría de Agricultura su rango de ministerio y crear bajo su ámbito un ente compuesto por funcionarios competentes y con conocimientos que, junto con los privados que integran la cadena comercial sienten las bases de un desarrollo en común?
El autor es gerente comercial de Granar.
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