“Con urgencia”: fuerte respaldo del agro al proyecto del Gobierno para endurecer las penas por incendios intencionales
Dirigentes del sector calificaron de “acertada” la iniciativa en medio de los distintos focos registrados en el sur y en provincias del norte como Corrientes
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Para LA NACIONAbril Loupias Castia
El campo recibió con beneplácito el proyecto del gobierno nacional, que ingresará en sesiones extraordinarias, para endurecer las penas a quienes provoquen incendios de manera intencional. Aseguraron que se trata de una medida “urgente” y “fundamental” para proteger no solo la biodiversidad, sino también a “quienes producen y cuidan la tierra”.
“Entendemos que esta iniciativa debe ser sancionada con urgencia. Por eso, solicitamos a los legisladores que promuevan un debate rápido y efectivo para su aprobación. La Patagonia viene siendo víctima de actos vandálicos de este tipo, y no se puede permitir que queden impunes. Lo mismo ocurre en Corrientes, y hemos sido testigos de situaciones similares en otras provincias”, expresó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En la actualidad, la pena para quienes inician fuegos es de 3 a 10 años de cárcel. En el caso de que el incendio genere peligro de muerte o provoque el fallecimiento de una persona, la condena asciende a un máximo de 20 años. De ser aprobado el proyecto de ley, las penas se incrementarían de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años si la quema afecta a la población o genera un riesgo grave.
“Confiamos en que este endurecimiento de las penas permitirá que la Justicia actúe de manera más eficiente y expeditiva, sancionando a aquellos que atentan contra la propiedad privada, el desarrollo productivo y el arraigo rural”, señaló el presidente de la Sociedad Rural.
“Desde Confederaciones Rurales Argentinas siempre hemos sostenido que es fundamental penalizar con mayor dureza a quienes provocan incendios intencionales. No solo destruyen nuestro trabajo y nuestro capital productivo, sino que atentan contra el ambiente y la seguridad de todos los argentinos”, aseguró Carlos Castagnani, presidente de la entidad en diálogo con LA NACION.
“El sector agropecuario ha sido víctima de incendios que han arrasado campos, cultivos y ganado. Necesitamos una justicia firme que proteja a quienes producimos y cuidamos la tierra, y este proyecto es un paso en la dirección correcta”, agregó.
El año pasado hubo 31.604 focos de incendios en todo el país, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE). En lo que va del 2025, se registraron más de 3000 focos, tres veces más que en el mismo período en 2024, donde hubo más de 1000 focos.
La iniciativa del Gobierno se da en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona de la Patagonia, con epicentro en El Bolsón y Epuyén. Hasta el momento, esta catástrofe ambiental, que impacta principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, ha dejado alrededor de 37.000 hectáreas quemadas, con más de 150 casas destruidas y un fallecido.
El anuncio sobre el proyecto del Gobierno fue realizado por Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, ministros de Justicia y Seguridad Nacional, respectivamente, quienes anunciaron la reforma del Código Penal y el incremento de las penas. En X, Bullrich dijo que “ningún incendio intencional será excarcelable”.
Además del sur del país, en la provincia de Corrientes ya son 250.000 las hectáreas devoradas por el fuego en lo que va de 2025. Los productores de la región señalaron que, además de la falta de lluvias, la enorme cantidad de pasto seco y las altas temperaturas, los focos se iniciaron “a propósito”.
En tanto, Santa Fe tuvo más de 600 focos de incendio entre enero y febrero. Formosa se encuentra en segundo lugar, con 428, y Chaco por detrás, con 366. En Jujuy, María Inés Zigarán, la ministra de Ambiente, reconoció que dadas las condiciones de sequía y temperaturas extremas, las proyecciones climáticas que manejan este año “podría ser una temporada más severa” de lo que en 2024, donde no hubo grandes incendios.
“Apoyamos toda medida que brinde mayor seguridad jurídica. Combatir el fuego intencional con penas más severas es una señal clara de que en la Argentina no puede haber impunidad para quienes destruyen el esfuerzo de generaciones”, comentó Castagnani al respecto.
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