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La relación del campo con el Gobierno: contraste entre dos realidades
El contraste entre los planes para el futuro y la realidad cotidiana fue más notorio en los últimos días. Por un lado, el Gobierno se comprometió con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en analizar medidas para impulsar la actividad. Pero por el otro, dentro de las filas del oficialismo crecen las iniciativas contra el sector y se mantienen las condiciones de fragilidad de la macroeconomía.
El miércoles pasado, el equipo económico del Gobierno en pleno se reunió por más de dos horas con los representantes del CAA. Con el respaldo político del Presidente, el encuentro lo abrió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, decidieron organizar cuatro comisiones integradas por el sector público y el sector privado para poner en marcha iniciativas que impulsen un aumento de las exportaciones agroindustriales, sin descuidar el mercado interno. La comisiones se dividen en una que tratará sobre el proyecto de ley que esbozó el CAA, otra sobre economías regionales (que incluye lechería), otra sobre carne y otra que trabajará para remover obstáculos que hoy frenan el funcionamiento de las empresas.
Coincidieron en que el 4 de noviembre próximo volverán a tener una reunión formal, pero antes habrá reuniones técnicas para decidir posibles medidas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo una participación activa en el encuentro y fue quien propuso que hubiera avances concretos tras cada encuentro.
Cabe recordar que el CAA le llevó al Gobierno una propuesta de ley agroindustrial marco para establecer condiciones de estabilidad fiscal y financiera para alcanzar exportaciones por US$100.000 millones en 2030 y generar 210.000 puestos de trabajo directos y 700.000 indirectos en la cadena.
"Hablamos de la necesidad de recrear la confianza con la producción, afirma Dardo Chiesa, que participó como coordinador de la Mesa de las Carnes. "Hay una señal del Gobierno para constituir una ley marco y avanzar con pasos cortos pero concretos, creemos que no hay peor gestión que la que no se hace", añade.
El énfasis en la confianza lo planteó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el único representante de las entidades gremiales de productores presente en el encuentro.
Las referencias no fueron casuales. La reciente baja temporal de los derechos de exportación a la soja, más la reimplantación del diferencial arancelario entre el poroto y los subproductos dejó malheridos los vínculos entre los eslabones de la cadena.
En el Gobierno, por su parte, expresaron la necesidad de sostener la recaudación tributaria y no afectar los precios ni el abastecimiento del mercado interno.
En lo inmediato de estas reuniones entre el Gobierno y la CAA es más probable que se corrijan distorsiones como la devolución de los saldos de IVA que provocan complicaciones financieras o alguna baja en los costos de exportación que una reducción consistente de los derechos de exportación.
Más allá de que se coincida o no con el contenido de las propuestas, el marco de la reunión y el plan de trabajo acordado parecen propios de una democracia europea con años de historia de debates y búsqueda de consenso. Es una escena marca un claro contraste con otras realidades. La primera es la incertidumbre macroeconómica. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos se amplía cada vez más. El Banco Central, ante la escasez de divisas, fija nuevas restricciones a las importaciones. Esto, si bien no afectaría a las compras de insumos de esta campaña agrícola, sí pone en un cono de sombras sobre el negocio en 2021.
Además, dentro del oficialismo surgen iniciativas insólitas. Una de ellas es la propuesta en el Congreso de la diputada del Frente de Todos Daniela Vilar de impulsar un Observatorio Integral de Agroquímicos Nacional con el supuesto propósito de crear "un espacio participativo capaz de generar información científica sobre el uso de los agroquímicos y sobre todo en la participación del público". Ambas tareas, como se sabe, están a cargo del Senasa. A menos que se quiera crear una nueva estructura para aumentar el gasto del Estado y generar un foro para atacar a la producción, no parecen muy evidentes los beneficios de este "observatorio".
A esas iniciativas se suman las recientes acusaciones de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, sin datos precisos, a productores agropecuarios sobre su supuesta responsabilidad en el origen de los incendios de campos y bosques. Hace siete años que existe un Plan de Manejo de Fuego y se conocen las acciones preventivas por tomar, especialmente en condiciones de sequía. Esto es más efectivo que la construcción de un relato ambientalista épico.
Además, otro punto débil de la coalición oficialista es la tolerancia e inacción frente a los delitos que afectaron la propiedad rural, como los ataques a silobolsas y las tomas de tierras, entre otros. La confianza se reconstruye con hechos concretos.
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