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Córdoba: avanza el cumplimiento de una ley de forestación con un "cambio cultural"
CÓRDOBA.- A dos años de la sanción de la ley agroforestal de Córdoba, que obliga a todos los productores rurales a forestar una base del 2% de sus superficies productivas, el ministro de Agricultura Sergio Busso señaló que ya se empieza a notar un "cambio cultural". Apuntó que esto se verifica en las declaraciones juradas sobre la tierra forestada y los proyectos presentados. El objetivo de la norma es que en 2028 Córdoba pueda sumar con esta iniciativa entre 130.000 y 150.000 hectáreas forestadas.
"La diferencia es la obligatoridad; ya están saliendo intimaciones a quienes no cumplen con lo establecido", dijo Busso a LA NACION. En cinco años, a contar desde 2018 cuando se reglamentó la ley, los productores deben tener como mínimo el uno por ciento de su superficie con forestación.
Quienes no cumplen tienen sanciones de entre 10% y 30% del impuesto inmobiliario del establecimiento. En tanto, los cumplidores recibirán una reducción del gravamen que no podrá superar el 60% de la carga.
El ministro del gobierno de Juan Schiaretti explicó que la mayoría de la forestación declarada es para el sector noroeste de la provincia: "Nos interesa mucho también nuestra región pampeana; la ley no sólo contempla cuestiones ambientales sino que tiene una mirada económica, ya que hay posibilidad de generar producción forestal. Hoy importamos árboles para madera de cualquier tipo; esto significa que se puede orientar la plantación hacia ese objetivo".
Ya hay intimaciones para quienes no cumplieron con la entrega de la declaración jurada consignando qué porcentaje de la superficie de su campo tenía forestad. Si el volumen no cumple lo exigido por la ley, deben presentar un plan predial forestal.
El rango de exigencia va del dos al cinco por ciento. El índice requerido de forestación sigue criterios en función de la capacidad del uso del suelo, erosión eólica e hídrica, precipitaciones medias de la zona y pendientes del terreno.
Los planes deben ser aprobados por las autoridades. Hay una amplia variedad de especies a utilizar, incluso viñedos. El límite es que no sean invasoras. "El proyecto debe llevar la firma de un profesional y lo que se analiza es que sea viable –dijo Busso-. Con el INTA ya realizamos unos 20 ensayos en distintas zonas para definir qué se adapta mejor al ambiente". Incluso, hay un manual a disposición de los productores que sirve como guía para elaborar la presentación.
Por sugerencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la ley contempla que la obligación se debe cumplir en la cuenca donde está el campo, pero no necesariamente en la tierra del propietario, quien puede comprar derecho de superficie con una masa forestal arbórea ya constituida.
La provincia está preparando, junto a universidades, escuelas técnicas y sociedades rurales, viveros para que los productores puedan comprar plantines o acceder a semillas. Se firmó un convenio con Misiones para clonar plantines. "No debe haber excusas para no cumplir la ley", definió Busso.
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