Coronavirus. Qué política impositiva necesita el campo luego de la pandemia

Careciendo a la fecha de un horizonte preciso de cómo y cuándo finalizará la actual crisis sanitaria, y menos aún del escenario en que nos encontraremos en ese momento, sí podemos avizorar que serán devastadores los efectos sociales, financieros y económicos.

Además, se requerirá de ayuda del Estado para facilitar la continuidad de la actividad económica, y la supervivencia de la población en general, conformando un cuadro de situación que tiene como punto de partida la situación de un Estado en recesión desde el año 2011, con falta de acceso al mercado financiero internacional, inmerso en una larga discusión acerca de la refinanciación de la deuda externa, etc., lo cual aporta un grado de dificultad extrema a la actual situación, descontando que en algún momento se deberá trabajar denodadamente para recuperar los equilibrios imprescindibles de sus frentes fiscales y monetarios.

Las postergaciones de vencimientos impositivos, el fraccionamiento de obligaciones fiscales y previsionales, nuevas moratorias y/o sinceramientos, la instalación de nuevos impuestos (se ha anunciado repetidas veces un impuesto a los altos patrimonios), la eventual discusión de una reforma tributaria, forman y formarán parte de la agenda del Poder Ejecutivo.

El virus no solo muta y se expande en términos sanitarios, sino también en lo económico. Primero derivó en un fuerte shock de oferta y demanda, que según los analistas no se vivía desde al menos la Segunda Guerra Mundial.

Estos efectos se sufrirán "durante años" y es "poco realista pensar" en una recuperación rápida, ha manifestado la OCDE.

Aunque aún restan respuestas conjuntas, diversos países y ante lo excepcional de la situación, aplican recetas también excepcionales, abandonando una histórica disciplina fiscal, aplicando políticas expansivas, reduciendo impuestos o inyectando dinero en la economía para evitar un freno total de la actividad.

"Los países deberían considerar medidas de desgravación fiscal porque el problema de salud está creando un shock económico sustancial. Los impuestos que requieren pagos regulares afectarán la liquidez de las empresas y los hogares. Por lo tanto, los gobiernos deberían considerar el alivio fiscal como una forma de minimizar el impacto económico de la crisis de salud", sostiene el Centro de Estudios The Tax Foundation.

Dicho centro plantea que "la desgravación fiscal debe ser de base amplia, estar en consonancia con una buena política a largo plazo", y prever que los créditos fiscales reembolsables permiten "deducciones futuras". Además, subrayan que los países "deberían aprovechar esta oportunidad para corregir políticas fiscales distorsionantes que podrían impedir los esfuerzos de recuperación".

Una vez pasado el periodo de transición, se requerirá de políticas de apoyo tanto a la reconstrucción de la actividad económica y social, como a la recomposición de la situación fiscal.

Toda esta tarea requerirá de un fuerte equilibrio entre los esfuerzos requeridos a las empresas y ciudadanos y el estímulo al desarrollo de la economía, tal fuerte y sólido como profunda es la crisis. Ilustre Jorge Luis Borges decía que de los laberintos, solo se sale por arriba

Para ello será necesario seleccionar las actividades económicas donde el país perfila su mayor eficiencia para materializar su desarrollo y recuperación, removiendo trabas para impulsar un crecimiento sostenido, de modo que sirvan de motor para la reconstrucción, que requerirá de un plan macro, sostenido por un programa económico y una política fiscal expansiva.

El sector agropecuario es uno de los que detenta el perfil de alta competitividad y ha demostrado en el pasado ser capaz de una rápida recuperación, y en esta crisis sanitaria, es uno de los "mayores aportantes" en la financiación del Estado, permitiendo la acción de solidaridad social y económica, a través de su aporte de trabajo ininterrumpido, generación de divisas externas y elevados ingresos fiscales.

FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su característico índice de junio. Este informe trimestral, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, develó que de cada $100 de renta (ingresos menos costos) de una hectárea promedio, van $68,30 al Estado en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 68,3%, la participación del Estado en soja es del 69,7%, maíz 65,4%, trigo 67,8% y girasol 59%.

En este escenario, resulta absolutamente necesario atacar el principal problema de nuestra economía, el eterno déficit fiscal que ha devorado planes, gobiernos y expectativas de sucesivas generaciones.

Lo cual requiere que recuperado los equilibrios imprescindibles de sus frentes fiscales y monetarios, el objetivo impostergable es la estabilización del valor de la moneda, y concomitantemente la implementación de una profunda reforma fiscal, el dictado de una legislación laboral moderna, ajustado a los tiempos actuales y al escenario futuro post-pandemia.

Así, se deberá centrar en viabilizar reasignaciones inteligentes del gasto público, que incluyan eliminaciones de gastos superfluos, reducción de filtraciones en los sistemas de transferencias y subsidios, combate a la corrupción en las compras públicas y la equiparación de los salarios del sector público a los privadas. En la región estas ineficiencias del gasto público representan en promedio al 4,4% del PBI regional.

De lo contrario, no habremos aprendido de esta crisis, y volveremos a nuevos planes solidarios, sin que la retribución al esfuerzo de los habitantes de este país, provenga del trabajo productivo y del retorno de inversiones fruto de la generación real de riqueza.

Por Héctor Tristán

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