“Ecocidio”. Avanza en el Senado un polémico proyecto que prevé hasta 25 años de prisión: lo apoyó Patricia Bullrich y en la Rural dicen que es un “desastre”
La iniciativa, de Edith Terenzi (Despierta Chubut), busca incorporar nuevos delitos ambientales al Código Penal; tuvo el respaldo de varios senadores de LLA y el voto en disidencia de Carolina Losada y otros pares
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LA NACIONMariana Reinke
Una iniciativa que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal y crear un nuevo capítulo dedicado a los delitos contra el ambiente comenzó a ganar visibilidad en el Senado y ya comenzó a generar controversia en distintos sectores productivos. El proyecto, que recibió dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contempla fuertes sanciones penales para quienes provoquen daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles y abre un debate sobre los alcances que podría tener sobre actividades económicas de diversa índole. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron su rechazo al proyecto.
La propuesta fue impulsada por la senadora por Chubut Edith Terenzi (Despierta Chubut) y obtuvo respaldo de varios legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, sectores provinciales y algunos legisladores vinculados al peronismo. Entre las que acompañó el dictamen figura Patricia Bullrich; mientras que la senadora por Santa Fe (UCR) Carolina Losada suscribió el texto en disidencia, junto con Nadia Márquez y Maximiliano Abad. También lo respaldaron desde LLA Juan Carlos Pagotto (La Rioja); Romina M. Almeida (Entre Ríos ) y Bartolomé E. Abdala (San Luis). LA NACION intentó tener la opinión de Bullrich sobre su apoyo a la iniciativa, pero hasta el momento no tuvo respuesta. En tanto, desde la Fundación Barbechando, que sigue los temas del agro en el Congreso, dijeron que se reunirán con el equipo de la senadora para conocer por qué lo acompaña.
El proyecto tiene como objetivo “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”.
La iniciativa plantea la creación de un nuevo Título XIV denominado “Delitos contra el ambiente”, dentro del cual se incorpora específicamente la figura del ecocidio. Según la definición incluida en el texto, se considera ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental.
Uno de los puntos que más debate genera es el régimen de penas. El artículo central establece que quien provoque daños “especialmente graves, extensos y duraderos” sobre el ambiente podrá recibir penas de prisión de tres a diez años, además de multas económicas. Las sanciones se endurecen cuando el daño es considerado irreversible. En ese caso, el proyecto prevé penas de prisión de cinco a 15 años y multas más elevadas.
Un aspecto controvertido se presenta cuando el daño ambiental deriva en víctimas fatales. El texto establece que “si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco a 25 años”. Además, “si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a 10 años”.
A ello se suma otro agravante. Cuando en los hechos intervenga un funcionario público, “las penas se agravarán un tercio en su mínimo y su máximo” y se impondrá “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”.
El proyecto también incorpora la responsabilidad penal de las empresas. En ese sentido, prevé multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales e incluso restricciones para contratar con el Estado.
Otro aspecto polémico es que no solo contempla conductas dolosas. También incluye la figura culposa, estableciendo que el ecocidio podrá configurarse por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo”, aunque con penas reducidas respecto de los casos intencionales.
En los fundamentos, la autora sostiene que existe un vacío legal en la legislación argentina. Allí señala que actualmente “el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma” y que las normas vigentes resultan insuficientes para sancionar las conductas más graves contra el ambiente.
La senadora argumenta, además, que “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal”.
Entre los antecedentes internacionales citados en el proyecto aparecen Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de iniciativas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea para endurecer las sanciones vinculadas con daños ambientales graves.
La propuesta también recoge definiciones promovidas en foros internacionales. En los fundamentos se menciona que un panel de juristas independientes convocado por la organización Stop Ecocide definió al ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
Para su impulsora, la incorporación de esta figura permitiría fortalecer la protección ambiental y adecuar la legislación argentina a estándares internacionales más exigentes. Según el texto, “la sanción de este proyecto constituirá un paso histórico en la evolución del derecho penal argentino”.
En ese contexto, la iniciativa también abre interrogantes sobre cómo se interpretarán conceptos como “daño ambiental especialmente grave”, “daño ambiental irreversible” o “afectación multiecosistémica”, definiciones que serán centrales para determinar responsabilidades penales futuras.
La discusión recién comienza. Con dictamen favorable en comisión, el proyecto ingresó en una etapa en la que deberá reunir consensos políticos para avanzar en el recinto. Sin embargo, en el sector agropecuario ya genera una gran controversia el hecho de hasta dónde puede llegar el derecho penal cuando se trata de proteger los ecosistemas y cuál podría ser el impacto de esa decisión sobre la producción, la inversión y el desarrollo de distintas actividades económicas.
Repercusiones
La iniciativa ya comenzó a generar fuertes cuestionamientos en el sector agropecuario. En la Sociedad Rural Argentina (SRA) anticiparon que se opondrán al proyecto y advirtieron sobre los efectos que podría tener en la actividad productiva y las inversiones.
“Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en su provincia, impulsa una ley nacional”, afirmó Andrés Costamagna, director de la entidad, a LA NACION.
El dirigente consideró que, detrás de la propuesta, existe una lógica política orientada a obtener respaldo legislativo. “Es una devolución de favores entre gobernadores y jefes de bloque para que le voten leyes”, sostuvo.
Costamagna cuestionó además la redacción de la iniciativa y advirtió sobre la amplitud de los conceptos utilizados. “Lo que está escrito es un desastre desde el punto de vista de lo que persigue la ley en sí y la falta de conocimiento del que redactó la ley respecto a conceptos básicos. Desde lo técnico es un error, desde lo legal es un error y desde todo punto de vista es un error. Se contradice con lo que el Presidente dice. Toma de base Naciones Unidas y el cambio climático. Nace de una persona del PRO [la senadora autora era de JxC] pero parece redactado por alguien de izquierda, no entendemos nada”, señaló.
Según indicó, la principal preocupación radica en la falta de precisión sobre qué conductas podrían encuadrarse como daño ambiental. “No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental. Según este proyecto, todo puede ser daño ambiental”, afirmó.
En esa línea, alertó sobre las consecuencias que podría generar en la actividad económica. “Meter presos a quienes causan daño ambiental suma votos, pero después también hace que los inversores no vengan nunca más”, expresó.
El representante ruralista también cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para avanzar con el dictamen. “No llamaron a consulta pública, hicieron dictamen cerrado y lo mandan a tratamiento sin cumplir el procedimiento legislativo normal”, indicó. Y agregó: “Llama mucho la atención que haya sido impulsado por gente de La Libertad Avanza y del PRO y, sobre todo, que tenga la firma de Patricia Bullrich sin dialogar con los sectores productivos. Usaron el Mundial de fútbol para distraernos y mandar esto, algo que en la Argentina se hizo durante mucho tiempo”.
Por último, adelantó que la entidad buscará frenar el avance de la iniciativa. “La SRA va a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley no se trate. Entendemos que sería un error para la Argentina que exista este tipo de leyes donde se criminalizan las actividades productivas esgrimiendo al ambiente como paraguas para penalizar situaciones indefinidas. Esto daña a la Argentina, a la inversión futura y al sector productivo”, concluyó.
Las críticas al proyecto también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos. Su presidente, Fernando Rivara, cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como la falta de precisiones sobre conceptos centrales que, a su entender, podrían derivar en interpretaciones arbitrarias.
“Lo más preocupante es que no se está definiendo algo absolutamente primario: qué es un daño ambiental irreversible o qué es un daño ambiental especialmente grave”, señaló. Según explicó, la redacción deja abiertos interrogantes sobre quién determinará la existencia de esos daños y bajo qué criterios: “¿Lo define un fiscal, un perito o un juez? Hay que tener cuidado porque de ese debate entre peritos puede depender que una persona sea condenada a 15 años de prisión”.
Alertó sobre el alcance que tendría la norma al contemplar el incumplimiento de regulaciones provinciales y municipales. En ese sentido, sostuvo que muchas de esas disposiciones vigentes “no tienen fundamento técnico ni científico” y consideró que el proyecto podría generar situaciones de gran inseguridad jurídica para productores y empresas.
Además cuestionó la incorporación de agravantes para funcionarios públicos que autoricen proyectos o inversiones que posteriormente sean considerados causantes de daños ambientales: “Ante la duda, cualquier funcionario va a preferir no aprobar una inversión antes que correr el riesgo de enfrentar consecuencias penales”.
Para el dirigente, la iniciativa puede terminar generando un efecto contrario al buscado. “Es un proyecto para la tribuna”, resumió. Y agregó que mientras se impulsan este tipo de propuestas, siguen sin avanzar debates vinculados con normas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y herramientas que otorguen mayor previsibilidad a la producción.
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