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El Banco Mundial dijo que la sostenibilidad fiscal no puede ser “a expensas” del agro
El organismo internacional, que recientemente había destacado cómo el país perdió competitividad frente a otras naciones entre 2011 y 2021, remarcó que los derechos de exportación afectan la producción y el comercio
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LA NACIONPilar Vazquez
El Banco Mundial (BM) advirtió en un informe que “la sostenibilidad fiscal y las dietas asequibles en Argentina no tienen que lograrse a expensas de la competitividad del sector y el comercio”. En un reporte difundido por el organismo, se refirió así al sector agroalimentario nacional y, además, dio una serie de recomendaciones al respecto. El BM destacó que países como México, Brasil, Nueva Zelanda y Australia han demostrado que es posible mantener la seguridad alimentaria interna mientras se abastecen mercados internacionales. Según el organismo, la Argentina debería adoptar un modelo similar para preservar su competitividad global y promover la sostenibilidad económica.
“Mantener la competitividad global del sector agroalimentario argentino es una inversión en la sostenibilidad económica del país”, subrayó. Sugirió que reducir las restricciones comerciales no arancelarias “aumentaría los ingresos que pueden ser reinvertidos en transferencias específicas a los consumidores”, contribuyendo así a una mayor estabilidad económica.
Como ya contó LA NACION hace diez días, según el organismo entre 2011 y 2021 las ventas agroalimentarias al exterior de la Argentina cayeron un 1,3% anual, mientras su participación en los mercados internacionales disminuyó del 2,7% al 2,2%. En paralelo, otros países competidores crecieron. Al respecto, el informe se refirió a la pesada carga impositiva al sector agroalimentario. “El magro desempeño que la Argentina ha mostrado recientemente en la producción y exportación agroalimentaria respecto de su potencial puede atribuirse en gran medida a las deficientes políticas macroeconómicas, fiscales y comerciales que han frenado el desarrollo del sector”, señaló.
Mencionó que los altos impuestos a las exportaciones [entre otros productos, la soja tributa un 33%] diferencian a la Argentina de la mayoría de las naciones. De 84 países con datos disponibles, solo 19 aplican un impuesto específico a las exportaciones. “Los impuestos a las exportaciones se encuentran entre las medidas más distorsivas para recaudar ingresos fiscales debido a su impacto fuertemente perjudicial en la producción y el comercio, razón por la cual se utilizan en tan pocos países”, apuntó.
Destacó que lo que “complica aún más las cosas” es que los impuestos a las exportaciones y las regulaciones que los rodean “han venido cambiando constantemente,” generando incertidumbre para los productores y exportadores. “Los cambios recurrentes en las tasas de los impuestos a las exportaciones y en los productos incluidos en la base imponible de dicho impuesto son una de las principales causas de la falta de inversión de los productores agropecuarios”, explicó.
También advirtió sobre la aplicación de impuestos provinciales, como los ingresos brutos. “El impuesto a los ingresos brutos, que representa alrededor del 75% de los ingresos fiscales de los gobiernos provinciales, rara vez se utiliza en otros países porque es distorsivo,” indicó.
Inversiones
En este contexto, dijo que en la última década las inversiones públicas en bienes y servicios agropecuarios en la Argentina han disminuido drásticamente, de US$629,5 millones en 2011 a US$229,6 millones en 2021. Precisó que la Argentina está “muy rezagada” en servicios logísticos esenciales para mantener bajos los precios de los alimentos en los mercados internos y competir en los mercados de exportación. Un estudio reciente estimó que, si se ampliara el uso del transporte ferroviario para los granos se podrían sumar 14 millones de toneladas adicionales al año, mientras que el aumento del transporte en barcazas fluviales generaría otros 3,5 millones de toneladas adicionales al año. “El actual entorno de políticas macroeconómicas conduce a una estructura productiva que no responde a las señales de precios internacionales, a las condiciones climáticas y del suelo, ni a la tecnología disponible”, indicó el BM.
El informe resaltó que “los múltiples tipos de cambio, distintos en las diferentes cadenas de valor agroalimentarias podrían ser incluso más perjudiciales que los impuestos explícitos, ya que son menos transparentes y, en cierto modo, más distorsivos y ad hoc”.
En este contexto, el BM planteó que, con un entorno normativo adecuado, el sector agroalimentario podría convertirse en un importante motor de crecimiento y prosperidad compartida tanto para el desarrollo regional como para la economía argentina en su conjunto. “Esto requeriría acciones en varios niveles y en diferentes escalas de tiempo,” explicó.
Destacó la necesidad de reducir las limitaciones normativas, con énfasis en la reducción de los impuestos a las exportaciones. “Reducir las limitaciones normativas que pesan sobre el sector agroalimentario de manera fiscalmente responsable, sobre todo los impuestos a las exportaciones” es esencial para estimular el crecimiento. También habló de desarrollar políticas para el sector agroalimentario que sean socialmente inclusivas, promoviendo una distribución equitativa de los recursos y oportunidades para todas las partes interesadas.
Por último, el reporte habló de implementar medidas para aumentar la resiliencia del sector agroalimentario, asegurando que contribuya tanto a los objetivos nacionales como a los globales de sostenibilidad.
Vale recordar que, si bien no bajó las retenciones, el gobierno de Javier Milei desde que asumió eliminó trabas para exportar en carne, maíz y trigo. También avanzó en una desburocratización de normativas que impactaban sobre la actividad agropecuaria. Bajó trámites y requisitos para la producción.
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