El Gobierno creará una comisión para auditar el trigo transgénico

El Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura de la Nación, creará una “Comisión de Auditoría de trigo HB4″, el cereal transgénico tolerante a sequía aprobado en el país de manera condicional a la espera de una autorización de Brasil, el mayor comprador del cereal. La Comisión de Auditoría funcionará en el ámbito de la Dirección de Fiscalización de la Dirección Nacional de Articulación Federal del Inase.

LA NACION accedió a la resolución que implementará ese mecanismo. Hace unos días, los exportadores ligados al Centro de Exportadores de Cereales (CEC) requirieron saber ante Agricultura medidas de control de cara a la cosecha para evitar cualquier tipo de cruce con el cereal convencional. El cereal transgénico está sembrado en unas 55.000 hectáreas que la firma Bioceres lleva adelante como parte de su proyecto para el cultivo con un modelo propio de negocio.

En una nota a los exportadores, Marcelo Alós, secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional le había anticipado al sector que se iba a requerir “la declaración del total de trigo a cosechar”, “la cantidad del mismo destinado a ser almacenado como semilla hasta tanto pueda ser comercializado”, “brindar la información georeferenciada de los lugares, la forma y las cantidades almacenadas. Junto a esta información requerir las medidas de seguridad que garanticen el resguardo del trigo almacenado”. También indicó, entre otros puntos, que “el trigo almacenado bajo estas condiciones, superado un tiempo deberá ser destruido en su poder germinativo”.

“El titular del material de propagación de la especie Trigo que contenga el evento biotecnológico IND-ØØ412-7, conocido comercialmente como “HB4″, deberá informar a la Comisión, dentro de los cinco (5) días de vigencia de la presente norma, el inventario actual de existencias en cada una de las plantas de procesamiento y/o lugares de almacenamiento con georreferencia de su ubicación. Deberá informar material clasificado, no clasificado, descartes y materiales de purga”, señala la resolución que se formalizará en el Boletín Oficial.

Después se consigna, en el artículo 3, que “del material informado, el titular queda autorizado a conservar hasta un veinte por ciento (20%) en calidad de “semilla”, debiendo identificar, en este caso, lugar de almacenamiento y condiciones del mismo, a fin de permitir su control y verificación”.

“Todo material que no se encuentre incluido en el artículo que antecede, deberá ser desactivado en su poder germinativo y/o procesado, debiendo informarse a la comisión el lugar de procesamiento, cronograma de trabajo y destino del mismo, en un plazo que no exceda de los diez (10) días desde la vigencia de la presente norma”, agrega en el artículo 4.

Respecto de la campaña 2021/2022, se consigna que “deberá entregar en el plazo de cinco (5) días de publicada la presente norma, el inventario definitivo de los establecimientos sembrados, superficie de cada lote y correspondiente polígono georreferenciado, datos completos de los responsables de cada establecimiento y contratos de siembra correspondientes”.

Según se indica, la empresa deberá presentar un cronograma de cosecha. Por otra parte, se señala en el artículo 10: “Autorízase la conservación de hasta la mitad del volumen cosechado en la Campaña Agrícola 2021/2022, como material de propagación, debiendo disponer el procesamiento con pérdida de poder germinativo y destino final del restante e informarlo a la Comisión...”

Ante una consulta de LA NACION sobre la medida, en Bioceres respondieron: “Vemos con buenos ojos que haya una comisión encargada de esto para atender las preocupaciones de la cadena”.

Los fundamentos de la resolución oficial son breves. Más allá de las descripciones generales, se consigna: “Que, en apoyo a los desarrollos tecnológicos nacionales y a la biotecnología como herramienta fundamental para el avance del sector agrícola argentino, resulta oportuno tomar medidas superadoras de auditoría”.

Ayer, en tanto, se conoció una carta de la Federación de Acopiadores de Granos, dirigida al presidente Alberto Fernández, expresando preocupaciones de la entidad por “el riesgo comercial que implica para la cadena de producción triguera, y para la economía argentina, la aprobación comercial del trigo transgénico”, según dice el comunicado de la entidad.

“En los 20 meses de gestión no logramos alcanzar un diálogo franco con los funcionarios del Ministerio de Agricultura sobre los peligros que acarrearía la presencia de trigo o harina transgénicos en el complejo exportador. Cada vez que intentamos manifestarlo nos responden que están a favor de la innovación tecnológica, tema que no está en debate ya que la cadena agropecuaria es una firme defensora de esa posición”, dice un fragmento de la carta. Entre otras cosas, los acopiadores señalan que Abitrigo, la entidad que agrupa los molinos brasileños, expresó su rechazo a la compra del cereal transgénico si se aprueba en Brasil.

Tras conocerse la carta de Acopiadores, en Bioceres indicaron que mantienen “diálogos con el sector exportador y molinero desde hace años”. Añadieron: “Siempre estamos a disposición para colaborar con las autoridades nacionales y provinciales”.

En tanto, recientemente, Argentrigo, que agrupa a la cadena del cereal, le solicitó una reunión al ministro de Agricultura Julián Domínguez o a quien el funcionario designe.

“Ante la inminencia de la próxima cosecha de trigo en el país, considerando el volumen de área del evento de referencia y sabiendo que (al menos hasta el día de hoy) su habilitación definitiva aún está condicionada a la aprobación de CTN–Bio de Brasil, la cadena de trigo entiende que es necesaria la toma de conciencia dentro del sector para que cada cual, en el rol que le corresponda, colabore en el manejo de cosecha, pos cosecha, transporte y disposición final, para la adecuada preservación de identidad del trigo HB4 a cosechar”, dice la carta de Argentrigo.

Por Fernando Bertello

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