El rostro menos evidente de la presión impositiva sobre la producción

La presión impositiva de los estados sigue siendo una de las principales limitantes de la producción agropecuaria. Esto quedó reflejado en los últimos días con la continuidad de asambleas organizadas por las asociaciones y sociedades rurales bonaerenses en reclamo de los aumentos del inmobiliario rural por encima de lo anunciado por el gobierno de Axel Kicillof.

El malestar llevó al consejo directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a instar a realizar más asambleas regionales con vistas a concretar una reunión en La Plata (no se la llama marcha) el mes próximo, en una fecha por definir.

La entidad ruralista reclama, entre otros puntos, “la restitución de los descuentos unilateralmente eliminados para el 2024, como el de buen contribuyente y de adhesión al débito automático, y retrotraerse al estado de la misma en el 2023; respetar el tope aprobado por la legislatura bonaerense de un aumento del 200%, donde el contribuyente no debe pagar más del 200% entre las boletas del 2023 y del 2024; determinar un tope a las parcelas cuya base imponible supere los 198.900.900 pesos y rever los fuertes incrementos expresados en el impuesto Inmobiliario complementario”.

Al mismo tiempo, alienta a los productores a seguir la vía judicial y pide al Poder Legislativo que también actúe en favor de la producción.

Para Carbap, “si hay que elegir entre producir y pagar impuestos abusivos, el productor elegirá siempre producir”. No se alienta explícitamente a la “rebelión fiscal” como propuso el diputado José Luis Espert, recientemente incorporado a La Libertad Avanza, pero deja en claro que la presión impositiva tiene un límite.

También se sumó a las críticas el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien destacó que “las subas indiscriminadas en el inmobiliario rural y los aumentos en tasas municipales con incrementos superiores a la inflación, sumado a la creación de nuevos tributos deterioran las ganas de invertir y producir”.

El gobierno bonaerense, hasta el momento, considera que las cuentas están bien hechas y no parece tener intenciones de modificar los incrementos que, en algunos casos, llegan al 500%, lo que supera el tope de 200% anunciado, a lo que se suma el agregado del complementario y la eliminación de las bonificaciones por cumplimiento y pago electrónico.

El presidente Javier Milei se sumó a las críticas de los productores y, fiel a su estilo, redobló la apuesta: convocó a la rebelión fiscal. Ya en diciembre pasado, cuando la Legislatura bonaerense, con el apoyo de la oposición, votó el paquete fiscal enviado por el gobernador Kicillof, Milei criticó a los legisladores. “El problema no son las formas. Es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor. Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente”, había expresado en el momento que se originó el problema que ahora se convirtió en conflicto.

Sin embargo, el gobierno nacional aún no redujo la presión impositiva que ahoga a la producción pese a que el propio Milei, en campaña electoral, consideró confiscatorio a los derechos de exportación. El argumento es que todavía se mantiene la emergencia. Rebelarse contra las retenciones es más complicado.

Politizada o no, la presión impositiva muestra su peor rostro de forma invisible: es cuando se expresa en las decisiones de inversión. Cuando la rentabilidad es insuficiente o directamente ausente ¿para qué sirve invertir en un equipo de riego?, ¿vale la pena fertilizar los cultivos con las dosis recomendadas para obtener el máximo potencial de rendimiento de los cultivos? ¿conviene cambiar la maquinaria agrícola? Son interrogantes que reciben como respuesta una negativa cuando el Estado se sigue llevando uno de cada tres camiones de soja que se envían al puerto, por ejemplo.

Claro, no es este gobierno, que lleva apenas cien días en la Casa Rosada, el que impuso este modelo. Cuando en 2002 se volvieron a incrementar los derechos de exportación se dio pie a que el Estado capturara sin culpas unos US$200.000 millones en más de 20 años, de acuerdo con cálculos de la Fundación Producir Conservando. Este monto, como se sabe, debió haber vuelto a los lugares de origen, no administrados por los gobiernos provinciales sino por quien lo generó: el sector privado. Alcanza con comparar el desarrollo que lograron las ciudades del interior de Brasil con la expansión de la agricultura, sin que Brasilia capturara la renta de los productores. Ese es un modelo para imitar.