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Elecciones. Las organizaciones de la agricultura familiar hicieron sus propuestas para los candidatos
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En pleno proceso electoral nacional, y así como lo hizo recientemente la Mesa de Enlace, que analizó la coyuntura del sector y presentó sus propuestas para los candidatos, referentes de organizaciones de la agricultora familiar y campesina contaron a LA NACION la situación que hoy atraviesa el sector y las medidas que consideran necesarias en un nuevo gobierno para fomentar la producción en este segmento el más pobre del campo pero que aporta, según lo destacaron, más del 60% de los alimentos frescos que a diario llegan a la mesa de los consumidores argentinos.
"La política de Cambiemos ha sido de carácter destructiva para la agricultura familiar y campesina. Por un lado, desregularon las importaciones de productos alimenticios, muchos de los cuales tienen fuertes subsidios en los países de origen, y por el otro, subieron los costos de producción y de comercialización locales mediante los tarifazos, en medio de un proceso de fuerte devaluación de la moneda local y de inflación", explicó desde Mendoza Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), una organización con presencia en 11 provincias e integrada por unas 10.000 familias campesinas.
Añadió que esta combinación perjudica doblemente al sector, porque encarece la producción y porque golpea al consumo interno, que es el principal destino de los alimentos originados por la agricultura familiar.
Para Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que tiene presencia en 14 provincias y que está integrada por aproximadamente 16.000 productores, "el Gobierno desconoce a la agricultura familiar y campesina como un sector productivo. Por eso desmanteló las estructuras del Estado que la fomentaban y quitó derechos, como el monotributo social agropecuario (MSA). Al mismo tiempo, construyó políticas que garantizan las condiciones para la mayor renta de los sectores concentrados. Esto destruye economías regionales y concentra la economía en el campo. Esta es una gestión que va directamente en contra de nuestro sector".
En el mismo sentido, para Lautaro Leveratto, referente de la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), con presencia en 20 provincias e integrada por cerca de 20.000 pequeños productores, "el Gobierno no solo no nos reconoce como proveedores de más del 60% de los alimentos frescos que se consumen en todos los hogares del país, sino que deliberadamente atenta contra nuestro sector, por ejemplo, con la eliminación del MSA, herramienta que nos permitía acceder a nuestros derechos laborales y a una cobertura de salud".
Con un fuerte impulso a la agroecología como una opción que consideran superadora para producir alimentos, la agricultura familiar, campesina e indígena comprende una amplia oferta de productos y de actividades, entre ellas: hortalizas y frutas; miel; ganadería en baja escala de bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y aves de corral; pesca artesanal, y artesanías regionales. Y agrega valor a muchas de estas materias primas al generar dulces, tomates triturados y salsas, quesos, embutidos, vino y jugos.
Los tres consultados coincidieron al señalar que hoy la situación del sector es "peor" que la vigente en 2015. "A las problemáticas estructurales, como el acceso a la tierra propia, se le sumaron la ausencia de políticas públicas para el sector", dijo Levaggi.
Por su parte, Montón agregó que en estos años "se desmantelaron programas orientados a acompañar y a fortalecer la agricultura familiar y campesina, tanto en el INTA, el INTI y en el Senasa, como en la desguazada Secretaría de Agricultura Familiar". Lamentó que la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar sancionada a fines de 2014 aún no haya sido reglamentada.
"Durante la actual gestión no hubo ni una sola política destinada a la agricultura familiar, más allá de programas residuales del gobierno anterior que, incluso, vieron cercenado en un 80% su presupuesto entre 2018 y 2019. Hoy vemos a medianos productores ganaderos, caprinos y pescadores artesanales, que no se consideraban como sujetos excluidos, acercarse a nuestras organizaciones por la difícil situación que atraviesan las economías regionales", aseguró Leveratto.
En ocasión del despido de 150 técnicos y técnicas de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, en mayo de 2018, Santiago Hardie, responsable del área, criticó a la gestión anterior y dijo a LA NACION: "Durante todos esos años, con tanta gente, con tantos técnicos, yo no vi que el sector de la agricultura familiar haya estado en mejores situaciones; ni siquiera podemos medirlo, no sabemos si las políticas aplicadas tuvieron valor. Todo lo que vos crees, o lo que ellos creen, que vienen trabajando bien, es muy relativo".
Foro nacional y propuestas
Fue en el reconocimiento de sus problemáticas crecientes que en mayo pasado más de 80 organizaciones relacionadas con la agricultura familiar, campesina e indígena concretaron en el microestadio de Ferro el 1er. Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, en el que participaron más de 4000 pequeños productores. Allí se evaluó la situación del sector y se formularon líneas de acción y propuestas para elevar a los candidatos.
"En el Foro se construyeron propuestas de programas de acceso a la tierra; políticas de comercialización directa entre productores y consumidores; acceso al crédito productivo, y mejoramiento de infraestructura agropecuaria, entre otras. Sin una política pública integral que contemple toda la cadena productiva y la necesidad de privilegiar el valor social de nuestro trabajo, que es el alimento de nuestro pueblo, nuestro sector está condenado a la pobreza y a la explotación", explicó Leveratto.
Y contó que desde el MTE están impulsando una ley de protección de los cinturones hortícolas. "Alrededor de todas las grandes ciudades del país se encuentran zonas productivas donde se genera la mayor cantidad de las hortalizas que consumimos. Estos cinturones no solo proveen alimentos sanos y frescos, con bajos costos y tiempo de distribución, sino que también proveen aire puro y conservan los recursos naturales alrededor de las grandes urbes. Pero hoy, estos grandes espacios se ven amenazados por la creciente especulación inmobiliaria. Es por eso que necesitamos una ley que ponga por encima de todos los intereses el beneficio supremo del buen vivir de la sociedad en general. Necesitamos proteger estas zonas porque de ellas depende el alimento y buena parte de la salud de nuestras ciudades".
Montón, que como referente del MNCI es miembro del colectivo internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina, destacó que, de manera integrada, las organizaciones vienen trabajando en diversas ideas fuerza para que la agricultura familiar sea reconocida por su capacidad de producción de alimentos sanos y locales; por la generación de trabajo en el campo, y por el arraigo que la misma genera en los pueblos.
"Es indispensable estructurar políticas públicas para que todo este trabajo y toda esta producción se distribuya más equitativamente y no como ahora, que las ganancias quedan en el sector más concentrado de la agroindustria y de los supermercados. En ese sentido, resulta fundamental recuperar el diálogo y la participación de las organizaciones del sector con el Gobierno y con los ministerios relacionados", reclamó el dirigente.
También pidió a las diversas fuerzas políticas generar instrumentos para lograr cadenas cortas de comercialización y así lograr precios justos para el consumidor y para el productor, como así también "retomar el desarrollo de tecnología apropiada para los diversos sectores de la agricultura familiar, desde el riego presurizado, el laboreo del suelo y la producción en viveros, hasta las maquinarias para la elaboración de chacinados, conservas y jugos, como tiempo atrás veníamos trabajando junto con el INTI y con el INTA. Solo de esa forma se logrará agregar valor, con agroindustrias locales y cooperativas que permitan capitalizar a las familias del campo", dijo Montón.
Como resultado del Foro, Levaggi destacó que se construyó un programa con acciones concretas para "generar el fomento de la agricultura familiar y campesina", que fue presentado a los distintos sectores que se presentan en las elecciones. Entre las principales propuestas destacó:
- Participación de las organizaciones de pequeños productores, campesinos y pueblos originarios en la toma de decisiones en los organismos del Estado implicados en la producción agraria (nacional, provincial y municipal).
- Reglamentación, financiamiento y aplicación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
- Promoción de la agroecología con políticas activas y limitación de la aplicación de agroquímicos en todo el territorio nacional.
- Fortalecer la producción local de insumos y de semillas, sin precios dolarizados.
- Rechazo del actual proyecto de ley de semillas impulsado por el Gobierno e impulso al proyecto de Ley Semillas Nº 5913 de 2018 construido por las organizaciones del sector.
- Cupos de compras públicas a la agricultura familiar, campesina e indígena, a pymes y cooperativas que agregan valor en origen.
- Establecimiento de mercados locales, ferias y otros circuitos cortos de comercialización y de vinculación directa del productor con el consumidor.
- Garantizar en forma urgente la accesibilidad de la población a los alimentos a bajo costo, mediante la promoción de pequeños emprendimientos e industrias locales.
- Plan nacional de caminos rurales y obras hídricas para garantizar la circulación vehicular y el acceso al agua.
- Políticas impositivas segmentadas según superficie y producción.
“La implementación de estas y del resto de las propuestas surgidas durante el Foro e incluidas en el trabajo que está a disposición de todos los candidatos a cargos electivos debe tender a igualar las oportunidades en el sector rural”, concluyó Levaggi.
