Referentes del financiamiento bancario, de organismos multilaterales y de las principales compañías del sector señalaron que, con reglas claras y previsibilidad, el país tiene una ventana histórica para recuperar el terreno perdido frente a Brasil y atraer divisas hacia la producción
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El campo argentino cuenta con recursos naturales, capital humano y tecnología de punta, pero durante las últimas dos décadas quedó relegado en el mapa de las grandes inversiones globales por la falta de previsibilidad macroeconómica, los controles de cambios y la presión impositiva. Ese fue el diagnóstico central del panel “Inversión en el agro: ¿qué falta para que el capital entre al agro?”, realizado en el marco del encuentro Capital Agro Day que organizó Itatí Agroinversiones en el auditorio del Banco Macro.
Durante la charla, de la que participaron representantes de Cresud, Adecoagro, BID Invest y Banco Macro y bajo la moderación de Iván Ordóñez (Ucema / Cippec), se planteó el problema.
Desde la óptica del mercado de capitales, Santiago Donato, gerente de Relación con Inversores, Relaciones Institucionales y ESG de Cresud, recordó que hace 15 años la Argentina y Brasil producían volúmenes similares de soja, pero hoy el país vecino triplica la cosecha local pese a contar con suelos más pobres y mayores requerimientos de fertilización. “El mercado financiero e institucional todavía mira con cautela porque cada dos años hay elecciones y se pregunta si este rumbo económico se va a convalidar”, señaló.
Donato explicó que, en sus reuniones con inversores extranjeros, el 80% de la conversación pasa por el riesgo macroeconómico y el rumbo del país antes de analizar el negocio agrícola puntual. Sin embargo, destacó que empieza a percibirse un mayor interés por el equity (acciones) y por los activos reales: “El valor de la tierra en la Argentina quedó completamente desacoplado del boom de commodities post pandemia y hoy aparece barata en términos relativos; si se avanza en la baja de retenciones, la eliminación total de controles y la flexibilización de la Ley de Tierras, el potencial de suba (upside) es enorme”.

Por su parte, Alejandro López Moriena, director de Sustentabilidad de Adecoagro —compañía que recientemente incorporó a Tether como accionista relevante y adquirió Profertil—, subrayó que la tesis de inversión de la firma en sus 25 años de historia siempre se basó en la “eficiencia estructural” y la mirada de largo plazo, más allá de los vaivenes coyunturales.
“Hoy somos una compañía 80% industrial y 20% agropecuaria, con marcas propias en consumo masivo y presencia en leche, arroz, maní y generación eléctrica”, detalló López Moriena. Sobre el ingreso en el negocio de los fertilizantes, explicó que responde a una ventaja competitiva genuina del país: “Vaca Muerta ofrece gas eficiente y barato, que representa el 60% del costo de la urea; nos integramos donde vemos que podemos agregar valor real a lo largo de la cadena”. Asimismo, remarcó que la sustentabilidad y la trazabilidad dejaron de ser exigencias teóricas para convertirse en una condición indispensable de acceso a mercados y de rentabilidad.
El rol de los organismos internacionales fue abordado por Carina Pasut, senior Investment Officer – Corporates de BID Invest, quien destacó el fuerte interés de la institución en el sector privado argentino, respaldado por un paquete de financiamiento proyectado en torno a los US$2000 millones. Pasut indicó que, para mitigar la volatilidad climática propia del agro, el banco incorpora cláusulas flexibles de refinanciación y amortización, además de exigir estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que hoy funcionan como pasaporte para exportar a destinos exigentes como Europa.

Sobre los requisitos ambientales y de trazabilidad como condición de acceso, señaló: “La trazabilidad, la biodiversidad y los temas sociales ya no pasan por la necesidad de un cliente en particular, sino por la necesidad de los mercados; hoy tal vez sea solo en Europa, pero el resto de los destinos van a empezar a exigirlos como condición para poder acceder”.
Dado que el organismo no puede operar de forma directa con productores individuales por escala operativa, canaliza los fondos a través de empresas ancla o de la banca comercial. Un ejemplo reciente es la línea de hasta US$200 millones aprobada para Banco Macro, orientada a pymes con tickets promedio de entre US$50.000 y US$130.000.
Al respecto, Federico Taffarel, gerente de Banco Macro Agro, analizó la transformación del crédito local. Históricamente, el 70% del financiamiento al productor provenía del canal comercial (insumos y acopios) y el 30% de los bancos. “En los últimos dos años las empresas de insumos se retrajeron y los bancos salimos a ocupar ese espacio apoyándonos en las fintech y plataformas digitales como puente para estar en el momento en que el productor decide la compra”, explicó.

Finalmente, Taffarel celebró la modernización y digitalización del régimen de warrants, que redujo costos operativos y dinamizó su uso como garantía, aunque planteó el desafío de avanzar hacia instrumentos similares a la Cédula de Producto Rural (CPR) de Brasil —que permite garantizar créditos con cultivos en pie o hacienda—, advirtiendo que en la Argentina aún requiere resolver aspectos legales vinculados a que cerca del 70% de la agricultura se realiza sobre campos arrendados.



