INTA: el Gobierno prevé destinar $101.717 millones para retiros voluntarios
El plan apunta a una adhesión del 20% del personal (950 agentes) y será tratado este jueves por el Consejo Directivo en medio de cuestionamientos por el cálculo de la antigüedad
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LA NACION Belkis Martínez
Después de dos meses de idas y vueltas, el Gobierno tiene estimado el monto que destinará del presupuesto para avanzar con el nuevo régimen de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del proceso de reestructuración que atraviesa el organismo y a la espera de una definición clave del Consejo Directivo prevista para este jueves. Está dentro del temario. El esquema contempla una adhesión estimada del 20% de la dotación —unos 950 agentes— y un costo total que asciende a $101.717 millones, en función de la aplicación del beneficio y de la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para su financiamiento.
La propuesta alcanza al personal de planta permanente con al menos tres años de antigüedad y establece el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del agente. “La gratificación extraordinaria de egreso será abonada en un sólo pago, dentro de los treinta días de la fecha de cese, de conformidad con la normativa fiscal y previsional vigente”, se desprende del informe que será tratado en la reunión del Consejo Directivo que se hará mañana.
Según pudo saber LA NACION, la preocupación de los trabajadores radica en que sigue vigente la propuesta de no considerar en la antigüedad los años de Planta No Permanente (PNP), es decir, la Planta Transitoria, lo que impactaría en la adhesión de la cantidad de trabajadores que adhieran al régimen. El INTA tiene alrededor de 5750 empleados actualmente.
El organismo estimó que, si el 20% de la dotación alcanzada (unos 950 agentes) adhiere al programa, el costo total de la medida —considerando los incrementos salariales aplicados hasta mayo de 2026— ascendería a $101.717.324.723,32, según cálculos de la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración.
En función de ese escenario, la Gerencia de Presupuesto y Finanzas informó que ya se tramita una ampliación de créditos para cubrir el gasto dentro del presupuesto 2026. En paralelo, el análisis interno sobre el programa de retiros voluntarios proyecta que la gratificación extraordinaria por egreso para esos 950 agentes representaría alrededor de $45.900 millones.
“Respecto del cálculo de la antigüedad el proyecto prevé que el tiempo de desempeño como becario no será computable a los efectos de la determinación de la gratificación prevista en el Régimen impulsado. De igual modo, no será computable el tiempo de servicio en las categorías comprendidas en la Ley N° 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional que hubiera sido previamente indemnizado por un retiro voluntario anterior u otra desvinculación que hubiera dado lugar al pago de una indemnización o compensación económica por extinción del vínculo", señala el informe.
En ese contexto, una versión que circula entre pasillos indica que el INTA, a través de la Fundación ArgenINTA, podría abonar la diferencia correspondiente a esos años no computados, aunque hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre su implementación. Una fuente señaló que no se ha tratado.
El pago se realizaría en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese, mientras que la adhesión implicará la desvinculación del organismo desde el 15 de junio de 2026 y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años. Quienes tengan hijos con beneficio de guardería y maternal, mantendrán el derecho de accesibilidad a dichos establecimientos hasta la finalización del ciclo lectivo del corriente año.
Por otra parte, indicaron que el régimen se inscribe en una estrategia oficial orientada a la renovación del capital humano y a la adecuación de la estructura del INTA a nuevas demandas tecnológicas y territoriales, en línea con los cambios que el organismo viene atravesando en los últimos meses.
Desde el entorno laboral aclararon a este medio que “la adhesión al régimen dependerá de las condiciones finales que se definan”, y que, en caso de “no resultar conveniente, el personal podría optar por no adherir”.
Como antecedente, contaron que el último retiro voluntario aplicado en el organismo, dos años atrás, sí contempló la antigüedad total —incluyendo períodos en modalidades no permanentes—, un punto que vuelve a escena en la previa de la reunión del Consejo Directivo, integrado por representantes del sector público, entidades del agro y universidades.
En los gremios indicaron que el retiro voluntario “configura un despido encubierto” y que “apunta a desmantelar el INTA”; no obstante, señalaron que, de concretarse la medida, buscarán que las condiciones sean “lo más beneficiosas posible” para los trabajadores
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