La Argentina busca frenar la norma que perjudicaría exportaciones millonarias al mercado europeo
Antes del 10 de agosto, el Parlamento de la UE votará una propuesta que equipara la soja con el aceite de palma por fomentar la deforestación; la cuota argentina de biodiésel habilita ventas por hasta US$1400 millones anuales; funcionarios y empresarios viajan a incidir en la decisión
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LA NACIONSofía Diamante
BRUSELAS.– Tres meses de intensas negociaciones en el Parlamento Europeo mantienen en vilo a los productores de soja de la Argentina. Esta ciudad, donde se toman las decisiones que rigen sobre los 27 estados miembros de la Unión Europea y sus 450 millones de habitantes, es también la capital del lobby. En las últimas semanas, funcionarios argentinos viajaron hasta aquí y en los próximos días llegarán representantes del sector privado con una misión concreta: incidir en el futuro de un sector exportador que podría generar divisas por US$1400 millones al año.
El motivo es una propuesta de la Comisión Europea –el Poder Ejecutivo del bloque– que dejaría al biodiésel de soja argentino fuera del mercado europeo. Antes del 10 de agosto, el Parlamento deberá decidir si la acepta o la rechaza. Hay en juego US$1400 millones anuales si el país cubriera la cuota de 1,2 millones de toneladas que tiene asignada; al momento exporta por US$400 millones.
El 10 de abril, la Comisión propuso que los biocombustibles fabricados a base de soja dejen de computar para los objetivos de descarbonización del bloque, la misma decisión que tomó en 2019 con el aceite de palma. El argumento es que la expansión global del cultivo avanza sobre bosques y otras tierras que almacenan carbono, por lo que creen que, al desincentivar la compra de biocombustibles de soja, podrían ayudar a reducir la deforestación.
La medida no es una prohibición: la Unión Europea (UE) no bloqueará el ingreso del biodiésel de soja —que se usa, mezclado con el gasoil tradicional, en el transporte terrestre y la maquinaria agrícola y de carga—, pero le quitará el incentivo que sostiene su demanda. Como los países europeos compran biocombustibles para cumplir sus metas de energías renovables, un combustible que no suma para esos objetivos pierde su mercado. La norma prevé una reducción gradual que aplicaría completamente a partir de 2030.
Para la Argentina, el golpe es directo. El año pasado se exportaron a la UE 280.000 toneladas de biodiésel por unos US$350 millones, más 45.000 toneladas de aceite de soja para uso industrial por otros US$50 millones, según la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). La UE es el único destino de exportación del sector. La harina de soja, el principal producto de exportación del país, no está alcanzada.
Lo que más molesta a la industria local es la metodología: la Comisión midió la expansión del cultivo de manera global, y no país por país, lo cual perjudica a la Argentina, donde la superficie sembrada con soja cae desde hace más de una década.
“El cambio indirecto del uso del suelo es un concepto teórico, de escritorio, muy alejado de la realidad, que implica dejar afuera a la soja como materia prima para biocombustibles”, dijo a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, que llega este fin de semana a Bruselas y el lunes mantendrá reuniones bilaterales con la Comisión Europea. “Estamos coordinando con la industria europea para tratar de bloquear todo este proceso y revertir esta decisión”, agregó.
El reclamo excede al biodiésel que hoy cruza el Atlántico. “Va en contra del futuro de los biocombustibles, que son los de aviación civil, el gran desafío de nuestra industria para alimentar a los aviones. Si Europa quita la soja ahora, tampoco podríamos abastecer a las aerolíneas y habría que ir a otros cultivos, como camelina, carinata y colza, pero con una superficie menor”, advirtió Idígoras. El impacto alcanza, además, a Estados Unidos y Brasil, que venden soja que luego se procesa en Europa para fabricar combustible.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, también viajó a Bruselas en las últimas semanas para tratar este tema.
El antecedente del aceite de palma
La historia comenzó en 2019, cuando la agenda verde ganó fuerza en el Parlamento Europeo y el bloque determinó que el aceite de palma —producido principalmente en Malasia e Indonesia— fomentaba la deforestación. Ambos países protestaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por considerarlo una barrera comercial encubierta. La normativa obligaba a actualizar los datos para determinar qué otros cultivos ingresaban en la categoría. De esa revisión, sometida a consulta pública entre enero y febrero de este año, surgió la incorporación de la soja.
Ahora la definición está en manos del Consejo y del Parlamento, con sus 720 legisladores, que solo pueden aceptar o rechazar el texto antes del 10 de agosto. Según fuentes consultadas por LA NACION, la votación se anticipa pareja: el centroderecha europeo se inclina por rechazar la propuesta y países productores, como Austria y Rumania, también se verían afectados.
Aun así, dado que Europa no tiene un gran polo de producción de biocombustibles de soja y prioriza descarbonizar con renovables y energía nuclear, el camino natural sería la aprobación, señalaron las mismas fuentes. De hecho, algunos países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y España han excluido de sus programas de apoyo nacional la compra de biocombustibles a base de soja.
Queda una ventana abierta: en la Dirección General de Energía, un equipo técnico analiza cómo certificar la producción de biocombustibles a base de soja de bajo riesgo, un esquema que hasta ahora solo contemplaba al aceite de palma. La propia norma prevé revisar, hacia fines de 2026, el marco de certificación, y la Comisión podrá examinar la idoneidad de enfoques regionales, una alternativa que surgió de la consulta pública y que beneficiaría a la Argentina por la caída de su superficie sembrada.
El trasfondo excede al biodiésel. El 99% de la soja mundial se destina a la alimentación, no a los combustibles, y la apuesta europea es avanzar hacia los biocombustibles de segunda generación, producidos a partir de residuos orgánicos —aceites usados de cocina, desechos agrícolas o ganaderos, biomasa forestal— en lugar de los de primera generación, fabricados a base de alimentos. La lista de lo que califica como segunda generación también será actualizada.
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