La Pampa: alertan que una ley saca de producción el 10% del área agrícola

Cada vez más se restringen las hectáreas para producir por nuevas restricciones a la aplicación de agroquímicos. Ahora, como lo hicieron otras provincias y municipios, La Pampa, sancionó la ley de "Gestión Integral de Plaguicidas", a propuesta del Poder Ejecutivo provincial, que limita las pulverizaciones. Según los productores, dejaría un total de 210.000 hectáreas improductivas. Es el 10% del área agrícola de la provincia.

La normativa regula las distancias que se deben dejar libre de aplicación de fitosanitarios en los límites de los poblados y cursos de agua. Las restricciones son de 500 metros en las aplicaciones terrestres y 3000 metros en las aplicaciones aéreas. Dicho condicionamiento afectaría a 40.000 hectáreas por aplicaciones terrestres y llegaría a 210.000 hectáreas si se suman los 3000 metros restringidos por aeroaplicaciones.

En diálogo con LA NACION, Jorge Arocena, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo que no están en contra de la ley sino de los fundamentos que se han usados para justificar dicha normativa.

"No se basaron en ningún estudio probatorio. Nosotros les alcanzamos argumentos y la manera de realizar las aplicaciones. Incluso años atrás, en el aeroclub de General Pico hicimos pruebas y demostraciones con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en las que participó el Ministerio de la Producción donde se llegó a verificaciones y comprobaciones donde la deriva en aplicaciones terrestres fue de nueve metros y en aéreas de 40 metros", indicó.

En este contexto, Carbap, a través de un comunicado, rechazó que "sin fundamentos claros ni criterios aplicados para determinar dichas distancias" y "desconociendo las tecnologías disponibles en la actualidad para impedir pulverizaciones con condiciones climáticas adversas" se hayan puesto restricciones.

"Desde la Subsecretaria de Ambiente de La Pampa han propuesto que la provincia se pegué un tiro en el pie al quitar de producción el 10% del área agrícola de la provincia y comprometer condicionando a autorizaciones municipales un 40% de la misma", añadieron en la entidad.

Asimismo, señalaron que "la imposibilidad de controlar a los que hacen mal las cosas, ha llevado a al Estado provincial a prohibir por prohibir , sin considerar las consecuencias productivas".

"La Pampa necesita una ley que, sin desalentar ni disminuir la producción, prevenga la salud humana y ambiental", puntualizaron.

Según contó Arocena, años atrás se creó la Cámara Provincial de Sanidad Vegetal (Caprove) donde estaban organismos como el Senasa y el INTA, con el objetivo de hacer un proyecto de aplicación de fitosanitarios que "funcionó muy bien mientras estuvo en vigencia".

El dirigente indicó que puede comprometerse la producción de girasol, que requiere de aplicaciones aéreas cuando la planta tiene un mayor crecimiento. "La disminución de hectáreas de girasol va a ser considerable en la provincia. Tenemos la esperanza que en la reglamentación se puedan rever y corregir errores de la normativa", indicó.

LA NACION intentó comunicarse con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia, Alexis Benini, pero no tuvo respuesta.