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La soja que no da empleo y los juegos de suma cero
Cuando las papas queman, que para la gobernabilidad argentina es el momento en el que el Banco Central se va quedando sin reservas, los funcionarios económicos preguntan por la soja. Que cómo viene la cosecha, que cómo están vendiendo los productores o cuáles son los números de la liquidación de divisas de los exportadores. Pero cuando se trata de congraciarse con una parte de sus votantes, la soja es culpable de todo.
Algo así le sucedió al presidente Alberto Fernández la semana pasada cuando justificó la aventura política de Juan Grabois y su "Proyecto Artigas" al intentar tomar el establecimiento Casa Nueva, en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, propiedad de la familia Etchevehere. Terminado el episodio que la Justicia entrerriana definió como usurpación, el Presidente dijo que no le parecía tan mal el proyecto del dirigente social y señaló a la soja como responsable de desemplear gente en los campos y generar "hacinamiento en zonas urbanas".
Casi un mes antes, en plena escalada de la cotización del dólar no oficial, el Gobierno había dispuesto reducir en forma temporal los derechos de exportación de la soja y sus derivados con el propósito de acelerar las ventas de la oleaginosa.
Cualquier especialista en historia económica argentina explicaría que la gran migración del campo a la ciudad comenzó en la década del 40, mucho tiempo antes que la expansión de la soja en la Argentina, a mediados de los años 90. Quizás Fernández también haya olvidado sus tiempos como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Gracias a la suba de los precios internacionales de los granos, fundamentalmente de la soja, su máximo referente político logró la recuperación de la economía tras la crisis de 2001.
Fue la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) quien le recordó al Presidente las cifras sobre lo que representa la oleaginosa en el país. Con datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino (FADA), dijo que las cadenas agroindustriales representan el 22% del empleo privado en el país y que, con 394.000 personas, la cadena de la soja se ubica en el tercer lugar en términos de importancia de empleo en la agroindustria, luego de las cadenas frutihortícolas y bovina. Como si fuera necesario destacarlo, además, las exportaciones de soja –en forma de poroto, harina, aceite y biodiésel- representan el 25% de las ventas externas argentinas. Y gracias al extraordinario desarrollo que ha logrado la soja, hay cada vez más innovaciones y usos. "Los crecientes volúmenes de maíz que venimos generando se acoplan perfectamente con la soja en una situación de ganar-ganar. Esos esfuerzos han llevado a que hoy existan en el país más de 400 unidades instaladas con transformación en lugares de origen que generan miles de puestos de trabajo", escribió Rodolfo Rossi, expresidente de Acsoja y uno de los principales referentes del cultivo en el país, en un artículo publicado en la nacion hace unos años.
Lejos de visión de suma cero, como explican los especialistas, la soja es también ganadería, lechería, maíz, trigo y biocombustibles, entre otros productos del agro.
Esta visión del presidente Fernández, o al menos la que intenta transmitir a una parte de sus partidarios, contrasta con los acuerdos que él mismo habilita con la cadena agroindustrial. Esta semana, el gabinete económico, encabezado por Martín Guzmán, se reunió con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y se comprometió a presentar un proyecto de ley para otorgar estabilidad fiscal y promover la actividad para fines de este mes. Uno de los conceptos sobre los que hubo acuerdo es el de la incrementalidad: la mayor producción tendría una menor carga impositiva y se pondrían en marcha mecanismos para atraer inversiones a partir de beneficios fiscales. Según los propios documentos del CAA, todavía falta definir la "letra chica" del concepto.
Otro de los cambios es la propuesta de una "mesa de cultivos pampeanos". Allí, en el CAA creen que "es importante trabajar sobre el tema derechos de exportación en las cadenas de granos pampeanos en base a propuestas innovadoras". Puede sonar a poco si se espera una reducción de los derechos de exportación o a mucho un avance concreto si la cadena agroindustrial logra alguna modificación sustancial en la negociación.
La evidencia empírica demuestra que cuando se reducen los DEX aumenta la producción y la baja de ingresos fiscales por las menores retenciones se compensa por el aumento de las cosechas. En todo caso, otra vez, el escenario internacional, con la suba del precio de los granos de las últimas semanas, le está ofreciendo al país una nueva oportunidad para tener al campo como eje de la recuperación de la economía. Lejos de los juegos de suma cero, la ganancia puede ser general.
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