Ley de semillas: ruralistas y la industria discutieron cómo definir quiénes quedarían exceptuados de pagar el uso propio

Representantes de las entidades de productores y de la industria semillera volvieron a reunirse para avanzar en la discusión de un eventual nuevo régimen de semillas, en medio del debate que impulsa el Gobierno para actualizar el marco normativo y de la discusión de fondo por una posible adhesión de la Argentina al convenio Upov-91. Esta vez, el encuentro se realizó sin funcionarios nacionales y tuvo como eje central el uso propio de semillas y, particularmente, qué productores quedarían exceptuados de pagar por ese derecho. Los ruralistas coincidieron en que no hubo acuerdos ni definiciones, pero las partes confrontaron las propuestas que vienen elaborando y buscaron precisar las diferencias para intentar acercar posiciones en próximos encuentros antes de volver a reunirse con los funcionarios de la Secretaría de Agricultura.

La reunión fue convocada por la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y participaron representantes de las entidades de la producción que vienen trabajando en una propuesta común. Según explicaron distintas fuentes que estuvieron en el encuentro, la intención fue que cada sector pudiera explicar en detalle su proyecto y responder las dudas de la contraparte.

Entre los temas discutidos estuvieron el uso propio, el alcance de las excepciones, la superficie que debería quedar alcanzada por la gratuidad, la situación particular de distintos cultivos y el esquema de propiedad intelectual.

Uno de los puntos que concentró la discusión fue precisamente cómo determinar qué productores conservarían el uso propio gratuito. Allí aparecieron dos criterios diferentes. Vale recordar que la propuesta elaborada por las entidades rurales había establecido originalmente un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña. La iniciativa de la producción también distingue entre una “superficie base”, definida como la cantidad de hectáreas que pueden sembrarse con la semilla original adquirida legalmente según la densidad declarada para la variedad, y el “uso incremental”, que se produce cuando la semilla de uso propio se utiliza para superar esa superficie. En este último caso, el proyecto establece el pago de un canon por la superficie adicional, incluso para aquellos productores que estén exceptuados del pago del uso propio. Si bien todavía están en debate, se planteó una alternativa basada en deciles de superficie que surgirían de la información del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

“Aún no hubo definiciones sobre lo que se ha trabajado, sino que se presentó lo que cada entidad opina o busca, por ejemplo, en cultivos como soja, arroz o algodón”, explicó Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA). Sarnari señaló que se trató de “una reunión privada para poder avanzar en el uso propio” y sobre los puntos donde todavía persisten diferencias.

El Gobierno aún no convocó a un nuevo encuentro formal, por ende, podría producirse previamente otra reunión entre las entidades y sus equipos técnicos para determinar hasta dónde llegan las coincidencias internas de la producción. Podría ocurrir antes de fin de mes donde se puedan acercar contrapropuestas de las dos partes. “Hay entidades que coinciden cada una en sus puntos y otras que todavía no”, puntualizó.

Para Gustavo Gaich, consejero y técnico de Coninagro, uno de los esquemas presentados en la mesa se aplicaría inicialmente a soja, trigo y arroz y tendría una particularidad: el límite se determinaría para cada cultivo y las superficies no serían acumulativas. Todavía deberá discutirse qué deciles quedarían exceptuados y cuál sería la equivalencia efectiva de ese esquema frente al límite de 500 hectáreas.

Según Gaich, durante el encuentro la producción explicó por qué había elegido originalmente ese límite. Uno de los argumentos fue que la situación del productor argentino no puede compararse directamente con la de agricultores de otros países, entre otras razones por el peso de los derechos de exportación y el régimen económico e impositivo local.

“La posición planteada no implica desconocer el derecho del obtentor ni la necesidad de remunerar la innovación, sino buscar un equilibrio compatible con las condiciones económicas reales de la producción argentina”, explicó.

Las entidades remarcaron que el encuentro de ayer no implicó todavía una negociación entre productores y semilleros, sino una instancia para comprender en profundidad las propuestas que cada sector había elaborado. Por detrás de la discusión sobre las hectáreas aparece otra cuestión sobre la que las entidades de productores mantienen una posición definida: rechazan que el nuevo régimen argentino de semillas se construya dentro del marco de UPOV 91. “Se dejó clara nuestra posición de que UPOV 91 no debe ser el marco sobre el cual se construya el nuevo sistema argentino”, explicó Gaich.

“La reunión fue sin funcionarios, que de alguna manera era lo que habíamos acordado también en la última reunión que tuvimos todos juntos en la Secretaría. Ellos [ASA] hicieron muchas preguntas sobre el proyecto nuestro y nosotros hicimos muchas preguntas sobre el proyecto de ellos”, explicó Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Según Ginestet, la ausencia de funcionarios y el número reducido de participantes permitió discutir los temas de otra manera y resultó más dinámica. No obstante, buscó bajar las expectativas respecto de un eventual acuerdo. “Estamos en el mismo lugar que estábamos hace 10 días, porque esto no fue una negociación todavía. Fue aclararnos dudas de lo que habíamos escrito los dos”, señaló.

Otra fuente que participó del encuentro coincidió en que la reunión permitió “confrontar y sacarnos dudas” y describió el intercambio como “franco”, con la necesidad de reconstruir confianza entre los dos sectores. “Básicamente cada sector presentó el proyecto en el que viene trabajando y conversamos sobre las diferencias y los puntos que eventualmente podrían tener algún grado de coincidencia. Se habló del uso propio, del alcance de las excepciones y de otros aspectos del sistema, pero sin llegar a acuerdos ni definiciones concretas”, señaló.

Por Belkis Martínez

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