
En una entrevista con LA NACION, el candidato opositor en la Sociedad Rural Argentina cuestionó aspectos del proceso electoral en la entidad, denunció falta de transparencia en la gestión del sistema informático y afirmó que la organización atraviesa un proceso de deterioro institucional; habló de un documento inédito firmado con Nicolás Pino, el actual presidente contra quien competirá
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A menos de dos meses de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA), previstas para el 9 de septiembre, la disputa por la conducción de la entidad continúa en un punto álgido. El vicepresidente Marcos Pereda, candidato a presidente por la lista Renovación con Unidad, profundizó sus críticas contra el actual titular de la entidad, Nicolás Pino, quien busca renovar su mandato al frente de la organización con Presencia Federal. La interna entre ambos, que comenzó por diferencias sobre la interpretación del nuevo estatuto, derivó en acusaciones cruzadas por el manejo institucional y la implementación del nuevo sistema informático de registros genealógicos.
En diálogo con LA NACION durante la Exposición Rural de Palermo, Pereda sostuvo que fue desplazado de los compromisos oficiales de la entidad, responsabilizó a Pino por la ejecución del proyecto de digitalización, cuestionó la falta de transparencia sobre una auditoría interna y denunció una estrategia para perpetuar la actual conducción. El conflicto interno gira en torno a la reforma estatutaria y al debate sobre si la candidatura de Pino constituye o no un cuarto mandato consecutivo.
Pereda remarcó que la alternancia es indispensable para preservar la institucionalidad de la entidad. Tras un comienzo de la votación electrónica para los socios habilitados, cuestionó que el proceso se inicie en plena exposición, cuando —según dijo— toda la actividad institucional está concentrada en el oficialismo.
Cabe aclarar que en 2023, durante la actual gestión, la Rural reformó su estatuto e incorporó un límite de tres mandatos consecutivos para presidente y vicepresidente. Los dos sectores interpretan esa reforma de manera distinta: Pino sostiene que la modificación estatutaria comenzó a regir a partir de este periodo en curso. Por lo tanto, entiende que está legalmente habilitado para volver a competir y que no existe impedimento jurídico para una nueva candidatura. En tanto, la lista opositora encabezada por Pereda afirma que los tres períodos ya se cumplieron y consideran que un nuevo mandato sería un “cuarto mandato consecutivo”. Alegan una contradicción con la reforma impulsada por el propio Pino y falta de transparencia en el mismo.
—¿Cómo está viviendo esta campaña interna?
—Lamentablemente tenemos que pasar por este mal rato, porque es un mal rato. Lo lógico sería que la sucesión de la Rural fuera algo natural. Tener que estar en esta disputa es muy difícil porque el oficialismo usa todo lo que tiene a mano para intentar que yo desista. Lo lamento porque somos una entidad gremial empresaria y tendríamos que dar el ejemplo de institucionalidad, no aplicar las reglas de la vieja política.
—¿Cuándo comenzó a desconfiar de la reforma del estatuto?
—Cuando ganamos la elección en 2020, el mandato correspondía al período 2019-2021, pero por la pandemia recién asumimos el 1° de junio de 2021. Uno de nuestros primeros objetivos fue modificar el estatuto para incorporar el voto electrónico, porque sin ese cambio no era posible implementarlo. La Sociedad Rural venía utilizando el sistema de sobres, que era engorroso y, además, poco transparente, porque daba lugar a presiones sobre los socios. La reforma del estatuto se aprobó en 2022. En ese proceso también se incorporó el límite de tres mandatos consecutivos para presidente y vicepresidente, algo que en la práctica ya era una costumbre dentro de la entidad, porque ningún presidente había permanecido más de tres períodos. Lo que yo desconocía era que, dentro de las disposiciones transitorias, se había incluido una cláusula que establecía que ese límite comenzaría a regir una vez que la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobara la reforma. Nunca desconfié porque no participé de esa redacción específica; trabajé sobre los lineamientos generales y no sabía que esa cláusula había sido incorporada.
—¿Sintió que actuaron de mala fe?
—Confié en la buena fe de ellos y del abogado de la Rural. Hoy veo que esa confianza fue un error. El propio Nicolás Pino anunció públicamente que la reforma incorporaba el límite de tres mandatos. Si lo presentó como un logro institucional, resulta contradictorio sostener ahora que ese límite no lo alcanza a él. Esa contradicción nunca pudo explicarla.
—¿Cree que esa estrategia estaba prevista desde el comienzo?
—Con el diario del lunes, sí. Hoy entiendo que todo estaba planificado. Usaron mi figura y después me descartaron. Lo digo sin rencor; ya superé la cuestión personal. Mi única vocación es de servicio. Si nuestras propias instituciones no respetan valores e institucionalidad, después no podemos exigir que funcionen las instituciones de la República.
—¿Usted y Pino firmaron un documento donde él lo ponía como su sucesor?
—Sí. Y dice que el presidente de la SRA presentará a Marcos Pereda como candidato a la presidencia para septiembre 2026, como consolidación del proceso de cambio iniciado por el MCF. Un proceso que tiene continuidad y forma parte del compromiso establecido con los socios desde el comienzo.
—Pero con el cambio de estatuto el presidente puede permanecer varios mandatos más, ¿es así?
—Estamos en una elección y confío en que los socios van a advertir lo que está pasando. Si me utilizaron a mí como vicepresidente, también pueden hacerlo con el resto. La comisión directiva tampoco es plenamente consciente de eso. Hay un grupo reducido que prioriza intereses personales antes que el fortalecimiento institucional.
—¿Por qué cree que algunos dirigentes buscan seguir en los cargos?
—El poder cambia a las personas. Hay quienes sienten que ese lugar les transformó la vida y quieren quedarse. Yo no necesito la Sociedad Rural para ser quien soy. En una entidad como esta debe prevalecer la vocación de servicio por encima de cualquier interés individual.

—Uno de los principales cuestionamientos de la campaña gira en torno al nuevo sistema informático de registros genealógicos. ¿Qué ocurrió?
—Cuando empezamos la gestión con Nicolás Pino nos comprometimos con los socios a desarrollar un plan estratégico cuyo eje central era la digitalización de toda la Sociedad Rural. Era un sistema urgente porque el que existía era muy antiguo. En la etapa en la que participé se inició ese proceso, pero después, durante la segunda conducción de Pino, dejaron de avanzar con el plan estratégico y nos corrieron a quienes debíamos supervisarlo. Desde ese momento el proyecto quedó sin el seguimiento que requería. Los costos terminaron siendo casi cuatro veces superiores a los previstos en el contrato original, un contrato que firmaron Nicolás Pino y el gerente general.
—¿Qué responsabilidad le atribuye a la conducción actual?
—Hoy intentan incorporar este tema a la campaña para difamarnos, pero es muy sencillo determinar las responsabilidades: hay que revisar cómo y quiénes aprobaron los trabajos y cómo se pagaron las facturas. Eso no tuvo el seguimiento adecuado por parte de quienes dependían de la conducción de la Rural. Los números están en los balances y muestran una diferencia muy importante. Jamás hemos firmado un cheque, jamás hemos visto una factura y jamás hemos firmado un contrato.
El presupuesto original para desarrollar el nuevo sistema de registros genealógicos fue firmado en junio de 2021 por un monto de US$900.000. La actual conducción de la Sociedad Rural Argentina reconoce que el proyecto demandó un total de US$3 millones, mientras que la oposición y un grupo de cabañeros sostienen que, al considerar los sobrecostos, las demoras y las auditorías, el perjuicio económico habría ascendido a US$4,5 millones.
—¿Quiénes son, entonces, los responsables?
—El presidente, Nicolás Pino, el tesorero, Ángel Rossi y el responsable de los registros genealógicos Raúl Etchebehere, son los que tienen que responder.

—Se dijo que usted participó del inicio del proyecto y que después la entidad lo ejecutó. ¿Qué responde?
—Nos corrieron. Éramos un equipo, pero me apartaron a mí y también a Gustavo Papini, que era asesor. No solo nos desplazaron del proyecto de digitalización, sino de todas las decisiones. Cuando resolvieron dejar de implementar el plan estratégico que habíamos comprometido con los socios, el vicepresidente pasó a tener un rol completamente marginal. Pino y un grupo de socios decidieron no avanzar con el plan estratégico de actualización general de la SRA y, del rol y las funciones que cumplíamos yo y algunos otros socios de la Rural como vigilantes de todo el esquema, nos dejaron completamente de lado. Con lo cual, el avance en la implementación de los sistemas [de votación y trazabilidad] quedó huérfano. No tuvo el seguimiento que merecía.
—También le pidieron que renunciara para encabezar la lista opositora. ¿Por qué decidió quedarse?
—Me lo piden todos los días. Lo que buscan es que me vaya. Primero me desplazan, me quitan responsabilidades, me sacan de la agenda institucional y después me exigen la renuncia. Este es un cargo político. Tengo un compromiso con los socios y no puedo abandonar el lugar para el que fui elegido. Aunque me hayan corrido de las decisiones, mi responsabilidad institucional sigue siendo cumplir mi función.
—Usted reclamó una auditoría por ese sistema. ¿Qué ocurrió?
—Ellos mismos se hicieron una auditoría. No sabemos quiénes fueron los auditores y nunca nos mostraron el informe. Cada vez que la pedí como vicepresidente me la negaron. Además, un grupo de socios también reclamó que se transparentara la situación porque desde la conducción difundieron comunicaciones responsabilizándome a mí y a Gustavo Papini, cuando nunca firmamos un contrato, un cheque o una factura. Quienes deben responder son el presidente, el tesorero y el responsable de los registros genealógicos.
—¿Qué respuesta obtuvo cuando pidió acceder a esa auditoría?
—Ninguna. Incluso enviamos cartas documento y tampoco fueron respondidas.
—¿La auditoría fue presentada a alguien más?
—No. Si existe, no la muestran. Tampoco se sabe quién la realizó. Si nos toca conducir la Sociedad Rural, haremos una auditoría profesional y profunda para que los socios conozcan todos los números. La conducción quiere permanecer dos períodos más y necesita sacarse de encima al vicepresidente porque les resulta un obstáculo.
—Usted también cuestionó la condonación de una deuda del 61% del valor de una multa contra el tesorero Ángel Rossi por inscribir animales fuera de término. ¿Qué ocurrió?
—Se autocondonó la deuda con el aval de Nicolás Pino y de Raúl Etchebehere. Yo me opuse y pedí una auditoría. La mayoría de la mesa directiva decidió frenarla y dar el tema por cerrado. Ese episodio refleja un funcionamiento de “club de amigos”, donde la ética quedó de lado.
—¿Cuándo hizo el reclamo?
—Inmediatamente después de enterarnos. Pero la mayoría de la mesa directiva bloqueó cualquier avance. A la Comisión Directiva muchas veces no le llega toda la información y, cuando planteamos el tema en la mesa chica, nos dijeron que ya estaba aprobado.
—También cuestionó el proceso electoral. ¿Por qué?
—Porque adelantaron el cronograma. Históricamente la asamblea se hacía después del 20 de septiembre y la votación duraba quince días. Ahora adelantaron la asamblea al 9 de septiembre y extendieron la votación a cincuenta días. Eso hace que el proceso comience en plena Exposición Rural, [empezó ayer] cuando toda la actividad institucional está en manos del oficialismo. Mientras tanto, a mí me excluyen de actos, entregas de premios y reuniones. Además, varios socios nos dijeron que recibieron presiones de la organización, como no inscribir los animales, por integrar nuestra lista.
—¿Existe algún ámbito interno para denunciar estas situaciones?
—Propuse incorporar un código de ética para que cada director lo firmara. Se negaron rotundamente. Dijeron que alcanzaba con la palabra de cada uno. En las bases del acuerdo firmado con Pino se estableció la responsabilidad de crear un “Plan Estratégico” que incluya la implementación de un manual de procedimientos, código de ética y autoevaluación de los directores y equipos ejecutivos. No avanzó.
—¿Qué mensaje les daría a los socios antes de la elección?
—Que no se dejen amedrentar. La Sociedad Rural pertenece a los socios, no a una conducción. La alternancia y la renovación son fundamentales. Si esta conducción continúa, la institución quedará estancada. La Rural representa al sector agropecuario, que es uno de los motores del país, y necesita recuperar plenamente su institucionalidad.
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