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“Nebulosa contable”: las pericias que pusieron bajo la lupa a los municipios bonaerenses y aceleraron las demandas de productores
Las demandas contra distintos partidos de la provincia de Buenos Aires avanzan y la Justicia cruza datos de recaudación con el gasto en mantenimiento; Tapalqué y Bolívar incorporaron nuevas pruebas a los expedientes
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LA NACIONMariana Reinke
La discusión por el cobro de las tasas viales y el destino de los fondos que pagan los productores entró en una etapa clave en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Dos informes periciales incorporado a causas judiciales en Tapalqué y Bolívar aportaron nuevos elementos para determinar cuánto recaudan las comunas, qué parte de esos recursos se vincula con el mantenimiento de los caminos y cuál es el estado concreto de los caminos rurales.
En Tapalqué, una pericia contable analizó los ejercicios 2024 y 2025 y determinó que por la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural y los Servicios de Guías de Traslado ingresaron $1905 millones en 2024 y $2336 millones en 2025. En ese mismo período, el gasto devengado directamente en el programa de mantenimiento de caminos rurales fue de $1203 millones y $1610 millones, respectivamente.
Según el análisis de la pericia, la diferencia acumulada supera los $1400 millones: $701,9 millones en 2024 y $725,6 millones en 2025 entre la recaudación sectorial y el gasto directamente devengado en caminos.
La pericia también analizó qué sucede con el dinero una vez que ingresa al municipio. Los fondos de la Tasa Vial y de las Guías ingresan a una cuenta recaudadora única y pasan a formar parte de Rentas Generales, lo que dificulta seguir su trazabilidad específica. Además, las compras de gasoil y lubricantes se centralizan junto con otros servicios municipales y no existen partes diarios de salida de combustible ni registros de odómetro u horómetro que permitan determinar cuánto se utilizó específicamente en los caminos rurales.
En Bolívar, la prueba avanzó por el lado de la ingeniería vial. El peritaje revisó la capacidad operativa del municipio y el estado de una red rural de aproximadamente 2400 kilómetros, además de analizar cotas, hidráulica, alcantarillado y costos de conservación, según parámetros de Carbap.
El relevamiento encontró que, aunque en los registros municipales figuraban unas 12 motoniveladoras, durante la inspección había maquinaria parada, rota o desarmada. El perito estimó que el municipio necesita alrededor de un 30% más de unidades para cubrir con solvencia toda la red rural y fortalecer los obradores alejados.
La situación de los caminos rurales también quedó reflejada en números. Entre el 60% y el 70% de los caminos relevados presentaban problemas de mantenimiento, falta de cunetas o perfiles transversales deficientes. A su vez, entre 600 y 900 kilómetros —el 30% al 40% de la red— se encuentran por debajo de la cota natural de inundabilidad. Entre el 70% y el 80% de la red carecería de alteos estructurales y gálibos reglamentarios.
Para Jorge Moroni, abogado que representa a productores en estas causas, la importancia de estas pruebas está en cruzar la información contable con el estado de los caminos. “Tenemos pericias llevadas a cabo por los peritos oficiales de la Corte que por sorteo ha designado el magistrado a cargo de los juicios, de Tapalqué en su original y sus dos ampliaciones y de Bolívar”, explicó a LA NACION. Según Moroni, la pericia administrativa realizada en Tapalqué expuso una “nebulosa contable” en torno al destino de los fondos recaudados.
El abogado destacó que el objetivo no es simplemente acceder a la información de los municipios. “Nosotros vamos al fondo del tema. Con la pericia contable y la de ingeniería de caminos realizada en Tapalqué, cruzamos la información para determinar el destino de los fondos y establecer si hubo desvíos, de manera que sea el juez quien resuelva”, señaló.
Moroni explicó que las acciones están planteadas como juicios declarativos de certeza constitucional, donde se busca determinar si existe el servicio que justifica el cobro de la tasa. “Lo que pedimos con esta acción de fondo es saber si se configura o no el hecho imponible de la tasa, o sea el servicio, y a cuánto asciende el desvío de fondos en ese caso”, dijo.
En esa estrategia, las dos pericias cumplen funciones diferentes: mientras el contador reconstruye el circuito de los recursos, el ingeniero recorre los caminos y analiza su estado. “El perito ingeniero va a los caminos rurales, los examina, los mide”, describió Moroni. Y agregó: “El hecho imponible, como lo ha dicho ya la Corte en los últimos fallos y lo viene diciendo históricamente, es la efectiva contraprestación del servicio directo como contraprestación de la tasa”.
A partir de las primeras causas, la estrategia comenzó a replicarse en otros distritos. Según Moroni, ya existen acciones declarativas de certeza en Azul, Daireaux, Bolívar, 25 de Mayo, Bragado, Brandsen, Pila, Ayacucho, Carlos Tejedor, Tapalqué y Trenque Lauquen. Mencionó aproximadamente 40 productores en Tapalqué, 40 en Ayacucho, 15 en Pila, 90 en Brandsen, 40 en 25 de Mayo y unos 40 en Bragado.
“Se presentaron estas acciones declarativas de certeza contra los diferentes municipios para que peritos lleven a cabo estas investigaciones y así el juez sepa exactamente si eso que los productores plantean es cierto”, explicó. Dijo que algunas causas ya tienen pericia contable, otras avanzaron con la de ingeniería y otras cuentan con ambas.
El planteo de los productores, remarcó Moroni, no consiste necesariamente en dejar de pagar. “Los productores no buscan que el juez diga que no tienen que pagar nada más de tasas: al contrario, pagaría más, pero si los caminos se encontraran en buen estado”, afirmó. La discusión pasa por establecer si el monto cobrado guarda relación con el costo real del servicio y si los recursos vuelven a la red vial.
Moroni contó la experiencia de distritos donde productores y municipios participan en estructuras específicas para administrar los caminos aparece como otro elemento de la discusión. Mencionó Tandil y Benito Juárez, donde existen consorcios con participación de productores, ingenieros y contadores. “Los productores, donde están interviniendo junto con la municipalidad en un consorcio o en una cooperativa de caminos, no tienen problemas”, señaló.
El avance de las pericias en Tapalqué y Bolívar llega en un momento en que los reclamos dejaron de ser casos aislados y comenzaron a replicarse en distintos puntos de la provincia. Las pruebas no resuelven por sí mismas las causas, pero aportan elementos técnicos para que los jueces determinen si existe correspondencia entre lo que se cobra y la contraprestación vial.
En Tapalqué, entre 2024 y 2025 se recaudaron más de $4241 millones entre la tasa vial y las guías, mientras que las partidas directamente imputadas al programa específico de caminos rurales ubicaron el gasto devengado en unos $2814 millones. En Bolívar, la pericia aportó una radiografía de 2400 kilómetros, con problemas de cotas, falta de alteos, deficiencias hidráulicas y una capacidad de maquinaria considerada insuficiente para atender toda la extensión.
En paralelo, las demandas incorporaron otro punto: las guías de traslado de hacienda. “También estamos discutiendo la tasa de traslado de hacienda, las famosas guías de traslado ¿A dónde va esa plata? ¿Para qué se cobra? ¿Por qué las municipalidades siguen cobrando esta guía? Si hoy por hoy la guía de traslado se hace de manera electrónica por el Senasa, se nacionalizó“, planteó.
Mientras las causas avanzan, el reclamo de los productores se extiende por otros municipios bonaerenses como Guido, Saavedra y Tornquist. La pregunta que atraviesa los expedientes es concreta: cuánto se cobra por los caminos rurales, cuánto se utiliza efectivamente para mantenerlos y qué servicio recibe, a cambio, quien paga la tasa.
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