En la Asociación Cooperadora del organismo alertaron que no se puede conocer el contenido del acuerdo firmado entre el gobernador, Gustavo Sáenz, y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), Nicolás Alberto Pakgojz, que puso en marcha el traspaso
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Son momentos decisivos y en el INTA Salta lo saben. Señalan que no es un hecho consumado y que todavía se puede revertir la entrega de las 41 hectáreas del predio ubicado en Cerrillos al gobierno provincial. Luego de que un mes atrás, con la anuencia del secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, el gobernador Gustavo Sáenz firmara con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), Nicolás Alberto Pakgojz, un convenio de cesión a la provincia de Salta de esa superficie de tierras para la construcción de viviendas, en la Comisión Cooperadora del organismo no se dan por vencidos.
Según dicen, aún hoy existe un gran hermetismo y no se puede saber el contenido del acuerdo firmado. “A un mes, no se ha publicado nada ni en el Boletín provincial ni en el nacional. Necesitamos saber los detalles del convenio, donde nos sacan tierras productivas del INTA”, dijeron fuentes cercanas.
Tal es el grado de desconocimiento que hay que se habla de que existen 180 días para hacer la presentación de un proyecto de urbanización para que luego la ABBE envíe a los tasadores y el gobierno de Salta proceda a la compra. Pero, por otro lado, se rumorea que los funcionarios salteños ya estarían en condiciones de iniciar la urbanización a principios de noviembre.
Según pudo saber LA NACION, el entonces presidente de la institución, Juan Cruz Molina Hafford fue quien habría dado el visto bueno al ABBE para que el acuerdo tenga curso favorable, sin tener la aprobación necesaria y pasar por alto al Consejo Directivo.
“El presidente saliente del INTA fue quien firmó para que se continúe con el trámite administrativo, o sea, no se opuso en absoluto. Además, esa firma debería haber estado acompañada por la firma del Consejo Directivo Nacional, cosa que no ocurrió. Por eso fue el mismo Consejo que le envió un escrito, dándole a conocer su disconformidad por esta acción unilateral”, dijo a LA NACION Daniel Alejandro López, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cooperadora INTA Salta.
Con esto en marcha, los integrantes del INTA Salta comenzaron a mover el avispero y recurrieron a legisladores a nivel nacional para frenar tal decisión. Si bien llegaron y algunos diputados y senadores solicitaron a través de un proyecto de comunicación, que se dé a conocer la letra chica y los alcances del acuerdo, aun no hubo una respuesta positiva.
“Nos pidieron desde arriba de que no se hable más del tema con la prensa para que no haya más difusión. Nos prohibieron hablar con los medios. Solo nos permitieron acercarle a legisladores nuestra preocupación. Aun se está esperando que tanto funcionarios nacionales y salteños respondan al pedido de los senadores y diputados sobre las especificaciones y consideraciones del convenio”, detalló.
Según dijo, la bajada de línea del gobierno salteño era que pase lo más desapercibido posible la cesión de las tierras: “Algunos ya lo dan como un hecho consumado, que es una decisión política y que con eso no se puede hacer nada para frenarla y nos desalientan a seguir en la lucha. Pero yo creo que sí puede salvarse, que la vaca aun no está echada. Tengo esperanza de que esto se vuelva hacia atrás, pero para esto tiene que haber un trabajo sinérgico entre la Asociación, el Centro Regional del INTA Salta y los consejeros nacionales”.
A diferencia de lo que sucedió con un proyecto similar de Lucas Godoy, cuando era diputado nacional por el Frente de Todos, en donde todas las entidades gremiales salieron a oponerse hasta que la iniciativa no prosperó, un solo comunicado se conoció de la Sociedad Rural de Salta, Prograno y de Federsal en el que mostraron su preocupación y remarcaron que la solución de incorporación de tierras para desarrollo de nuevas urbanizaciones no debe darse en las tierras pertenecientes al INTA, destinadas a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. Luego se llamaron a silencio: “Al principio salieron a apoyarnos con un comunicado, pero luego hubo mucha presión y prefirieron no salir más”.
En este contexto, el Consejo Nacional del INTA se estaría reuniendo con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, el lunes próximo. En el encuentro, varios de los consejeros le manifestarían al titular de la cartera agrícola su rechazo y su oposición al convenio firmado.
“Si dejamos que avancen con 41 hectáreas, después van a querer más y nos vamos a quedar sin estación experimental. Las tierras que se quieren entregar no son improductivas. En la actualidad ahí se produce maíz y una serie de estudios de investigación con variedades de semillas. Son tan productivas que incluso con poco riego el maíz crece de una manera exponencial”, cerró.
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