Nuevo presidente: Ignacio Garciarena quedó al frente de la Fundación Barbechando

El productor agropecuario Ignacio Garciarena asumió la presidencia de la Fundación Barbechando con una agenda centrada en impulsar iniciativas sobre vandalismo rural y biocombustibles y discusiones pendientes, como una nueva ley de semillas, un marco para las aplicaciones de fitosanitarios y la reducción de las retenciones por ley. El recambio, aseguró, no implicará un giro en las prioridades de la entidad, que busca acercar las demandas del agro al Congreso. Sí tendrá por delante el desafío de ampliar el respaldo político para convertir esos planteos en normas.

“No hay un cambio de agenda, no es un borrón y cuenta nueva, al contrario, es una absoluta continuidad de los temas”, dijo a LA NACION Garciarena, que se desempeñaba como secretario de la fundación y fue elegido para el período 2026-2029 en reemplazo de Ángeles Naveyra, quien seguirá como vocal. Lo acompañarán Tristán de Villalobos como secretario y David Hughes, que continuará como tesorero.

Entre los asuntos que buscará sostener en la discusión legislativa ubicó a los derechos de exportación como una prioridad transversal. El objetivo es que su reducción y eventual eliminación se resuelvan en el Congreso, con una ley que también limite la posibilidad de que futuros gobiernos vuelvan a incrementarlos por decisión del Poder Ejecutivo. Según explicó, ese planteo admite una “salida gradual”.

Además Garciarena señaló que hubo iniciativas para reducir las retenciones de manera gradual, contemplando el impacto fiscal: “Hubo intenciones hace unos meses de proyectos de eliminación gradual, donde se entiende esto del desfinanciamiento del Estado, de que no hay que desfinanciar y que tiene que ser progresivo y gradual. Eso se entiende y hay consenso en eso”.

Sin embargo, advirtió sobre la resistencia del Ejecutivo a asumir ese compromiso: “El Gobierno no se quiere comprometer, no quiere tener ese compromiso ni esa imposición que le daría el Congreso con un proyecto por ley a una baja que ellos no manejan, sino que se la maneja otro poder del Estado como el Congreso. No están dispuestos a eso, porque no se quieren comprometer, porque es demasiado delicado para ellos”. Consideró que la administración nacional comparte el cuestionamiento a las retenciones, pero considera que todavía necesita esos recursos para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Indicó que “la eliminación del tributo permitiría aumentar la producción y la actividad económica y, por esa vía, compensar parte de la recaudación con otros impuestos nacionales y provinciales”. Se trata de uno de los argumentos con los que Barbechando buscará mantener el tema en agenda, aun cuando el Ejecutivo no esté dispuesto a asumir un compromiso legislativo.

Para Garciarena, la discusión también apunta a la previsibilidad. La intención es que cualquier modificación futura de los derechos de exportación deba pasar por el Congreso y no quede sujeta a una decisión unilateral del gobierno de turno.

En el frente legislativo más inmediato, identificó dos iniciativas que, según detalló, ya avanzaron en una de las cámaras: el proyecto sobre vandalismo rural, con media sanción de Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado, y el de biocombustibles, que hizo el recorrido inverso y ahora espera por una firma de dictamen. Ambos forman parte de los temas que la fundación seguirá promoviendo durante su gestión, según mencionó.

Distinta es la situación de semillas y fitosanitarios. Sobre este último asunto, indicó que se trabaja desde hace años en una propuesta que todavía transita instancias del Ejecutivo. En semillas, en tanto, precisó que persisten diferencias entre los actores privados [entidades rurales con la industria semillera] y que ese acuerdo previo es determinante para avanzar en el Congreso.

“El Congreso está expectante a ver cómo lo terminan de masticar y negociar”, describió. Recordó que productores y semilleros mantienen conversaciones desde hace meses, mientras distintas áreas oficiales participan en la elaboración de una propuesta. Sin embargo, aclaró que todavía quedan puntos por resolver: “No hay un consenso entre los privados todavía”. Evitó anticipar un desenlace o ponerle un plazo al debate. Su expectativa, señaló, es que una nueva ley contemple los intereses de la producción y de las empresas que desarrollan semillas. “La producción necesita los semilleros para seguir produciendo, y los semilleros necesitan de sus clientes para seguir existiendo”, sostuvo.

Para impulsar esa agenda, Garciarena buscará apoyarse en una red de vínculos que exceda a los legisladores de origen agropecuario. Según indicó, el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), que comenzó con cuatro o cinco integrantes, reúne hoy a 78 legisladores con los que la fundación conversa sobre estos temas.

Detrás de esa estrategia, remarcó, está el peso del agro en la economía que no se refleja en su representación política. “Estamos desbalanceados. El mundo agro tiene un peso específico en la economía argentina enorme y la representatividad tiene mucho menor peso al que representa el agro en la economía. Ese es el trabajo que estamos haciendo, nosotros estamos convocando a un espacio interpartidario legislativo del agro, que son todos esos legisladores que conversan con nosotros todos estos temas”, precisó.

El trabajo incluye reuniones con legisladores y asesores, jornadas sobre temas específicos y la articulación con entidades de las cadenas agroindustriales para acercar información técnica. Garciarena lo definió como “una tarea de construcción de confianza”, tanto dentro como fuera del Congreso, para que las necesidades del sector sean consideradas al elaborar y votar las leyes. Consultado sobre la principal deuda de la política con el agro, respondió que es “la escucha”. No obstante, también planteó que la responsabilidad del propio sector es aprender a transmitir sus demandas en un lenguaje que permita transformarlas en decisiones.

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