Opinión. Ley de Semillas: una oportunidad para el desarrollo productivo

La Ley de Semillas es uno de los debates regulatorios pendientes más relevantes para la Argentina. Impacta sobre los rendimientos de varios de nuestros principales cultivos (soja, trigo, entre ellos), los incentivos a la innovación en el agro y cómo se reparte la renta entre los distintos actores del sector, desde los pequeños productores hasta multinacionales semilleras. Es una discusión cargada de intereses y resistencias que, desde hace años, más allá de ciertos pequeños avances o parches, quedó atrapada en un statu quo incómodo, una suerte de equilibrio lose-lose: no mejora la productividad, no ordena el sistema y no deja a nadie plenamente conforme.

Esta vez, el tema vuelve a escena de la mano del documento del Consejo de Mayo, que propone la adhesión al UPOV 91 y, probablemente, del capítulo “propiedad intelectual” del potencial acuerdo comercial con Estados Unidos. Si bien es un tema largamente trabajado y debatido, aparece nuevamente empujado por la coyuntura. Y ese es, justamente, el riesgo: que una definición estructural vuelva a tratarse como un tema incómodo que hay que resolver rápido, sin discutir a fondo sus implicancias económicas, productivas y distributivas.

La histórica resistencia de los productores a pagar regalías por el uso de las semillas no sorprende y, en buena medida, se entiende. El uso propio y la tolerancia histórica frente a la llamada “bolsa blanca” forman parte de una práctica arraigada en la agricultura argentina, especialmente en semillas autógamas como soja y trigo. En un país con altos derechos de exportación en las últimas décadas, ese esquema terminó funcionando en los hechos como un componente más del sistema de incentivos. Cuando la discusión se plantea de manera aislada, sin revisar el conjunto de reglas que ordenan al sector, la reacción defensiva de los productores aparece casi como una consecuencia lógica.

La magnitud económica del problema ayuda a entender por qué esta discusión es relevante. Distintas estimaciones del propio sector y de organismos técnicos señalan que el mercado potencial asociado a regalías, genética (donde predominan actores locales como Don Mario) y biotecnología agrícola en la Argentina podría ubicarse entre los 500 y los 1000 millones de dólares.

El otro impacto económico se refleja en los rendimientos agrícolas. Con niveles de semilla fiscalizada que, según el cultivo, apenas oscilan entre el 6 y el 29 por ciento, los incentivos para invertir en mejoramiento genético son débiles. El resultado es conocido: menor recambio varietal, adopción más lenta de nuevas tecnologías y una brecha creciente de productividad frente a países competidores. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en los últimos veinte años los rendimientos de soja crecieron alrededor de un 24% en Brasil, mientras que en la Argentina permanecieron prácticamente estancados. Aproximadamente la mitad de esa brecha se explica por diferencias en semillas y tecnología asociada, más que por cuestiones climáticas o de manejo agronómico. Es decir, miles millones de dólares menos en producción y exportaciones por no solucionar esta temática.

Asimismo, la discusión requiere una mirada federal. El foco suele concentrarse en la soja, que explican buena parte de la tensión política y mediática del debate, pero esa no es toda la foto. En cultivos como algodón, maní o distintas legumbres, la realidad productiva es muy distinta y, en muchos casos, más frágil. Allí los problemas de apropiabilidad conviven con mercados más chicos, menor escala y menos incentivos privados a la innovación, y la merma en rendimientos es igual o incluso más severa. Diseñar reglas pensando solo en los cultivos dominantes es desconocer esa heterogeneidad y perder de vista el impacto que una política bien orientada podría tener sobre economías regionales y desarrollo territorial.

Vale señalar que hoy conviven esquemas privados de gobernanza que ya muestran, a escala limitada, que existe disposición a pagar cuando hay previsibilidad y reglas claras. Programas como Sembrá Evolución alcanzan a unos 20.000 productores y cerca del 20% de la superficie sembrada de soja, con pagos del orden de 20 a 25 dólares por hectárea tecnológica, y resultados visibles en términos de formalización y trazabilidad.

La pregunta de fondo es si ese tipo de lógica va a quedar confinada a acuerdos privados o si puede convertirse en una política pública que, bien diseñada, impulse la producción local de semillas y refuerce al sistema científico, incluido el INTA, en un sector donde la Argentina cuenta con una trayectoria de investigación destacada y una base empresarial consolidada.

La discusión sobre la adhesión al Acta UPOV 1991, tal como la plantea hoy el Consejo de Mayo, es en realidad menos relevante que los detalles de su eventual implementación. El núcleo del problema, y la oportunidad está en cómo se diseñan las reglas concretas del sistema. En particular, resulta clave pensar esquemas de excepción y tratamientos diferenciados que permitan fortalecer los incentivos a la innovación sin perjudicar a productores que no están en condiciones de absorber mayores costos.

El uso inteligente de la excepción por “uso propio” debería ser una herramienta central de la política. Al mismo tiempo, una regulación inteligente sobre regalías puede transformarse en un impulso para la producción local de semillas, la radicación de actividades de investigación y el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico nacional.

Bien diseñada y con fondos específicos, puede incluso reforzar el rol del INTA, especialmente en cultivos de menor escala donde el mercado por sí solo no genera incentivos suficientes.

El debate sobre la Ley de Semillas exige responsabilidad. Su impacto económico es significativo, tanto en forma directa -a través del mercado de semillas y regalías- como indirecta, vía rendimientos y productividad agrícola.

El problema no es avanzar en mayor protección, sino hacerlo sin estrategia, sin segmentación y sin una mirada de desarrollo productivo. Bien diseñada, una actualización regulatoria puede convertirse en una herramienta clave de política productiva capaz de romper el actual statu quo y ordenar un esquema de incentivos win-win, en el que ganen los productores vía mayores rendimientos, las empresas que invierten en tecnología vía protección regulatoria y el sistema de innovación local, especialmente el INTA, vía nuevas fuentes de financiamiento. Ese es el norte que permitiría transformar esta discusión recurrente en una política para el desarrollo productivo.

El autor es docente de la UBA, la Universidad Nacional de San Martín y en el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)

Por Martín Alfie

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