Opinión. Una política fiscal sin igualdad ante la ley

Ya es un hecho que en julio volverán a elevarse los derechos de exportación. La razón, según refiere el Presidente, es que debe velarse intransigentemente por el superávit fiscal.

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Sin embargo, no todos correrán con la misma suerte. Algunos sectores serán perjudicados con un aumento de la alícuota, mientras que otros serán beneficiados con la eliminación permanente de los derechos de exportación. En principio, los afortunados de recibir las exenciones son aquellos que lograron haber sido categorizados como “economías regionales” o que están dentro de un arbitrario grupo de industrias exportadoras. Al analizar la recaudación adicional que generará el aumento de estos derechos en algunos cultivos se evidencia que existirían otros motivos detrás de la decisión de quién es beneficiado y quién no.

Por ejemplo, el trigo y el girasol serán castigados con la reimposición de la alícuota que tenían en 2024. En el caso del trigo, pasará del 9,5% actual al 12%, lo que generará un aumento de recaudación para el Estado de aproximadamente 69 millones de dólares. En cuanto al girasol, la alícuota se incrementará desde el 5,5% actual al 7%, representando un aumento de recaudación de alrededor de 21 millones de dólares.

Mientras tanto, el maní ha sido favorecido con la distinción de “economía regional”. Dado que previamente tenía una alícuota de entre el 4% y el 7% dependiendo de la forma de exportación del producto, el Estado dejará de recaudar aproximadamente 60 millones de dólares.

La eliminación de los derechos de exportación para un selecto grupo de industrias es aún más controversial. Durante 2024, estas empresas exportaron por 3800 millones de dólares. Puesto que estas exportaciones tenían alícuotas que oscilaban entre un 3% y un 4,5%, el Estado dejará de recaudar entre 115 y 170 millones de dólares. Esto representa más del doble de lo que recaudará con la suba de derechos de exportación al trigo y entre 5 y 8 veces más de lo que recaudará con el girasol.

Entonces, si realmente existe un imperativo fiscal, ¿no deberían también estos sectores contribuir con derechos de exportación? ¿Cómo es posible que algunas economías o industrias no sean gravadas con derechos de exportación, cuando la recaudación potencial que permitirían obtener es mayor que la que se obtiene con el aumento de la alícuota de otros sectores?

Dentro de la Escuela de la Elección Pública, existe una teoría económica denominada “la lógica de la acción colectiva”. En términos simples, esta teoría sostiene que los grupos de interés pequeños y concentrados normalmente pueden organizarse mejor para actuar en busca del beneficio mutuo que aquellos grupos grandes y dispersos.

En este sentido, la lógica de la acción colectiva permite entender mejor la paradoja de que algunos sectores sufran el aumento de derechos de exportación y otros no. Los productores de trigo y girasol son significativamente más numerosos y están dispersos en casi toda la pampa húmeda. Mientras tanto, los productores de maní (o las economías regionales en general) y las industrias exportadoras son comparativamente muchos menos y normalmente están concentrados en ciertas regiones o ciudades.

Claramente, el incentivo que tienen los productores de trigo y girasol para peticionar contra el aumento de los derechos de exportación es bajo. Al repartir el impacto de la recaudación adicional entre tantos actores, el perjuicio individual resulta relativamente pequeño para cada productor. Destinar tiempo y dinero para ejercer presión sobre el gobierno solo tendría sentido si este esfuerzo valiera menos que el beneficio potencial individual. La amplia distribución geográfica de la producción de ambos cultivos hace que la coordinación colectiva sea aún más complicada.

Por su parte, los productores de economías regionales o las empresas exportadoras industriales, al ser comparativamente muchos menos, tienen un incentivo considerablemente mayor para agruparse y solicitar al gobierno la eliminación de los derechos de exportación. Cada productor o industrial tiene proporcionalmente más en juego, ya que el beneficio de la exención se distribuye entre un número reducido de actores. Además, al estar ubicados geográficamente próximos entre sí, la organización colectiva resulta mucho más sencilla.

Sin embargo, sería un error concluir de este análisis que se deben aumentar los derechos de exportación a las economías regionales o a las industrias exportadoras. La lógica de la acción colectiva se aplica a todas las decisiones gubernamentales. Desde esta perspectiva, podría analizarse de manera similar la decisión de volver a implementar los derechos de exportación a los cultivos más importantes, cuando se podría, por ejemplo, eliminar el régimen de Tierra del Fuego, por el cual se resignan aproximadamente 1000 millones de dólares anuales. Nuevamente, las empresas beneficiadas por este régimen son pocas y están geográficamente concentradas, mientras que los productores agropecuarios son numerosos y se encuentran muy dispersos.

En definitiva, parece evidente que existen otras razones además del inamovible superávit fiscal para reimplantar las antiguas alícuotas de derechos de exportación. En esta polémica decisión también influye la posibilidad que tiene el Gobierno de concentrar beneficios en pequeños grupos bien definidos y distribuir costos entre grandes grupos dispersos. El Gobierno debería reconsiderar esta situación, ya que con ella no solo le está fallando a cientos de productores agropecuarios, sino también a uno de los valores fundamentales de la filosofía liberal que dice defender: la igualdad ante la ley.

El autor es economista

Por Agustín Forzani

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