Pergamino: polémica por detenciones tras una aplicación de agroquímicos

En varias zonas agrícolas se limitaron las distintas de aplicación
En varias zonas agrícolas se limitaron las distintas de aplicación Fuente: Reuters - Crédito: Paulo Whitake
María José Lucesole
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23 de noviembre de 2019  • 01:35

LA PLATA.- Tres personas vinculadas a la producción rural fueron liberadas ayer luego de quedar un día detenidas en el marco de una causa penal iniciada a partir de pulverizaciones con agroquímicos en las adyacencias de una escuela y un jardín de infantes del barrio J. A. de la Peña, en el municipio de Pergamino.

La Justicia Federal investiga ahora si hay mérito para procesar a los tres acusados: el propietario del predio rural, Marcelo Daniel Acervo; el ingeniero agrónomo José Luis Grattone -arrendatario del campo- y un operario aplicador de agroquímicos como coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud.

Se los acusa de haber traspasado una zona de exclusión de cien metros donde está prohibido aplicar, agravado por la cercanía de una escuela y un jardín de infantes.

El productor rural está acusado también del delito de amenaza, ya que habría intimidado a los vecinos, según se denunció.

El juez Federal N°2 actuó a partir de una denuncia presentada por Sabrina Ortíz en representación de la Asociación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, en el marco de la causa penal por pulverizaciones con agroquímicos por considerarlos "prima facie" coautores penalmente responsables (art. 45) del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, ilícito previsto y penado en el art. 55 de la ley 24.051, en forma continuada, en función del art. 200 de código penal.

En abril último, el Juez Villafuerte Ruso, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ya había iniciado una causa a otros tres productores -Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo- por el mismo supuesto delito.

Esos tres productores fueron procesados y en caso de ser hallados culpables podrían enfrentar una pena de entre 3 y 10 años de prisión. Se les impuso un embargo millonario sobre sus bienes.

El juez fundamentó su decisión a partir de la información de carácter científico brindada por el ingeniero químico Marcos Tomassoni, especialista en derivas y agroecología; el Dr. Rafael Lajmanovich. investigador del Conicet y titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de Universidad Nacional del Litoral; la Dra. María del Carmen Seveso, miembro del Comité Hospitalario de Ética, Hospital 4 de Junio y coordinadora de la Fundación Red Salud Popular Ramón Carrillo; la Dra. Delia Aiassa, Doctora en Ciencias Biológicas, investigadora de la Universidad de Río Cuarto; la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, del INTA Balcarce; la Dra. Benitez Leite, titular de la Cátedra de Pediatría, Centro Materno Infantil (CMI), Facultad de Ciencias Médicas, UNA-Paraguay; y los aportes de Medardo Avila Vásquez, especialista en pediatría y en neonatología, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y Damian Marino, investigador del Conicet y de la Universidad de la Plata.

Entonces el magistrado consideró que los productores podrían haber violado las normas de protección al aplicar a metros de las viviendas de vecinos.

El 3 de abril de 2019 el mismo juez ya había prohibido aplicar en 4 predios rurales lindantes a los barrios Villa Alicia, Luart Kayad y la Guarida (y/o a menos de 600 metros de los mismos).

En septiembre, Villafuerte Ruzo definió una nueva restricción para la utilización de estos productos: prohibió pulverizar a menos de 1095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense y a menos de 3000 metros si la práctica es aérea. Fue luego que Ortiz presentara estudios sobre un presunto daño genético a su familia.

Lo que dice la defensa

Ayer se le recibió declaración indagatoria a los tres detenidos en la causa. Dos de ellos están bajo la defensa técnica del letrado Lucas I. Walter.

Por decisión de la defensa no se prestó declaración como consecuencia de desconocer los hechos imputados hasta la lectura de la misma.

Según se informó, se pedirá una nueva fecha de indagatoria a los fines de poder analizar y tomar conocimientos del acervo probatorio utilizado para realizar las distintas imputaciones.

Desde lo técnico, el letrado señaló: "No puedo dejar pasar por alto lo llamativo que me resultó la medida extrema de detención para con mis asistidos, como así también que estos hechos hayan sido incorporados a la causa de origen principal y que tengan un tratamiento de competencia federal".

Si bien el letrado conoce la causa madre desde el inicio, por haber asistido a uno de los cuatro imputados que dieron origen a la misma -y quien fuera el único a quien se le dictó la falta de mérito- al analizar la imputación formulada ayer consideró inapropiada y exagerada la medida adoptada.

"No obstante respetar el procedimiento, no puedo compartir los métodos y las medidas adoptadas en relación a las detenciones realizadas", dijo.

Se imputa la violación a una ordenanza municipal y a uno de ellos una amenaza en relación al mismo hecho.

"Teniendo en cuenta la protección de derechos y garantías de todo ciudadano, como así el respeto por el debido proceso, considero que una medida tan extrema como la detención no ameritaba en el presente hecho", señaló. Indicó que el derecho penal siempre debe ser utilizado como última ratio.

Los detenidos estuvieron por más de 24 horas. "Si bien para algunos le puede parecer poco, es una barbaridad de tiempo si se analiza desde lo técnico la imputación y las pruebas utilizadas para sostener dicha imputación", sostuvo.

La defensa está trabajando para hacer presentaciones ante la supuesta violación de la ordenanza municipal y demás actuaciones en la causa.

El letrado consideró que se están mezclando hechos diferentes a los que dieron origen a esta causa y, según dijo, no corresponde el tratamiento de los hechos a una competencia federal.

"Confío en la inocencia de mis asistidos y que los mismos no cometieron ningún tipo de delito", afirmó.

El letrado alertó por riesgos a la producción en la zona tras lo ocurrido con las últimas medidas.

"No se puede desconocer el problema y ser realistas, siendo respetuoso del principal hecho denunciado en la causa de origen, medidas como las adoptadas últimamente seguramente ponga en riesgo la actividad principal de la zona", precisó.

En tanto, tras la difusión del caso, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, opinó: "Es imperioso que la provincia de Buenos Aires ordene el tema de aplicaciones creando un criterio uniforme para todo el territorio. De esta forma todos sabemos a qué atenernos y cómo trabajar".

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