Suspenderán de un registro a quienes no cumplan un fideicomiso aceitero y normas de abastecimiento

En medio de la presión sobre el campo por los precios de los alimentos, y tras la advertencia del presidente Alberto Fernández de subir retenciones o poner cupos para exportar, el Gobierno exigirá para anotarse y permanecer en un registro oficial cumplir con las normas, sentencias o laudos de organismos con competencia en el abastecimiento interno.

Así lo estableció la resolución 15 del Ministerio de Agricultura de la Nación publicada hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, quienes no estén en línea con eso podrían ser suspendidos del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Este será el caso, por ejemplo, del hoy creado fideicomiso con los exportadores para el abastecimiento del aceite a precios accesibles.

Según Agricultura, los operadores del RUCA para poder pertenecer en este registro deberán "cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales con competencia en materia de consumo o abastecimiento".

El RUCA permite a las empresas anotadas operar tanto en el mercado local como en el externo. Con esta obligación el Gobierno suma exigencias al sector. El año pasado, por ejemplo, había incorporado como requisito para el RUCA cumplir con la liquidación de divisas.

Ahora este mecanismo se replica pero para el abastecimiento local. Si la Secretaría de Comercio, por ejemplo, le informa a Agricultura que una empresa no tiene lealtad comercial o no cumplió un convenio, por ejemplo con el fideicomiso aceitero, podrá ser dada de baja del RUCA.

"A los fines de asegurar y resguardar las operaciones que hacen al consumo interno, asegurar el derecho a la alimentación y evitar las medidas distorsivas que alteren la normal provisión de productos primarios producidos en el país, con el fin de abastecer otros mercados, se considera pertinente incluir como obligación emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento por parte de los operadores de las normas, de sentencias o laudos arbitrales en materia de consumo o abastecimiento interno", dice la resolución de hoy.

Según precisa, "tiende a resguardar el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo argentino, en un todo de acuerdo a los fines y principios que surgen de la propia Constitución Nacional".

Agricultura detalla también que se busca con la resolución evitar que "las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne ilusorias; pero sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados".

En otra resolución, en este caso conjunta entre el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Ministerio de Desarrollo productivo, hoy también se conoció el marco jurídico que tendrá el acuerdo que el 30 de diciembre pasado acordaron los exportadores con el Gobierno para crear un fideicomiso aceitero para abastecer al mercado interno.

"La medida ratifica el alcance del acta firmada el 30 de diciembre pasado entre el Gobierno Nacional y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA CEC), a través de la cual los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica. Y que, además, dentro de los instrumentos posibles que se habían evaluado como más convenientes para responder a la finalidad perseguida, se proyectó la creación de la figura de un fideicomiso privado", dijo Agricultura en un comunicado oficial.

"En esta dirección, el fideicomiso que se establece, y que estará integrado por las personas humanas y físicas que operen en el mercado de la soja y el girasol, y se encuentren inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), deberá velar por el interés económico general mediante un sistema interno de compensaciones que permitirá estimular la libre competencia, que garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores", agregó.

Por el fideicomiso el Estado no hará ninguna erogación. En tanto, sí habrá aportes de fondos de cada fiduciante según las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

Según detalló la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) en un comunicado, cuyas empresas participan, esto "significará un esfuerzo de 29 millones de litros mensuales (75% del mercado nacional) implicando un valor anual de compensaciones intra industria por 190 millones de dólares, que financiará la propia industria, para evitar incrementos en los precios".

El fideicomiso tendrá vigencia hasta enero de 2022 y, según la industria, evitará cierres de exportaciones como las que el Gobierno ya aplicó en su momento para el maíz. El precio base del aceite envasado se ajustará de acuerdo a una fórmula durante la vigencia del fideicomiso.

"Se evitan los cierres de registros o la suba de los derechos de exportación, en virtud del compromiso del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior para adoptar las medidas o acciones que remuevan toda distorsión del mercado exportador de los productos contemplados en el fideicomiso, velando por el sostenimiento de condiciones competitivas y equitativas para las empresas productoras involucradas, y procurando disuadir toda conducta contraria a la lealtad comercial y la defensa de la competencia", apuntó la cámara.

Por Fernando Bertello

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