Polémica: en un municipio bonaerense bloquean un trámite a los productores que deben una tasa
La Sociedad Rural de 9 de Julio cuestionó una disposición que impide obtener guías para trasladar hacienda a quienes tienen obligaciones comunales impagas; la entidad calificó la medida como “inconstitucional”
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La Sociedad Rural de 9 de Julio denunció que productores del distrito están teniendo dificultades para obtener guías ganaderas debido a una disposición municipal que exige estar al día con el pago de tasas y derechos comunales para realizar trámites. La entidad sostuvo que la medida ya está afectando a numerosos productores, la consideró “inconstitucional” y afirmó que tiene un fin meramente recaudatorio.
Frente al reclamo de la entidad ruralista, fuentes municipales explicaron que la disposición cuestionada surge de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 y remarcaron que la exigencia de no registrar deudas para realizar trámites alcanza a todos los contribuyentes, no solo a los productores agropecuarios.
El planteo surgió luego de que productores comenzaran a encontrarse con trabas al momento de sacar guías para trasladar hacienda. Según advirtió la entidad, quienes mantienen algún tipo de deuda con el municipio no pueden avanzar con el trámite hasta regularizar su situación.
La situación está relacionada con el artículo 40 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, que establece la necesidad de encontrarse al día con las obligaciones comunales para acceder a distintos servicios y trámites municipales.
Según explicó Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, el problema es que la restricción alcanza incluso a deudas que no tienen relación con la actividad ganadera. “Hay productores que por tener alguna deuda puntual de ABL, por ejemplo, están impedidos de sacar una guía de hacienda”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la entidad no cuestiona el cobro de las deudas, sino la forma elegida por el municipio para exigir el pago. Según señaló, existen mecanismos legales para reclamar obligaciones impagas sin impedir que los productores puedan realizar trámites necesarios para trabajar. “Creemos que es inconstitucional porque está bloqueando el derecho de poder sacar una guía por una deuda. El camino para reclamar una deuda es otro, con las notificaciones y procedimientos que correspondan”, sostuvo.
Enríquez recordó que una propuesta similar ya había generado preocupación en el sector durante el año pasado. Según relató, en aquel momento las entidades rurales manifestaron su rechazo y creían que la iniciativa no avanzaría. Sin embargo, finalmente quedó incorporada dentro de la ordenanza aprobada para este año.
De acuerdo con lo señalado por el presidente de la entidad ruralista, la única excepción alcanza a productores que hayan presentado la declaración de emergencia agropecuaria. El resto debe tener regularizadas sus obligaciones municipales para poder acceder a la emisión de guías.
En un comunicado, la Sociedad Rural local afirmó que la medida “ya está afectando a numerosos productores del distrito” y sostuvo que la decisión “solo refleja un fin recaudatorio”. Además cuestionó que esa recaudación no se traduzca en mejoras para el sector.
Uno de los principales puntos mencionados por la entidad fue el estado de los caminos rurales. Según señalaron, muchos continúan en malas condiciones, pese a los reclamos que vienen realizando desde hace tiempo. “Consideramos que esta medida resulta inconstitucional y solo refleja un fin recaudatorio, sin que dicha recaudación se vea reflejada en mejoras para el sector, especialmente en el estado de los caminos rurales, que hoy se encuentran en condiciones muy deficientes”, indicó la institución.
La Sociedad Rural sostuvo que es necesario buscar alternativas que permitan resolver los problemas de recaudación sin seguir generando dificultades para los productores. “Creemos necesario encontrar soluciones que no sigan perjudicando al productor agropecuario en un contexto ya crítico para la producción”, expresó la entidad.
Lo que dice el municipio
Consultadas por este medio, fuentes municipales señalaron que la disposición cuestionada forma parte de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, aprobada en diciembre del año pasado, y que su alcance no estaba dirigido exclusivamente al sector agropecuario. Según explicaron, el artículo 40 establece que no se dará curso a trámites realizados por contribuyentes que mantengan deudas por tasas o derechos con la Municipalidad.
No obstante, indicaron que recientemente el Concejo Deliberante modificó ese artículo y habilitó una excepción para los productores alcanzados por la emergencia agropecuaria de 2025. De acuerdo con la interpretación oficial, estos podrán realizar los trámites correspondientes siempre que no registren deudas de períodos anteriores o posteriores a los contemplados por el certificado de emergencia. Desde el municipio rechazaron que la medida tenga un objetivo meramente recaudatorio. “No es una medida recaudatoria, es cuidar los recursos y los servicios que brinda el municipio”, afirmaron las fuentes consultadas.
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