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Algodonera en quiebra: hay cinco interesados en los activos de la empresa que debe millones y le están por cortar la luz
En una nueva resolución, el juez Fabián Lorenzini, que tiene el caso de Algodonera Avellaneda, identificó a las firmas que se presentaron en el proceso de preinscripción; entre ellas figura Vicentin Cereales
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En medio de la incertidumbre por el futuro de Algodonera Avellaneda, cuya quiebra fue declarada el pasado 14 de octubre, cinco empresas se presentaron como interesadas en los activos de la compañía. Según informó la sindicatura a la Justicia, entre las firmas figuran Algoservicios SA, Vicentin Cereales SA, Tipoiti SATIC, ENOD SA y Bolton SA. Algodonera Avellaneda cayó en la quiebra con una deuda de más de US$260 millones. Y debe de luz más de 4600 millones de pesos: registra una amenaza de corte de servicio por esto.
Ante esta situación, el juez Fabián Lorenzini autorizó visitas a las plantas para que los posibles compradores puedan conocer las instalaciones y evaluar su estado. La decisión forma parte del proceso judicial que busca determinar si los establecimientos pueden continuar como unidades productivas en marcha.
La novedad surge de una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, firmada este martes 3 de noviembre por Lorenzini, a la que tuvo acceso LA NACION. En el documento, el magistrado tomó conocimiento de las cinco firmas que informó la sindicatura en el marco de la preinscripción de interesados, que había sido dispuesta el pasado 23 de octubre.
La aparición de estas empresas representa un avance en la búsqueda de posibles compradores, aunque todavía no significa que se hayan presentado ofertas económicas concretas ni que exista un acuerdo para adquirir los activos. Por el momento, las firmas podrán acceder a información técnica y recorrer las instalaciones para determinar su estado y evaluar las posibilidades de una eventual operación.
En ese sentido, el juez dispuso: “A los fines que los oferentes puedan acceder a información técnica y evaluar el estado de los activos, autorízase las visitas a las plantas correspondientes”. Además, estableció que la coordinación de los recorridos deberá realizarse bajo el control y la supervisión de la sindicatura y sus encargados.
La decisión se conoce después de que la Justicia abriera un proceso de preinscripción para identificar interesados en adquirir los activos de Algodonera Avellaneda. El plazo para anotarse vence el próximo 11 de noviembre, a las 12.45, según lo establecido en la resolución anterior. La intención es evaluar alternativas para los establecimientos industriales y determinar si existe la posibilidad de que continúen en funcionamiento bajo nuevos operadores.
En paralelo, Lorenzini concedió una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales para profundizar el análisis de la situación de las plantas. La medida se fundamentó en la complejidad que presenta la empresa y en la necesidad de contar con una evaluación adecuada antes de avanzar con las próximas decisiones.
En la resolución, el magistrado hizo referencia a la “complejidad técnica, operativa y económica de las diversas plantas de la fallida” y señaló que la extensión del plazo busca asegurar una evaluación de la continuidad de los establecimientos y de su eventual liquidación como unidades productivas en marcha.
El nuevo escenario se produce a menos de tres semanas de que la Justicia decretara la quiebra de la compañía, después de que fracasara el proceso de salvataje. En aquella instancia no se presentaron interesados para rescatar a la firma, por lo que el juez resolvió avanzar con la quiebra y abrir una nueva etapa para definir el destino de sus bienes.
Hace dos semanas, durante una audiencia con trabajadores, representantes sindicales y acreedores, Lorenzini había adelantado que buscaba identificar posibles compradores antes de fin de año. “Vamos a tratar de invitar a los que estén interesados en comprar los activos, la empresa, en darle continuidad, lo que sea productivo antes de fin de año”, había señalado. La intención era mantener las instalaciones en funcionamiento y preservar los puestos de trabajo mientras se avanzaba con la venta.
A las dificultades económicas se sumó la semana pasada un reclamo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe por una deuda superior a los $4600 millones, con la advertencia de un posible corte del suministro eléctrico. El plazo de la intimación se cumpliría el próximo 5 de noviembre, dado que la empresa recibió la notificación el 26 de octubre. Ante esta situación, el juez Fabián Lorenzini solicitó a la sindicatura que informe qué consecuencias tendría una eventual interrupción del servicio para el funcionamiento de la fábrica.
