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Protestas, propuestas y un tiempo que exige medidas audaces
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LA NACIONCristian Mira
Protesta o propuesta, parece ser en estos días el dilema en el que se encuentra el ruralismo y la cadena agroindustrial frente a un Gobierno al que le queda cada vez menos tiempo de acción a medida que avanza el calendario electoral.
Ese escenario quedó reflejado esta semana, por un lado, con la jornada de protesta que convocó la Federación Agraria Argentina, que luego tuvo el respaldo del resto de las entidades de la Mesa de Enlace, y, por el otro, con la nueva presentación del Consejo Agroindustrial Argentino de un programa de apoyo para la actividad.
El acto, en cercanías de la autopista Rosario-Buenos Aires y la ruta 90, fue primero un intento de canalizar el clima de malestar que se percibía en grupos de productores tras las reuniones que tuvo la Mesa de Enlace con el Gobierno en las que se anunciaron medidas por la sequía.
En rigor, según las crónicas y testimonios de quienes estuvieron allí, fue un acto de catarsis que volvió a exponer las diferencias entre las entidades de la Mesa de Enlace y los llamados productores autoconvocados y rurales de base. Los dirigentes se esforzaron en explicar que el hecho que se hayan sentado en una mesa con el ministro de Economía, Sergio Massa, y sus funcionarios no necesariamente quiere decir que estuvieran de acuerdo con las medidas comunicadas por el Gobierno. Los autoconvocados, a su vez, los acusaron de no hacer lo suficiente para enfrentar la falta de respuestas concretas al impacto negativo de la sequía, el peso de la presión impositiva y la brecha cambiaria, entre otras cosas.
De ese choque de visiones, se salió con la idea de darle un plazo de menos de quince días al Gobierno para que comience a dar respuestas concretas a los reclamos. Carlos Achetoni, presidente de la FAA, exigió que se cumpla “efectiva y positivamente” la suspensión de “los embargos, juicios y procesos de pagos de anticipo de Ganancias y todo el proceso que tienen de pasivos en el banco”. Si no, comenzarán las movilizaciones, que podrían incluir una marcha a Buenos Aires, según expresó.
Más allá de la propuesta final, en la jornada quedó nuevamente expuesta la cuestión de la representación gremial y la participación de los productores cuando hay convocatorias a una protesta. Quienes se quejan de la dirigencia argumentan que esta no hace nada y las entidades, a su vez, responden que muchos hablan desde afuera, pero que no se involucran en las instituciones. Aquí también hay una grieta.
La otra vía fue la nueva presentación del CAA para un plan agroexportador para los próximos diez años, con 40 propuestas divididas en siete ejes, que abarcan desde lo productivo, hasta lo ambiental y lo social, que tienen como objetivo llegar a exportar productos agroindustriales por US$100.000 millones y generar 878.000 empleos nuevos en la actividad. Fruto de reuniones de 61 entidades de la agroindustria en el último año, el plan proyecta “generar valor por dos unicornios por año durante diez años”, al compararse con las empresas que logran una valorización de más de US$1000 millones.
Las medidas prioritarias para llevar adelante este programa, según explicaron, son la eliminación de los derechos de exportación y un “tipo de cambio único y competitivo”. Estas dos últimas condiciones son las que este Gobierno no pone en práctica. Curiosamente, el presidente Alberto Fernández, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se lamentó por la falta de aprobación de la ley agroindustrial. Como en otros temas, culpó a la oposición, pero, en rigor, hace casi tres años que el CAA formuló esta propuesta, con menos nivel de detalle, y se la llevó en mano a él, a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a los funcionarios de su gabinete, a gobernadores y a gran parte de la oposición. La iniciativa sigue en los cajones.
Mientras tanto, el contexto productivo es cada vez más complejo. Por la sequía ya se proyecta una caída de 16,2 millones de toneladas respecto de la campaña pasada en soja y maíz. Si se suma la baja del trigo, se llegaría a una merma de 27,7 millones de toneladas en los tres principales cultivos, tomando datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La administración Fernández tiene, acaso, la última oportunidad de reconciliarse con el campo. Por ejemplo, llevando a cero los derechos de exportación en esta campaña agrícola por el impacto de la sequía. El impacto económico del desastre productivo sería menor y se generaría más actividad económica además de mejorar el humor social en las regiones de la pampa húmeda. Pero hay que tener una dosis de valentía política para tomar este tipo de medidas.
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