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Un llamado de atención para dejar de pertenecer a un indeseable club
La permanencia de los Derechos de Exportación (DEX) coloca a la Argentina entre los pocos países del mundo que extrae más recursos de los que entrega a la producción, según un estudio de la OCDE; el trabajo, no obstante, rescata los cambios recientes en relación con el agro
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LA NACIONCristian Mira
La Argentina todavía forma parte de un selecto club del que debería romper rápidamente el carnet de asociado. Se trata de aquellos países que tienen “apoyos negativos” a la producción agropecuaria. En otras palabras, los que le sacan más plata al campo del que le entregan.
Esta indecorosa pertenencia, la Argentina la comparte con India y con Vietnam, según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que analiza las políticas agropecuarias de 54 países. Según el documento, el apoyo estatal al agro argentino continúa siendo negativo debido principalmente a los derechos de exportación, que reducen los precios que reciben los productores respecto de los valores internacionales. “Entre 2022 y 2024, el apoyo al productor (PSE) fue de -11,9% de los ingresos brutos agropecuarios, un deterioro frente al -8,6% registrado a comienzos de los años 2000”, sostiene.
Por el contrario, la gran mayoría de los países apoya con diferentes políticas a su producción agropecuaria. La OCDE calculó que el apoyo total al sector agropecuario en los 54 países analizados tuvo un promedio de US$842.000 millones anuales entre 2022 y 2024. “Este apoyo positivo incluye transferencias a productores individuales, transferencias a productores de manera colectiva y transferencias a consumidores de productos agropecuarios”, añade.
De ese monto, explica, tres cuartas partes fue destinado en forma directa a los productores agropecuarios. Los países que más plata ponen en el bolsillo de sus agricultores son Suiza, Islandia, Noruega y Corea del Sur que destinan entre un 40% y un 49% del ingreso bruto agropecuario.
El contexto en el que se presenta este escenario de políticas agropecuarias con elevados contrastes, de acuerdo a lo que plantea el informe de la OCDE, da cuenta de una multiplicación por cinco del comercio global de productos agroalimentarios en los últimos 30 años, con un crecimiento más rápido que la producción agrícola.
“Las cadenas globales de valor ganaron relevancia: muchos alimentos e insumos cruzan varias fronteras antes de llegar al consumidor final”, destaca y añade que “América, Oceanía y Europa son las principales regiones exportadoras netas, mientras que Asia se consolidó como la principal región importadora”.
Para la OCDE, todavía persisten fuertes distorsiones en el comercio agrícola, pese a que ha habido reducciones de aranceles mediante los diferentes tratados de apertura del comercio exterior entre países y bloques económicos. “Los productos agropecuarios siguen enfrentando mayor protección comercial que otros bienes”, advierte y señala que “continúan vigentes subsidios, cuotas, restricciones y medidas no arancelarias que afectan el flujo del comercio agrícola mundial”.
En el caso argentino, el informe reconoce los avances que ha habido en una parte del período que analiza, justo en el cambio de gobierno. “En materia de políticas recientes, el organismo reconoce las reformas impulsadas por el Gobierno orientadas a la desregulación y simplificación administrativa, incluyendo la reducción temporal o eliminación de retenciones para diversos productos, la flexibilización de trámites de exportación, la digitalización de certificaciones y avances en sistemas de trazabilidad ganadera y controles sanitarios”, afirma.
No obstante, formula una advertencia muy clara: sostiene que la Argentina debería dar “mayor prioridad a fuentes alternativas de ingresos fiscales en lugar de los derechos de exportación”, al ubicar al país entre los pocos casos del mundo donde las políticas públicas implican una transferencia negativa para los productores agropecuarios.
Además, la OCDE introduce una segunda preocupación: la pérdida de dinamismo de la productividad. Según el organismo, “la caída de la inversión pública en innovación, investigación y extensión rural está afectando una de las principales ventajas históricas del agro argentino”. Además de discutir retenciones, la “agenda de competitividad debería incluir una recuperación de la inversión en conocimiento, tecnología y adopción de prácticas productivas sostenibles”. Hay un llamado de atención a que en el ajuste del gasto en organismos como el INTA no se descuide su papel en la mejora de la productividad del agro. Un mensaje para tener en cuenta.
Por Cristian Mira
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