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Luego de una jornada de reuniones, desde Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) dijeron que tuvieron un acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Y si bien celebraron una serie de puntos consensuados con el gobierno bonaerense, advirtieron también que todavía no tuvieron respuestas de parte del gobierno nacional. En este contexto, están debatiendo para definir los pasos a seguir. El conflicto se inició en Santa Fe y ahora está concentrado en el sur bonaerense, afectando por ejemplo la actividad en la zona portuaria de Bahía Blanca y Quequén.
El referente de los transportistas autoconvocados, Santiago Carlucci, señaló que se acordó que el aumento de la tarifa arranca en el 22,5%, al igual que a nivel nacional. Sin embargo, destaca que "en la curva asciende hasta el 26%".
"Ese es un logro muy importante", apuntó. A través de un comunicado, los transportistas autoconvocados agradecieron al gobierno de la provincia por haber "garantizado el diálogo" y por comprometerse a continuar con "medidas que favorezcan al sector". Además, destacaron que el gobierno de Axel Kicillof haya "garantizado la libertad de expresión" y que no se haya reprimido la protesta.
Carlucci dijo, no obstante, que el conflicto no está resuelto porque fueron al Congreso para mantener una reunión con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y Transporte, pero nadie los atendió. "Nadie nos recibió", dijo.
En tanto, otro de los puntos consensuados para Buenos Aires habla de "lanzar dentro de los próximos 15/20 días un Registro Público de Transporte de Cargas (RPTC) moderno, digital y accesible" y que se garantice "su tramitación desde cada uno de los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires".
"Los costos administrativos serán adecuados al contexto económico del sector, rondando aproximadamente los $470 por unidad a habilitar. Para circular en todo el territorio bonaerense", agrega el comunicado.
A su vez, también se comunica que la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires "inició una mesa de trabajo con la finalidad de trabajar herramientas administrativas que ayuden a la regulación del dador de carga" y así garantizar la operatividad de fiscalización continua junto con ARBA de las plantas de acopio distribuidas por la provincia.
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