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Reclamos contra un terraplén de Pou
El ex presidente del Banco Central construyó un dique de 50 kilómetros que protege de las inundaciones a su campo de 14.000 hectáreas, lo que generó un reclamo de los productores vecinos
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PARANA.- Cincuenta productores del sur de la ciudad de Gualeguay pidieron al gobierno provincial que ordenara la remoción de un terraplén de 50 kilómetros, mandado a construir por el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou, para proteger del agua su estancia La Calera.
Los productores denunciaron que el dique beneficia 14.000 hectáreas de Pou, pero a su vez perjudica unas 88.000 hectáreas de estancias linderas o vecinas, porque detiene el escurrimiento natural del agua.
"Esta obra es ilegal porque fue realizada sin previa autorización y viola la prohibición de desviar el paso de los arroyos", aseguró a LA NACION Arturo Berisso, de la vecina estancia La Conchera de Flores.
La disputa está acumulando documentos de un lado y de otro, y amenaza con desembocar en la Justicia. De hecho, los campos bajos del Sur multiplican varias veces su valor si poseen defensas, pero el problema radica en saber adónde va el agua que se deriva con las obras.
Los 51 propietarios, que recibieron el apoyo de la Sociedad Rural de Gualeguay, recordaron que el Consejo Regulador del Uso de las Fuentes de Agua (Corufa), que rige en materia de aguas en Entre Ríos, ordenó a Pou en 2003 que realizara cuatro cortes en el terraplén, en los arroyos La Cruz, El Pato, Calerita y Viraguay.
La medida era provisional, mientras se estudiaba la cuestión de fondo, que era el pedido de destrucción de la obra. Pero en marzo de 2004, ya en otra gestión de gobierno (pasó del radicalismo al justicialismo), la entidad dejó sin efecto tres de los cuatro cortes, y quedó subsistente uno solo: la apertura del arroyo Calerita. Pou cumplió con la orden y rompió 20 metros de los 50.000 que posee el terraplén.
Los diputados provinciales Antonio Mainez, Juan Domingo Zacarías, Oscar Grilli y Beatriz Montaldo presentaron un proyecto de resolución que ordena "instruir al Poder Ejecutivo para que ordene la destrucción del terraplén elevado en el perímetro de estancia La Calera".
Los legisladores denunciaron "el escandaloso acto de un propietario de inmueble rural que, en salvaguardia de su propiedad, no ha dudado en obstruir el libre escurrimiento y paso de aguas? La obstrucción del libre paso del agua y las otras modificaciones producidas por obra del terraplén levantado por el señor Pedro Pou han provocado un desastre ecológico y gravísimos perjuicios económicos", aseguraron.
"La obra es ilegal y los daños producidos son graves, actuales y, en gran parte, irreparables", agregaron los dirigentes y apuntaron que el propietario "se limitó a abrir un trecho de apenas 10 metros, medida inocua que es una verdadera burla a la provincia y a los demás productores".
Discuten el impacto
A raíz de una primera denuncia, presentada por Sara Salas de Berisso, propietaria de la estancia La Conchera de Flores (la primera que recibe el impacto del cerramiento), dos profesionales de la provincia realizaron una inspección y firmaron un acta que dice: "A lo largo de su recorrido el citado terraplén interrumpe el libre escurrimiento de los cursos de agua, lo cual dificulta el drenaje. No se registra información de antecedente referida a inscripción y o autorización por parte de organismos competentes, para la construcción de la obra".
Otros informes, realizados por el Instituto Nacional del Agua y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hidráulica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), coincidieron en que el terraplén es una obra hidráulica, y que su construcción está impidiendo el normal curso de agua.
Sin embargo, las autoridades provinciales estimaron que faltaría una evaluación de impacto.
La Sociedad Rural de Gualeguay hizo suyo los reclamos de sus asociados, y el dirigente Matías Saizar explicó que el terraplén construido por Estancias Unidas del Ibicuy, de Pou, "impide el libre escurrimiento de las aguas del Gualeguay y de cuatro arroyos de la zona que fluyen hacia ese río", pero además señaló la preocupación por cierto "anarquismo" generado "ya que muchos creen que si uno hizo un terraplén cualquiera lo puede hacer".
Más allá de los intereses económicos en juego, Sara Salas de Berisso expresó su inquietud por el casco de su estancia, con más de 170 años de antigüedad, construido sobre un albardón. Algunos vecinos consultados no recuerdan haber visto esa casona anegada antes de 1998. "En la última creciente el agua llegó hasta adentro de la casa, tenía los muebles blancos, fue en 1998? Antes el agua se iba más rápido, pero se demora desde que tengo un vecino que levantó un terraplén: Pou; estoy en juicio con él", reconoció.
Pou se defiende
Basado en estudios de la empresa Incociv y del Instituto Nacional del Agua, Pou aseguró que la obra "no causa perjuicio alguno a los campos vecinos", y que en el peor de los escenarios el impacto "es producir una sobreelevación de 13 centímetros en La Conchera y 22 centímetros frente a La Calera".
Esa sobreelevación se produce cuando existen sobre el terreno entre 3 y 4 metros de agua de la inundación, "por lo que no representa más del 3 % al 5 % del agua existente sobre el terreno", dijo Pou.
"Hay dirigentes que buscan mejorar sus posiciones apoyándose en la demonización de quienes fuimos funcionarios en la década de los 90", agregó.
Pou dijo además que el terraplén es antiguo, y que él compró la estancia con la mayor parte del dique ya construido.
Y le refutó el abogado Carlos Beherán, de La Conchera: "El manifestó que yo había comprado el campo La Calera en 1 millón y medio de dólares, y declaró que quiere construir 37 kilómetros más que le demandaría una inversión de 5 a 6 millones de dólares, lo que significa que los 50 ya construidos proporcionalmente le habrían costado 7 millones de dólares. Entonces es impensable que pueda haber comprado por 1 millón y medio de dólares con el terraplén incluido".
Los argumentos de un lado y otro son copiosos, y la puja por ahora está constreñida al ámbito administrativo del Corufa, pero ambos sectores dejaron trascender que recurrirán a la Justicia, según los resultados del fallo.
